La Justicia necesita una agenda de cambios
Más allá de lo declarativo, el discurso de asunción de Alberto Fernández insinuó la necesidad de una nueva agenda. Los autores profundizan sobre cuáles son los ítems indispensables para un cambio sustentable y creíble para toda la sociedad.
mente permitiría abordar otra cuestión relacionada con los tiempos judiciales. La Corte no solo recibe demasiados expedientes, sino que carece de plazos para tomar decisiones. Fijar plazos por una ley, significaría contribuir a brindar certezas e igualdad entre los ciudadanos y magistrados, y también evitaría especulaciones acerca del manejo político del trámite de los expedientes. Convendría, además, que la Corte disponga la apertura de un camino de apertura hacia la sociedad para disminuir las fronteras que separan al hombre de a pie del servicio público de Justicia. Hoy en día es realmente difícil, aún para los judiciales, conocer cómo funciona la Corte, cómo se distribuyen las funciones de sus empleados
Público Fiscal que debe representar los intereses generales de la sociedad, de acuerdo con el artículo 120 de la Constitución Nacional, según la reforma de 1994. En esta materia hay un desafío que se remonta al diseño de la institución. Actualmente el rasgo más importante yace en la investigación de los delitos. Sin embargo, el Código Procesal sancionado en el año 2015 y aún en proceso de implementación, invita a expandir el rol de la institución hacia otros horizontes como la resolución de conflictos antes de judicializarlos y, en general, hacia un desempeño más cercano con los conflictos sociales como punto de partida para definir una política criminal que recepte los intereses de los ciudadanos. Sobre todo, porque el nuevo Código asigna mayor protagonismo a los fiscales. El Ministerio Público es una suerte de abogado de los ciudadanos, y a ese fin debería ajustarse el diseño institucional.
Consejo. El Consejo de la Magistratura es un lugar clave y sobre el que es necesario detenerse. Sus dos décadas de funcionamiento demuestran que no cumplió acabadamente la función por la cual fue incluido en la reforma constitucional de 1994. No obstante, aún cuando no se pueda plantear su eliminación por su rango constitucional, es preciso replantear su estructura para que los modos de selección y remoción de magistrados sean ágiles, transparentes y para que tengan en cuenta la historia personal y la conducta ética de los aspirantes a ejercer la magistratura en la comunidad. Existen dinámicas internas muy específicas que se traducen en políticas públicas lentas, tediosas y deficitarias en términos de eficacia republicana.
Con referencia a la Justicia Federal presenta problemas que son públicos y notorios. El edificio de la Avenida Comodoro Py se volvió emblemático, pero sus problemas básicos se