La pelea es por quién controla el lawfare
El lawfare no es un invento de los presos o potenciales presos kirchneristas, aunque intenten argumentarlo a su favor. Hace tiempo que en el mundo se debate que la Justicia sea utilizada como la extensión de la guerra por otros medios. Bush creía que él y su secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, eran víctimas de un lawfare demócrata. Hay analistas republicanos que entienden que eso le pasa ahora a Trump: acusan que el impeachment en su contra es el lawfare que usa la oposición a falta de un buen candidato para vencerlo. Cuando el juez español Baltasar Garzón investigaba los crímenes de Pinochet e involucró a Kissinger en el Operativo Cóndor, también recibió desde Estados Unidos críticas en el mismo sentido.
Promiscuidad sin ideología. Desde el otro lado de la grieta, ex presidentes como Cristina, Lula, Correa, Lugo y más recientemente Evo Morales dicen ser víctimas de enemigos que usan a la Justicia para castigarlos. Saben de qué hablan. En mayor o menor medida, la relación entre justicia y poder político está surcada por infinidad de contactos que todos supieron utilizar. Ocurre en los países con más tradición democrática y, más explícitamente, en el resto. La historia reciente del país lo demuestra en forma promiscua.
Cuando el kirchnerismo era la fuerza dominante de la política argentina, las causas judiciales en su contra no avanzaban o directamente se cerraban en tiempo récord. Cuando su fuerza declinó, algunos jueces empezaron a apurar expedientes. Y para cuando Cristina Kirchner ya estaba fuera del gobierno, las causas contra ella se multiplicaron y sus funcionarios y empresarios amigos comenzaron a poblar las cárceles. Muchos, sin tener condena firme, y en algunos casos sin siquiera haber sido llamados a declarar.
Ya en campaña, Alberto Fernández sentenció que ella era inocente en todas las causas o, en el peor de los casos, que había cometido “alguna falta ética”. También advirtió que ciertos jueces iban a tener que rendir cuentas por sus actos.
La cuestión es que, coincidentemente con el cambio de clima político tras el contundente triunfo en las PASO, casi todas son buenas noticias para aquellos ex funcionarios y empresarios. Más de una docena ya recuperó su libertad, otros creen que la obtendrán pronto, y quienes aún están siendo investigados empezaron a notar que los tiempos judiciales volvieron a aletargarse, para bien de ellos.
Intencionalidad y pruebas. Los ejemplos sobre el uso de la Justicia con fines políticos incluyen a gobiernos de todas las ideologías.
La duda no es que haya políticos que intenten la manipulación o complicidad de jueces y periodistas, en un campo de batalla alternativo al de la guerra convencional. La duda es qué tanto tardará el que hoy es víctima de esa metodología para usarla en su beneficio cuando llegue al poder, ya sea para atacar al adversario o para salvar el pellejo.
Entonces, lo que se debate no sería el lawfare sino quién controla el lawfare. En cualquier caso, la Justicia no debería medir la intencionalidad política de una causa, sino si el acusado es o no culpable.
Esta semana se dio a conocer un “tribunal ético de juzgamiento de lawfare”, que dictará sentencia sobre los procesos contra los mencionados presidentes latinoamericanos y ex funcionarios como De Vido. Es presidido por el abogado argentino Eduardo Barcesat y, entre otros, lo integra el ex juez Baltasar Garzón, quien, como se decía al principio, en su momento fue acusado de aplicar el lawfare.
En una nota enviada a PERFIL, Barcesat afirma que la intención de “esta práctica perse- cutoria, gestada en la academia militar estadounidense, es la de perseguir a los opositores mediante mecanismos que no generen la mala prensa que tienen los atentados, asesinatos, desapariciones forzadas…”.
Periodistas en la mira. Este tribunal, con sede en Madrid, recogerá testimonios y documentación para dar a conocer sus veredictos el 24 de noviembre. Ya se anunció que entre los acusados estarán el juez Claudio Bonadio y periodistas como Santoro,
Lanata y Majul, supuestos partícipes de la guerra judicial.
No queda claro qué haría el tribunal si, al analizar cada causa, se encontrara con pruebas que corroboren las prisiones y procesamientos. Incluyendo a los ya condenados (como De Vido por la tragedia de Once), a quienes aceptaron haber recibido coimas (como Jaime), a los empresarios que las pagaron y a ex funcionarios como José López, que quedaron filmados transportando dinero negro.
O qué pasará con las denuncias de lawfare en Brasil, donde los acusados reconocieron la culpa y devolvieron parte del dinero mal habido.
Y no está mal asociar a los periodistas con causas judiciales. Muchas de ellas están basadas, en mayor o menor medida, en investigaciones periodísticas. Algunas ya terminaron en condena.
Puede que sea difícil de entender, pero la prioridad de un periodista de investigación no es a quién le sirve una denuncia, más allá de que sea un elemento a tener en cuenta. La prioridad es investigar, recabar testimonios y hallar pruebas. La prioridad excluyente es llegar a la verdad, dejando de lado prejuicios políticos y personales. Quizá ese objetivo de máxima no se alcance, pero en todo caso sus datos pueden servir para que un fiscal siga con la investigación.
Y también puede ser que el periodista cometa errores o no evalúe correctamente los datos obtenidos. Porque el periodismo es una ciencia inexacta, que ni siquiera tiene el poder de los jueces para obligar a los involucrados a prestar testimonio e instarlos a decir la verdad.
Sería deseable que los jueces y fiscales estuvieran guiados por el mismo objetivo de hallar la verdad, más allá de la intencionalidad de quien puso en marcha una denuncia.
Justicia e impunidad. También sería deseable que cualquiera que, lejos de los procesos judiciales tradicionales, decida investigar por su cuenta las causas de corrupción que involucran a ex funcionarios o empresarios revise todas las investigaciones con honestidad y seriedad jurídica. Para determinar si, al menos en algunas de ellas, existe la necesaria cantidad de testigos, arrepentidos y pruebas para considerarlos culpables de algo. O concluir, simplemente, en que se trató de una gran farsa en la que los únicos culpables fueron los ex funcionarios perseguidos por beneficiar al pueblo.
El lawfare es la manipulación que políticos de cualquier ideología hacen de la Justicia para vencer a los adversarios. Pero la forma de enfrentarlo no debería ser generar otro lawfare para conseguir impunidad. ■