Un tribunal Russell sobre ética, juicios y ‘lawfare’
“¿Qué derecho tiene un señor o señora de creer que por escribir una columna tenemos que creer que es verdad lo que dice?”. En febrero de 2001, José Saramago inició la lección inaugural del Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid preguntándose si es necesario reinventar el periodismo. Al abordar la importancia de las opiniones vertidas en artículos periodísticos, lanzó esa afirmación que tiene, al menos, un contenido polémico. Coincido con su enfoque y sugiero a los lectores de PERFIL que tomen cada espacio de opinión en este diario con pinzas, analizándolo y también cuestionándolo cuando algo no parece responder a la verdad. Esto, claro, incluye la columna dominical de este ombudsman y resulta oportuno citar a Saramago hoy, cuando el tema será por cierto controversial: la creación del Tribunal de Acción Común (TAC) que habrá de llevar adelante un juicio ético al “lawfare”, ese cuco que amenaza con influir sobre las decisiones de administraciones de Justicia en distintos puntos del mundo, particularmente en América Latina, inclinando sus balanzas en perjuicio de mandatarios, funcionarios o personajes vinculados a gobiernos actuales o recientes.
Como algunos medios ya se han expedido de manera negativa respecto de este organismo nacido de la mano del Common Action Forum, que se presenta como una red alternativa para la Justicia global, es intención de este defensor de los lectores de PERFIL dar algunos detalles del TAC, originado en España en noviembre pasado e integrado por juristas de diversos orígenes. La presidencia es ejercida desde hace algunos días por el constitucionalista argentino Eduardo Salvador Barcesat, cordobés, 79 años, cercano al actual gobierno de Alberto Fernández. Su secretaria es Renata Avila Pinto, abogada guatemalteca de 39 años, especializada en derechos humanos y portavoz del equipo que defiende a Julian A-ssange y los wikileaks. Son vocales el francés William Bourdon (especialista en derecho penal, 63 años); Herta Däubler-Gmelin, 76 años, académica del Derecho en Alemania, donde fue ministra de Justicia de 1998 a 2002 y legisladora por el Partido Socialdemócrata; Baltasar Garzón Real, 64 años, jurista español y magistrado hasta 2012; Gabriel Chamorro, director del Centro de Estudios Políticos sobre Estado y Sociedad y docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires; Valeska Teixeira, abogada brasileña integrante del equipo que defiende al ex presidente Lula Da Silva; y Agu Oyunsola Obe, abogada nigeriana de 64 años.
Cuando se supo, durante la semana que concluye, que el TAC iniciaría sus actividades con la presidencia de Barcesat, algunos medios abrieron el juego a las críticas negativas sobre sus objetivos (básicamente, enjuiciar éticamente los procesos que se llevan adelante en Ecuador, Brasil y Argentina). Entre los atributos del tribunal figura el análisis del rol jugado por periodistas (algunos, argentinos con cierta fama) en operaciones de “lawfare” (ver la columna de Barcesat publicada el martes 14 en https://bit.ly/2TxbRsS).
Según definen desde el Common Action Forum, el objetivo del TAC apunta a “combatir la impunidad y salvaguardar los derechos humanos, emitiendo veredictos simbólicos que favorezcan la incidencia y la presión internacional en torno a los casos estudiados, como en su día hizo el Tribunal Bertrand Russell u otro tipo de tribunales de conciencia que se han constituido en la historia”.