Achatamiento general
El ring digital se convirtió en el ámbito donde se discuten cuestiones en las que las opiniones se mezclan con los hechos. Por un lado, la discusión de si el Gobierno de Mauricio Macri había o no hecho kilómetros de ruta y autopista; por otro, el tamaño del déficit fiscal que había dejado la breve gestión de Hernán Lacunza. Dialécticas que se sumaron a las de días atrás sobre el origen y el monto total de la deuda pública en la provincia de Buenos Aires pero que en otro contexto no hubieran pasado de un amigable intercambio en un panel de expertos o una réplica clara y concisa. Militar la discusión parece ser el camino elegido para explicar y convencer.
El jefe del Gobierno fue un paso más allá y explicó en muy pocas palabras lo que los exégetas oficiales se esforzaban por contar. Al referirse a la medida de dar aumentos de sumas fijas para los jubilados, Santiago Cafiero confirmó que se trata de una política para achatar la pirámide de haberes previsionales. Más allá de los inconvenientes jurídicos a largo plazo que tendrá dicha decisión (la Corte Suprema ya se expidió sobre la inconstitucionalidad de la discriminación en el aumento jubilatorio a través de su fallo en el caso Badaro), el sincericidio del funcionario abre la puerta a un nuevo escenario. En la discusión pública en ocasión de la estatización de los fondos de las AFJP la consigna esgrimida por esa administración y explicada hasta el hartazgo por el entonces diputado Héctor Recalde era que los fondos previsionales no deberían tratarse como un ahorro tradicional (la base del sistema de capitalización individual) ni como un impuesto que castiga al salario y encarece el costo laboral. Más de una década después de la estatización de todo el sistema previsional que catapultó al ex ministro Amado Boudou a la vicepresidencia de la Nación, la realidad puso muchos de los argumentos de entonces en su justo lugar.
En 2008, lo que se buscaba era captar para el Estado los fondos que llegaron a acumular en sus 14 años de vida las administradoras, que el economista Orlando J. Ferreres calcula en casi 14% del PBI. Pero los desequilibrios que el sistema jubilatorio tenía en sí mismo no se corrigieron, por lo que el paso del tiempo los fue agravando. Hay 8,9 millones de jubilados, de los cuales algo más de 4 millones han logrado su condición acudiendo a un generoso sistema de moratorias. Los haberes se fueron actualizando según la inflación y el índice salarial y dejaron de ser la variable de ajuste. Se fueron transformando en una pesadilla para los intentos de encontrar equilibrios financieros. Un tercio de los 15 puntos del PBI en que se incrementó el gasto público en las últimas dos décadas fue a causa del déficit del sistema previsional.
El sistema previsional nunca dio respuestas a fenómenos de este siglo como la feliz extensión de la esperanza de vida, la abrumadora presencia de las pymes como empleadoras, la creciente incorporación de la mujer al mundo del trabajo y nuevas modalidades de empleo. La gran deuda de la no-reforma del sistema previsional abarca decisiones que fueron por el atajo en lugar de pensar en el futuro que ahora pasa factura. Por un lado, al eliminar los fondos de las AFJP quitaron el único vehículo de ahorro nacional de largo plazo. Esta decisión del “achatamiento” y desvincular el haber jubilatorio de lo aportado durante la vida activa transforma, en la percepción del trabajador, los aportes previsiones en un impuesto a los ingresos más. Si a la carga impositiva global, calculada en 42% del PBI, le agregamos el ahorro forzoso previsional, habremos superado lo que las democracias escandinavas devuelven en servicios y una mejor calidad de vida. Una ecuación difícil de explicar.