Una baja de la deuda del 35% entre quita, tasa y plazo haría subir los bonos 20%
Es la receta de quien ya renegoció la deuda en el 90 y 2001. También cree que se llegará a un acuerdo con los acreedores. Un riesgo país de 600.
—Hubo críticas a la Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda porque les adelanta posiciones a los acreedores. ¿Fue correcto promulgarla?
—Las prerrogativas votadas en la ley contemplaban elementos precedentes de la legislación. Pero la ley sirve para mostrar un apoyo más amplio. Cuando uno entra en una negociación, del otro lado especialmente, tratan de identificar cuál es el mandato, el poder y la autoridad que tiene la persona y, en consecuencia, cuán amplia es su base de representación. La ley es una contribución en ese sentido. Y ayuda también a hacer algunas cosas más transparentes. Por ejemplo, fija un parámetro en cuanto a las comisiones a pagar. Eso también estaba previsto. El Ministerio de Economía muchas veces usó la facultad de negociar comisiones y establecer mecanismos de selección, tal como lo está haciendo en paralelo. Ahora eso se amplía bajo la ley.
—Desde el punto de vista técnico, ¿la ley es solo retórica pero tiene valor político?
—El valor político es un capital para la negociación. Del lado de los acreedores siempre se quiere saber cuál es la autoridad, la facultad, la base de apoyo y la representatividad del negociador.
—Martín Guzmán dijo que la decisión de Axel Kicillof de posponer pagos de la deuda de la provincia de Buenos
Aires estaba coordinada con el gobierno nacional. ¿Es posible que lo haya dicho para disimular desavenencias dentro del Gobierno y no haya sido una decisión coordinada?
—Hubo algún grado de coordinación. O por lo menos cierto intercambio de información. Cada una de las partes, digo la Nación por un lado y la provincia de Buenos Aires por el otro, establecieron cuáles serían los criterios para tomar decisiones. La provincia de Buenos Aires tiene un cronograma más acelerado de vencimiento de capital con bonos de legislación internacional de lo que tiene la Nación.
“No está claro que Macri hubiera tenido más acceso en términos convenientes al mercado de crédito voluntario.”
—¿Tuvo Guzmán que salir a decir que está concertado para evitar ruidos?
—La palabra que usó fue “coordinado”. Concretamente: la Nación se planteó para qué enviar fondos a una provincia y de manera extraordinaria ante la restricción presupuestaria. Y además, todo sucedía en un contexto de preocupación en cuanto al significado de brindar salvatajes a jurisdicciones que tienen autonomía jurídica.
—¿Coordinación tácita?
—Es el resultado de una o varias conversaciones entre ellos donde cada uno tenía en cuenta sus áreas de responsabilidad e intereses específicos: la Nación por un lado y la Provincia por el otro.
—¿El 31 de marzo para cerrar la renegociación de la deuda nacional no es también un cronograma acelerado?
—El cronograma cuenta con diferentes instancias. Las primeras parecen bastante factibles y fáciles de completar, cuestiones como la selección de distintos agentes desde los aspectos de la información hasta los asesores financieros, otros para la colocación, canjes, consentimientos que se busquen. Me parece más apretado lo que tiene que ver con consultas y aprobaciones de los tenedores de bonos. En este aspecto nos falta conocer los detalles ulteriores, pero hay cuestiones de características de la propuesta, sus fundamentos, especialmente en cuanto a la clarificación respecto al programa económico, la sostenibilidad de la deuda y cómo la propuesta se inserta en esos términos. También en lo referido a cuestiones administrativas y de aprobaciones que existen en distintos fondos.
—¿El 31 de marzo puede estar una parte encaminada pero no totalmente obtenido el 66% o el 75% de los votos y concluida la renegociación?
—Es una posibilidad. Estas mayorías funcionan en distintos niveles. Para lo que hace a la legislación argentina, no hay requerimiento de mayorías. Se supone que el Gobierno mirará qué es lo que acuerda bajo legislación internacional y aplicará términos similares, pero en ese caso el procedimiento es bastante más simple. En lo que se
“Alberto Fernández fue quien decidió las responsabilidades respecto de quién negociaría la deuda.”
refiere a la legislación internacional, hay distintos grados de mayorías requeridas, según el bono en particular y según también el conjunto, y además si uno quiere ampliar la aplicación a otros bonos.
—¿Qué habría pasado con la deuda si Mauricio Macri hubiese sido reelecto?
—Ya bajo su gobierno, y mucho antes de que se visualizara el cambio de mando del Poder Ejecutivo, hubo una disrupción en el acceso a fondos, del mercado internacional particularmente. Sabido es que la administración de
Macri parecía muy propensa a tomar esos fondos y se encontró con un corte en enero de 2018. Entonces, esa administración hubiera debido ver cómo restauraba la credibilidad y el acceso, más allá de tener un programa acordado con el Fondo, al cual también recurrió ese año. Y eso posiblemente hubiera implicado una renegociación también. No está claro que hubiera tenido más acceso en términos convenientes a los mercados voluntarios. Había una trayectoria de deuda creciente, una recesión importante, una inflación fuerte y salida de capitales. Un contexto que hubiera llevado a un replanteo de la deuda tarde o temprano.
—¿Quién podría renegociar en mejores condiciones la deuda: Fernández o Macri?
—No estoy seguro. Depende en gran medida de la calidad del programa que se presente y no solo de quién está a cargo del Poder Ejecutivo. Y esto tiene un aspecto político de apoyos y concreciones que se puedan hacer al respecto. Pero también su factibilidad dependerá del diseño del programa. La clave está en la sustancia de lo que proponga, las cosas concretas.
—¿Ayuda que Joseph Stiglitz declare que habrá que hacer quitas significativas?
—No tiene gran efecto. Está claro que es la opinión de alguien que tiene su audiencia, respetado en varios círculos. Pero a efectos de tomar decisiones, la mayoría va a mirar