El proyecto entra esta semana y se espera poca discusión en Diputados
El Gobierno busca revertir el resultado de la votación de 2018. Pero pretende algo más: abreviar el debate en el Congreso, que hace un año y medio duró unos tres meses. El argumento oficial es que las principales posiciones ya quedaron expuestas, tanto en las dos cámaras como ante la sociedad. Alberto Fernández además prefiere pagar rápidamente el costo político que implicaría legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Especialmente, en el contexto de la relación cordial que (todavía) mantiene con la Iglesia y el Vaticano.
El proyecto será presentado en los próximos días. Si bien todavía no fue confirmado, es posible que el Ejecutivo lo envíe mañana mismo al Congreso,
en coincidencia con el paro feminista por los derechos de las mujeres. La presentación llegaría un día después de la misa que hoy realizará el Episcopado.
En su discurso de apertura de sesiones del domingo pasado, el Presidente le puso un plazo a la llegada del proyecto a Diputados: diez días. Fue el anuncio más concreto que realizó. En las últimas horas, el oficialismo afinó la redacción de la iniciativa. La supervisó el ministro de Salud, Ginés González García, quien busca justificar su aprobación desde el punto de vista de salud pública.
La secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, coordinó el grupo que redactó el proyecto. Al igual que en 2018, el texto sería girado previamente a un plenario de cuatro comisiones:
Legislación General, Legislación Penal, Salud y Mujeres y Diversidad.
Así, la hoja de ruta oficial es que se trate a la brevedad en Diputados, donde el albertismo haría valer su mayoría. Según los planes de la Casa Rosada, se empezaría a debatir en el lapso de los próximos 15 días. Ya planean una o dos semanas de debate en el plenario de comisiones y a la semana siguiente debatirlo en el recinto. El apuro se defendería con dos argumentos: que en 2018 se agotaron las instancias de exposición pública; y que el mayor desafío estará puesto en el Senado, donde el poroteo de votos anticipa un final abierto. Pese a contar con capacidad de quórum y mayoría propia, el Frente de Todos no cuenta con una mirada homogénea en la Cámara alta. Su jefe de bloque, el formoseño José Mayans, ya adelantó su rechazo innegociable al comparar el aborto con “la pena de muerte”.
Para amortiguar el choque con la Iglesia y otros grupos conservadores de la sociedad, Fernández evitará aparecer mezclado con la militancia de pañuelo verde. El Presidente ensayará un nuevo equilibrio. Otro más. No se mantendrá prescindente, tal como hizo Mauricio Macri hace un año y medio; pero tampoco imitará la actitud que tuvo Néstor Kirchner en 2010 durante el debate sobre el matrimonio igualitario.
Aprobada hace una década, aquella fue la única ley que Kirchner votó como diputado. El ex presidente además se ocupó de “juntar voto por voto”, según recordó Máximo Kirchner.
“Aspiramos a que la Iglesia se modernice, entienda los nuevos tiempos y no repita viejos pecados”, planteó el ex presidente Kirchner por esos días. Pero el contexto de 2010 era bien distinto al actual, aunque repitiera a uno de sus protagonistas. Kirchner consideraba que el arzobispo Jorge Bergoglio era una suerte de jefe de la oposición en las sombras. Ahora, en cambio, Fernández busca congraciarse con Bergoglio, ascendido a papa en 2013.
NUEVO DEBATE