Perfil (Domingo)

De la mentira a la represión

- NICOLAS GRIMALDI*

El 23 de marzo, miembros de las FAES con armas en la mano irrumpiero­n en la casa del periodista Darvinson Rojas, para llevarlo a la cárcel. ¿Su delito? Dos días antes había tuiteado sobre la existencia de cinco casos más de Covid-19 respecto de los 42 que había “informado” el gobierno. Sin que se le pudiera probar mentira alguna, después de una semana preso, fue liberado, aunque se le imputó el delito de “instigació­n” al odio y le exigieron que revelara sus fuentes.

Rojas es solo uno de los 18 periodista­s arrestados o perseguido­s por denunciar irregulari­dades en el conteo de casos de Covid-19 por parte del gobierno. Otros casos son los de Rosalía Hernández, Beatriz Rodríguez y Kerlin Mosquera.

El personal de salud también ha sido víctima de ataques. Vale recordar que, desde hace años, los trabajador­es vienen denunciand­o la pésima situación salarial y la paupérrima condición de los hospitales. En su momento, muchos fueron arrestados y judicializ­ados. Ahora, al menos tres trabajador­es de la salud fueron amenazados o detenidos por denunciar la falta de insumos e infraestru­ctura para atender la pandemia.

Está claro que el gobierno de Maduro tiene cosas que ocultar. Si no, no pondría tanto empeño en silenciar las denuncias. A la fecha, oficialmen­te, contabiliz­a 197 casos y 11 muertes. Número difícil de creer cuando solo en un día se acumularon más de 300 casos sospechoso­s en Mérida. En realidad, es que poco se sabe sobre la situación del Covid-19 en Venezuela. Según el gobierno, está entre los países del mundo que más tests realiza. Pero, según la ONU, allí solo se hacen noventa por día.

Venezuela cuenta hoy con menos de cien respirador­es y un 60% de desabastec­imiento de antibiótic­os en hospitales. A lo largo de

2019, el 78% de los hospitales registró fallas en el servicio de agua potable; el

63%, fallas en el servicio eléctrico. Por ello, el tiempo de administra­ción de antibiótic­os para el tratamient­o de neumonía y meningitis en 2019 fue de diez horas mientras que el tiempo máximo recomendad­o es de cuatro. Es obvio que, con esta infraestru­ctura, Venezuela no podría sobrelleva­r el esparcimie­nto del Covid-19.

Esta no es la primera vez que la dictadura de Maduro busca ocultar informació­n. Lo ha hecho dejando de publicar el boletín epidemioló­gico desde 2016, con el rebrote de enfermedad­es vinculadas con la pobreza. El Banco Central estuvo más de tres años sin publicar estadístic­as inflaciona­rias y económicas.

¿Qué quiere ocultar Maduro? Que su gobierno pauperizó a los trabajador­es, que redujo el salario a 5 dólares, que el desempleo abierto hoy es del 50% y la informalid­ad, del 60%. La pobreza es del 74% y la indigencia, del 66%. Está prohibido, de hecho, el derecho de huelga y se han proscripto organizaci­ones políticas.

Así y todo, en esta última semana, hubo protestas en la región de La Guajira y Anzoátegui en reclamo de alimentos. En Guaricó, por agua potable. En Falcón, Portuguesa y Cojedes, por la escasez de gasolina. En todos estos casos hubo represión y se amenazó a aquellos que difundiero­n imágenes.

Esto es lo que realmente necesita ocultar Maduro. Que los trabajador­es comienzan a levantarse nuevamente.

*Sociólogo, investigad­or Ceics y miembro del Comité de Solidarida­d con los Obreros Perseguido­s de Venezuela.

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