La pandemia también ataca a la prensa independiente
“La pandemia del coronavirus obliga a luchar por el respeto a los principios de la libertad de prensa y del derecho a la información”. Lo dijo Christophe Deloire, secretario general de Reporteros Sin Fronteras, y completó: “Tal como dice la Declaración sobre la Información y la Democracia (N de R: aprobada por RSF en noviembre de 2018), ‘el derecho a la información consiste en la libertad de buscar y recibir información fiable, así como de acceder a ella’. Violar este derecho significa poner en peligro la salud, e incluso la vida, de seres humanos. Esperamos que los Estados que violen este derecho sean denunciados públicamente por los órganos de las Naciones Unidas”.
En verdad, la libertad de expresión está en peligro en no pocos lugares del mundo donde la pandemia ataca, a veces con gran virulencia, sin que los poderes públicos de esos países abran sus fuentes para difundir con precisión los alcances del fenómeno y/o falsean informaciones. Es muy interesante registrar lo que Reporteros sin Fronteras (una organización no gubernamental con sede en París, que se propone defender la libertad de prensa en el mundo y la actividad de quienes ejercen esta profesión) acaba de denunciar ante la Organización de las Nacional Unidas. La carta de RSF fue enviada a los relatores especiales de la ONU sobre el derecho a la salud, Dainius Püras, y sobre la libertad de opinión y de expresión, David Kaye.
RSF ha puesto en marcha el proyecto Tracker 19, una herramienta adaptada a la crisis sanitaria mundial que tiene el objetivo de evaluar el impacto de la pandemia en el periodismo. “La información que RSF dio a conocer a la ONU –explica un documento de la organización– fue recabada a través del Tracker 19, cuyo nombre hace referencia al Covid-19, pero también al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Documenta la censura de los Estados, la difusión deliberada de noticias falsas y las consecuencias que esto tiene en el derecho de los ciudadanos a contar con información fiable”.
Un paneo por el mundo periodístico dio por resultado que en al menos 38 países se registran graves violaciones al derecho a la información. La lista, no exhaustiva, incluye:
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Brasil, Jair Bolsonaro, increpan “de forma violenta” a los periodistas.
Los gobiernos de Argelia, Jordania y Zimbabwe han detenido a reporteros.
En Hungría se ha instaurado un “estado policial de la información”.
En Camboya, el primer ministro “se ha valido de la crisis generada por el Covid-19 para reforzar su poder”.
En China, la represión del periodismo facilitó la propagación del virus, tanto en ese país como en el resto del mundo. En Turquía y Arabia Saudita mantienen encarcelados a periodistas, exponiéndolos al contagio.
A mediados de marzo último, cuando ya la epidemia estaba tomando dimensiones imparables y antes de que en la Argentina se decretara la cuarentena obligatoria, David Kaye, junto con el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, y el representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para la Libertad de los Medios de Comunicación, Harlem Désir, señalaron “la importancia de que los gobiernos proporcionen información fidedigna, de que protejan a los periodistas y de que luchen contra la desinformación”. El 9 de este mes, Michelle Bachelet (alta comisionada de la ONU para los derechos humanos) expresó su preocupación por las medidas adoptadas por ciertos países para restringir la libertad de prensa y la libertad de expresión, así como su temor de que la “supuesta lucha contra la desinformación” pueda ser utilizada para acallar las críticas.
En Argentina, afortunadamente, el periodismo está trabajando sin restricciones.
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