Detienen a un ex policía y a una mujer por un homicidio
laria debería recuperar la libertad dentro de seis años. Pero ya está en su casa.
Los de Néstor Ibars y Eugenio Llull son otros dos casos de abusadores sexuales a los que les otorgaron las domiciliarias. Ibars es de Punta Alta y había sido condenado a siete de prisión en noviembre de 2015 por abusar y dejar embarazada a una joven con retraso madurativo en el Patronato de la Infancia. Fue excarcelado el 7 de abril. Por su parte, Llull estaba en prisión por haber abusado durante cuatro años de su nieta, cuando la menor tenía entre 7 y 11 años en Junín de los Andes, en Neuquén.
El juez Richard Trincheri explicó que la decisión de liberar a Llull fue “para preservar el sistema sanitario de Junín de los Andes”.
Pero no son los únicos. En Misiones criticaron el otorgamiento del beneficio a un reconocido empresario de Eldorado. Carlos Dalmasso cumple una condena de 12 años y 6 meses por ser autor responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado agravado por el vínculo y suministro de material pornográfico a menores de 14 años. El fallo de los jueces aclara que la medida regirá “el tiempo que dure la emergencia epidemiológica y sanitaria por el coronavirus”. Le colocaron tobillera para controlarlo.
En Mar del Plata despertó un enorme repudio la excarcelación del femicida Héctor Barroso (62), preso en el penal de Batán por haber asesinado a dos mujeres en agosto de 2004. Barroso cumple una pena de 25 años de prisión. Su condición de hipertenso, que aumenta la letalidad en el caso de infectarse de coronavirus, le permitió salir por un tiempo de prisión.
En Mendoza, Diego Arduino (30), un asesino que lleva catorce años encerrado por el crimen del comunicador social Alejo Huanu, dejó el encierro pese a que en febrero pasado le habían rechazado el pedido de libertad condicional. Igual beneficio recibieron el presunto narco César Montiveros (54), detenido desde el año pasado con dos kilos de cocaína, y el ex profesor de la facultad de Ciencia Política de la Universidad de Cuyo, Mario Aguirre (67), sospechado de abusar de seis alumnas.
Otro violador alcanzado por el efecto coronavirus es Antonio Armando Di Palma (57), quien salió apenas seis meses después de haber sido detenido. La acusación que pesa sobre él es grave: abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, pero el cuadro de hipertensión y diabetes que padece, sumado al riesgo de contagio de Covid-19, le permitió volver a su casa mucho antes de lo que hubiese imaginado.
nUn ex efectivo de la policía de San Luis y una mujer fueron detenidos ayer acusados de haber participado del homicidio de un hombre, asesinado de tres balazos en el pecho hace casi una semana.
Una mujer, identificada como Sandra Páez Gitto, fue detenida en su casa de la manzana F del barrio Estrella del Sur, en la capital provincial. Páez Gitto fue apresada como la autora intelectual del crimen de Julio Olariaga (53).
Más tarde, fue detenido un ex policía en su casa en la calle Justo Daract al 1600. Hasta allí llegó personal de la División Homicidios y aprehendió a Matías Fernando José Balada, como presunto autor material.
Ambos acusados quedaron a disposición de la jueza Virginia Palacios, a cargo de la investigación.
El crimen ocurrió alrededor de las 21 del domingo pasado en la puerta de una vivienda situada en Abelardo Figueroa 841, de la capital de San Luis. Allí vivía Olariaga, quien trabajaba como empleado de seguridad de locales bailables de esa ciudad.
Fuentes policiales informaron a Télam que todo comenzó cuando, de acuerdo con la denuncia de Liliana Fernández (45), esposa de la víctima, ambos se encontraban en la vivienda y alguien golpeó a la puerta, por lo que Olariaga fue a ver quién era.
Según la mujer, en esas circunstancias oyó detonaciones de arma de fuego y al salir a la puerta encontró a su esposo baleado en el piso, por lo que llamó al 911 y a una ambulancia.
Las fuentes señalaron que al arribar al lugar, los médicos constataron que el hombre estaba muerto de tres balazos en el pecho.
El ex policía Balada estuvo involucrado en otro hecho policial ocurrido el 28 de octubre de 2013, cuando junto a su compañero, Jorge Chavero, en un procedimiento policial, le dispararon a Leandro Bustos, en el rostro, quien luego de varias semanas murió en un nosocomio de Córdoba.
Bustos quedó ciego a raíz del disparo de itaca con balas de goma y un mes después falleció en el Hospital Nacional de Clínicas por un virus intrahospitalario, según certificaron los médicos.
Los ex policías fueron acusados de “lesiones gravísimas agravadas por ser miembros de una fuerza de seguridad en abuso de su función y por el uso de arma de fuego” y meses después, se les otorgó la excarcelación.
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