Detuvieron al ‘Gordo Mortero’ en Uruguay
Con una remera roja que llevaba la inscripción del PTSU (Partido de los Trabajadores Socialistas Unificado), rastas que cubrían su cabeza y disparando con un mortero casero a la policía, Sebastián Romero quedó inmortalizado en una de las tantas fotografías que se registraron en las protestas de diciembre de 2017 contra la reforma previsional. Desde aquel entonces, el “Gordo Mortero” se encontraba prófugo pero ayer fue detenido en Uruguay, en la ciudad de Chuy, muy cerca de la frontera con Brasil.
Su imagen se viralizó con un pedido de recompensa de un millón de pesos, lanzado en enero de 2018 por el Ministerio de Seguridad que comandaba Patricia Bullrich, y la Policía Federal Argentina fue difundiendo perfiles con distintas caracterizaciones que pudo haber tomado Romero durante los últimos dos años. De acuerdo a los primeros datos de la investigación, el acusado ya no tenía sus características rastas.
“Con un mortero, fue uno de los tantos violentos que apedrearon el Congreso en rechazo a una reforma previsional mucho mejor que los decretazos del Presidente.
Hoy fue capturado en Uruguay y será juzgado por las agresiones. Felicito a las fuerzas por el trabajo”, celebró Bullrich a través de las redes sociales.
Romero fue imputado por intimidación pública, daño, lesiones, resistencia a la autoridad y perturbación durante la sesión del Congreso, entre otros delitos, y luego de ser detenido por agentes de Interpol; deberá ser extraditado para ser juzgado en el país.
A través de un comunicado, el PTSU sostuvo que Romero es un “preso político” y exigió que “el gobierno uruguayo, presidido por Luis Lacalle Pou, extradite a Sebastián de vuelta a Argentina y permita a él comunicación inmediata con su familia. En Argentina, que sea liberado de inmediato por el gobierno de Alberto Fernández y la Justicia argentina”.
Sus compañeros de militancia advirtieron que “solo por movilizarse para defender a los jubilados, Sebastián hace 29 meses que no puede ver a su familia, ni a sus amigos y amigas, ni a sus compañeras y compañeros de trabajo en la General Motors y de militancia del PSTU” y concluyeron que “luchar no es crimen”.
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