Argentina lidera ranking de UTI en Latinoamérica, pero aún existe riesgo de colapso
Alberto Fernández comentó a allegados que acordarán antes de la fecha límite, pero aún hay una brecha de US$ 2,8 con acreedores.
Con el límite del canje extendido hasta el 24 de julio, el ministerio de Economía busca asegurarse el acuerdo con los bonistas que están en la misma sintonía. Las distancias todavía persisten con uno de los grupos, tanto económicas como legales, según reconoció el ministro Martín Guzmán esta semana.
El Gobierno ya cedió desde una oferta inicial de Valor presente neto de US$ 40 a los US$ 51 según calculan los economistas por cada lámina de US$ 100. La propuesta encabezada por BlackRock (Ad Hoc Bondholders Group, con el grupo de bonistas reestructurados) ronda los USD 53,8 por cada lámina de 100 a una exit yield del 10%. Según fuentes oficiales, hay diferencias entre esos dos grupos. Esta semana, Alberto Fernández comentó a allegados que se llegará a un acuerdo antes del cierre pero reconoció que la negociación será larga.
El Gobierno “propuso acortar el plazo de gracia, comenzando a pagar el año próximo en vez de hacerlo en 2023 como decía la primera oferta. Además, mejoró los pagos de cupones, reconoce los intereses corridos hasta el momento del acuerdo -pagándolos a través de un bono con vencimiento en 2024- y recortó la quita de capital”, recapituló un informe de Ecolatina. A eso se suma un cupón atado a las exportaciones, un “endulzante” en función de la generación de divisas, que también lleva a los inversores externos a realizar dos preguntas clave para ese escenario: cómo crecerá Argentina y qué pasará con el tipo de cambio.
El otro eje son las “cláusulas de acción colectiva” (CACs), que determinan umbrales para modificar las condiciones de pago. La propuesta de canje abarca a tenedores de bonos 2005 y 2016, que tienen distintas CACs. Las de 2016 incluyen “mejoras” para los soberanos.
“La forma convencional de CAC es la votación serie por serie. Generalmente se requiere el consentimiento del 75% de los tenedores de cada serie determinada para realizar un cambio en los términos y condiciones”, detalla un análisis de Francisco Fernández Rostello y Guido Demarco para Baker & McKenzie.
En 2014, la International Capital Market Association propuso una CAC donde únicamente se tenga en cuenta una votación súper-mayoritaria de acreedores, requiriendo una aprobación del 75% de los acreedores y dejando de lado las votaciones individuales dentro de cada serie. Tuvo apoyo del FMI en 2015, recuerdan los abogados.
Si una serie obtiene el consentimiento del 40% de los tenedores, en caso de que se alcanzara la mayoría necesaria global, los tenedores de la serie que rechazó la propuesta serían obligados a aceptar las modificaciones propuestas. “Con una CAC como ésta, la Argentina hubiese podido refinanciar el 100% de su deuda en default directamente” en el canje de 2005, que llegó al 76,15%. “Hubiese evitado años de litigios y ahorrado millones de dólares”, señalan Fernandez Rostello y Demarco.
Para la entrada en vigencia de las modificaciones de los bonos elegibles 2005, el acuerdo tiene que ser del 85% del monto total de capital de los bonos elegibles total y no menos del 66,66% de forma individual. Para los bonos 2016, pasa a ser del 66,66% y 50% respectivamente.
Al entrar al canje, los bonistas acceden a que Argentina “pueda designar en cualquier momento las series de bonos elegibles que estarán sujetas a las modificaciones propuestas al excluir una o más series”. Ese es el punto que tiene el rechazo del grupo Ad Hoc. “Si Argentina reasigna cualquier serie de bonos elegibles afectada, la serie excluida no será considerada para el cómputo de votos y se requerirá el consentimiento de tenedores de no menos del 75% de la serie excluida para pasar una modificación”, explican los abogados. “Esto evita que, en caso de que una o más series no consigan la mayoría interna, impidan la reestructuración de las demás”, remarcan.