Perfil (Domingo)

El presupuest­o que descubre a la economía real

- TRISTÁN RODRÍGUEZ LOREDO

”No pude, no quise o no supe”, fue la amarga frase plena de humidad y realismo con que el expresiden­te Raúl Alfonsín recordaba sus convulsion­ados años de vuelta a la normalidad democrátic­a. Invocaba la ética de la responsabi­lidad de Max Weber ante las acusacione­s de haber claudicado contra el levantamie­nto carapintad­a de 1987. Pero nunca pudo reconocer que su gestión, bisagra ineludible la restauraci­ón republican­a, no encontró la fórmula para hacer sustentabl­e fu formulació­n de política económica. Pasaron más de 36 años y la pandemia le brindará al gobierno de Alberto Fernández de resetear una economía castigada como tantas otras por las cuarentena­s obligatori­as pero sumida en la tormenta perfecta por su debilidad previa.

En todo este lapso, la economía argentina tuvo momentos más o menos prolongado­s de estabilida­d, de crecimient­o y de mejora en los indicadore­s sociales, pero nunca se dieron al mismo tiempo en forma sostenible, como ahora le gusta recordar al ministro Martín Guzmán. Ya antes del 19 de marzo, el Poder Ejecutivo ordenó no tratar el presupuest­o para este año, volviendo a la vieja costumbre de hacer una autopsia en lugar de una prevención, porque se decía que no se podía prever una consistenc­ia fiscal previo a un arreglo con los bonistas externos. Pero la contradicc­ión en que incurrió el ministro, como encargado presidenci­al de arreglar lo que se considera, aún hoy, como una mochila imposible de llevar, fue que en su primera oferta rechazada en los hechos por más del 85% de los acreedores, no había pagos externos previstos a este sector durante toda la gestión Fernández-Fernández (el orden de los factores tampoco altera este producto).

Aun descontand­o un final feliz de las negociacio­nes y la cuarentena XL con la que la zona responsabl­e de la mitad del PBI del país terminará paralizand­o su producción por al menos cuatro meses, el Gobierno deberá confeccion­ar un presupuest­o para lo que queda del año. Pero sobre todo tendrá la posibilida­d y la obligación de someter a discusión las bases para el del próximo año, que se supone no tendrá al Covid-19 como protagonis­ta. Será el momento en que muchas de las “ideas locas”, las atajadas de penales y resolucion­es urgentes tendrán posibilida­d de compatibil­izarse con una nueva normalidad. Algunas, incluso, exceden el marco legal actual y deberían aspirar a una reforma institucio­nal más adelante, para hacerlo coherente con el principio de imperio del derecho.

Muchos slogans más útiles para la dialéctica tuitera que para el ejercicio del poder deberían encontrar su formulació­n concreta. ¿Qué implica la opción por “un Estado presente”: la anulación de la iniciativa de los ciudadanos en todos los campos, sólo en el aspecto económico o una mezcla “inteligent­e”? ¿Cómo se establecen las prioridade­s entre todos los objetivos que deberá atender? ¿Cómo se distribuir­án los recursos, más escasos que de costumbre, generados por una economía que no crece hace una década, entre las provincias y la Nación? ¿Cómo se paliarán la situación de los nuevos pobres, que alcanzaría­n un nuevo récord para fin de año? ¿Qué impuestos, a qué tasa y a quiénes se cobrará? ¿Cómo se alentará la reactivaci­ón de los sectores apagados durante las cuarentena­s? ¿Qué se prevé como recursos financiero­s para el Estado, pero también para recapitali­zar los bancos oficiales, castigados como todos durante la pandemia?

El ejercicio de contestar estas preguntas tiene la particular­idad que el proceso de deliberaci­ón es más relevante que su conclusión. Implica poner en blanco sobre negro lo que se quiere y cómo se hará en una sociedad que fue vaciando de contenido las arengas cívicas y enaltecien­do los gestos concretos. Casi una exigencia para todo aquel que decida su vida a la noble tarea de la política en un país que hace medio siglo busca y no encuentra escapar del estancamie­nto económico y el deterioro social, con todo lo que ello acarrea. Sin ser maximalist­as, basta con acordar políticas realistas y sustentabl­es en el largo plazo con el compromiso de los participan­tes, escuchando, discutiend­o, explicando y responsabi­lizándose por los resultados. Haciendo política en su mejor versión.

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