Salud Mental. Cuando la ley y la realidad van por caminos diferentes

Una norma sancionada hace poco más de 10 años apunta a que la gente que padece algún trastorno permanezca internada la menor cantidad de tiempo posible, pero eso no ocurre. Según un censo de 2019, hay 12.035 personas alojadas en 162 neuropsiquiátricos del

“Es difícil volver a adaptarse después de tanto encierro. No volvés a ser el mismo”, dice Fernando Aquino, usuario del sistema de salud mental quien estuvo internado en tres oportunidades en el Hospital José Tiburcio Borda, de la Ciudad de Buenos Aires. “En 1994, entré por primera vez; después, en 2001; y, por último, en 2005. Fueron estadías de un año aproximadamente. Desde entonces, vuelvo siempre porque sigo participando de la radio La Colifata y porque me hice amigos ahí. El arte me ayudó a recuperarme”, cuenta. Los especialistas prefieren obviar el término paciente cuando se refieren a alguien que pasó por el neuropsiquiátrico. Las historias son muchas. En Argentina, actualmente hay 12.035 personas internadas con un promedio de estadía que supera los ocho años. En lo que refiere estrictamente al sistema público, el tiempo que permanecen es de 12 años, según datos del Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental, realizado en 2019 por la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Si bien la Ley N° 26.657 establecía el cierre de los hospitales monovalentes para 2020, a poco más de diez años de su sanción aún quedan 162, entre públicos y privados. “La aplicación de la norma tiene pendientes importantes, así como avances en el campo del derecho, hay situaciones que nunca más se van a repetir”, explica María Graciela Iglesias, directora del Organismo Nacional de Revisión de Salud Mental, el ente encargado de verificar el cumplimiento de la ley. Entre los avances logrados en esta década, Iglesias resalta: “Las internaciones ahora son breves, hay cada vez más trabajo interdisciplinario e intersectorial, existen más controles de los derechos y a nadie le es ajeno que un defensor intervenga en una internación involuntaria. También se crearon algunos dispositivos aislados de externación. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se están construyendo más casas de medio camino en el Hospital Interzonal Esteves, de Temperley; en el Domingo Cabred, de Open Door; y en el Alejandro Korn, de Melchor Romero. En la Ciudad, venimos reclamando por la amplitud. Incluso, hay un amparo que obliga a crear esos dispositivos, pero no se cumple”. Según el informe “10 años, 10 deudas”, realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), se registran varias falencias en la aplicación de la ley, pero entre las más importantes está la falta de servicios de salud mental en los hospitales generales, ausencia de una red de dispositivos alternativos para reemplazar a las instituciones monovalentes, presupuesto insuficiente, prejuicios de la sociedad y escasa información producida por el Estado en la materia. Casas de medio camino. Hospitales de día, casas de convivencia, centros de capacitación sociolaboral, servicios de atención domiciliaria y de apoyo, así como servicios para la promoción de la salud mental son algunos de los dispositivos alternativos a la internación que deberían crearse según el artículo 11 de la ley sancionada en 2010. “La norma propone que el sistema de atención deje de ser manicomial y se implemente un modelo basado en la atención comunitaria, que permita la inclusión social de las personas con padecimientos de salud mental”, afirma Eduardo Quiroga, abogado del Programa Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ. Hoy, el número exacto de casas de medio camino se desconoce, pero, según Mariano Veiga, psicólogo del Hospital Braulio Moyano, las que “hay son pocas”. “En la Ciudad de Buenos Aires -cuenta-, hay tres que deben tener un total de 40 camas y solo en el Moyano hay 600 mujeres internadas. No alcanzan”. ¿Cuál es el principal problema? “Es una ley sin presupuesto. La normativa propone, desde una perspectiva de Derechos Humanos, medidas importantes y positivas que sin inversión y sin presupuesto sustancial son imposibles de aplicar”, agrega. Según lo establecido, el presupuesto para esto debería representar el 10% de las partidas destinadas al sector de Salud Mental, pero hoy es del 1,5% y gran parte se invierte en el mantenimiento de los hospitales monovalentes, según datos de ACIJ. “En Capital, la infraestructura necesaria para cerrar los neuropsiquiátricos no existe. Si se cierran, ¿qué pasaría con las personas internadas?”, se pregunta Veiga, y agrega: “Sin una inyección de presupuesto sustancial para reemplazar los hospitales monovalentes, no sirve”. La situación económica de los usuarios del servicio público de salud mental también debe ser tenida en cuenta porque, dice Veiga, “es muy difícil darle el alta a una persona que no cuenta con recursos económicos, una red familiar, asistencia

a normativa propone didas interesantes que sin ersión y presupuesto son plicables”, asegura Mariano iga, psicólogo del Moyano.

“Existen muchos prejuicios que debemos cambiar como sociedad. Falta solidaridad y empatía”, reflexiona Eduardo Aquino, exinterno del Borda.

del Estado, tanto laboral como hacional”. Todas esas condiciones son esarias para acortar el tiempo de las rnaciones, algo que se proponen los fesionales, según Veiga. úblico y privado. Si bien la ley conpla de igual manera a los sistemas lico y privado, la situación es bien disa entre ambos. “En el sistema público mayoría de los pacientes tienen pocos ursos. Son personas que vienen de siciones vulnerables, sin trabajo, carende contención y terminan internadas una descompensación psiquiátrica, o también por todo el contexto. No es mismo la salud mental con plata que ella. Es distinto. Una persona con resos puede pagar un acompañamiento péutico en su casa, eso es otra cosa”, arca Veiga. esde el Órgano Revisor, Iglesias cuenue realizan monitoreos a los dos secs por igual. “Para el Estado, la responilidad se da en ambos. De ninguna nera lo privado puede estar ajeno a transformación, que responde a esdares internacionales que hablan de esinstitucionalización de las personas o primer camino”. ara velar por la aplicación de la Ley 657 a nivel federal, los Órganos de Reón Provinciales que debían crearse sela normativa son esenciales. “Son los argados de supervisar la implementan de la ley y el resguardo de los deres de las personas”, señala Iglesias. Aún ten 12 jurisdicciones que no crearon esos organismos. Por otra parte, son muy pocos los que cuentan con abogados especializados en salud mental y Derechos Humanos para representar a las personas internadas. Prejuicios y estigma. “El sistema manicomial fracasó en el mundo entero”, plantea Quiroga, desde ACIJ. “La Ley es un paso fundamental en materia de salud mental para nuestro país. Se trata de una respuesta a una deuda que había con los usuarios, con organismos de Derechos Humanos y con organizaciones internacionales. Hay evidencia científica que afirma que la desmanicomialización tiene mejores resultados y garantiza el derecho de las personas. Las barreras que impiden su implementación son muchas, entre ellas que el tema siga ocupando un lugar marginal y no esté en las agendas públicas de los Estados nacionales o provinciales. A esto se le suma el estigma que existe sobre las personas”. La alusión a la locura suele usarse de manera insultante y despectiva en la cotidianeidad. “No seas loco”, “estás demente”, “andá al psicólogo” y “estás mal de la cabeza” son algunas de las expresiones que se utilizan con naturalidad. “Es un estigma muy dañino para quienes padecen de alguna patología mental. Es lo que hace que las personas no concurran a un tratamiento adecuado a tiempo, lo cual causa que el sufrimiento se intensifique, que se cronifiquen las enfermedades, que se pierdan vínculos sociales, capacidad económica y, además, se pone en riesgo su vida. El estigma es algo que tenemos que revisar como sociedad para poder generar un aprendizaje, entender de lo que se trata, porque muchas veces está ligado al desconocimiento y al temor”, asegura la psiquiatra Capellino. La salud mental, en definitiva, “es un estado de bienestar determinado por factores físicos, sociales, psicológicos y biológicos. No es solamente la ausencia de enfermedades, como lo define la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, afirma la especialista. “Es un estado que nos permite desarrollarnos como personas haciendo uso de la libertad”, agrega. Durante la pandemia, el encierro dejó sus huellas y se incrementó “el estrés, la ansiedad, la depresión, las alteraciones en la calidad del sueño y metabólicas, el consumo de alcohol y tabaco, así como los suicidios. Si bien todavía no podemos sacar una conclusión porque aún transitamos el mismo contexto, hay trabajos que demuestran las consecuencias negativas del confinamiento en otras epidemias que sucedieron”, asevera Capellino. “Todos podemos sufrir problemas de salud mental. La integración con la comunidad es fundamental. Existen muchos prejuicios que debemos cambiar como sociedad, hay muchas suposiciones que se hacen: que sos peligroso, que vas a asesinar o robar. Todo eso genera que después cueste mucho estar en pareja, formar una familia, volver a trabajar. Hace falta más información y empatía”, reflexiona Aquino. Según el Censo de 2019, solo el 36% de las personas internadas representaba un riesgo para sí o para terceros y poco más del 37% continuaba internado por problemas sociales o de vivienda. La expulsión de la vida “normal” deja huellas irreparables. Allí es donde la cultura aparece en escena y aporta su granito de arena. “A mí, lo que más me sirvió fue el Frente de Artistas del Borda y la radio La Colifata, donde empecé a hacer nuevos amigos. Tenía actividades, había talleres de lunes a viernes. Cuando estás internado, solo podés fumar y tomar mate, mucho más no hay para hacer. En cambio, estos espacios te ofrecen propuestas. Comencé a hacer arte, a escribir, a leer poesía, a saber que tengo derechos. Ahí vino la cura, volvió la energía, recuperé mi vida, comencé a trabajar, volví a sentirme un ser humano. Y cuando pude salir, tuve la suerte de tener a mi familia que me esperaba del otro lado”, recuerda Aquino. A 10 años de la sanción de la ley, está claro que no es un hospital el lugar donde una persona debe vivir. “Si es necesaria su internación, debe tener una estancia lo más corta posible, pero el lugar de las personas es la comunidad, siempre contando con los apoyos indicados y la atención correspondiente”, insiste Iglesias. “Es fundamental que se conozca la ley y que comprendamos que su aplicación es en beneficio de toda la sociedad, no es algo aislado y de unos pocos”, añade Quiroga. Mientras su aplicación plena se retrasa, más de 12.000 personas internadas esperan poder recibir una mejor atención que contribuya a su reinserción en la sociedad.