De los feminismos globales
zás debido a la constatación de la imposibilidad de un solo tipo de representación y un cuerpo homogéneo de intereses) el uso del plural no alcanza a reflejar la pluralidad de visiones existentes en ese cuerpo para nada homogéneo que componen las mujeres del mundo y ni siquiera las de una cultura o un país. Problemas muy ligados al movimiento de género como la cultura de la cancelación o el escrache ponen de manifiesto esta vocación de imponer al resto una visión pedagógica o una ilusión de justicia por mano propia.
Derechos y obligaciones. Los feminismos, como otros movimientos que buscan forjar condiciones más equitativas de vida, pueden consumar una gestión de derechos exitosa en la medida en que detecten las obligaciones que esa gestión supone y rehúyan de la tutela de un poder que se mueve por andariveles inaccesibles. Dice Weil en L’Enracinement: “La noción de obligación está por encima de la de derecho, la cual le está subordinada y es relativa a ella. Un derecho no es eficaz por sí mismo, sino solo por la obligación a la que corresponde; el cumplimiento efectivo de un derecho proviene no de quien lo posee, sino de los demás, que se reconocen obligados en algo”.
Sin embargo, es común detectar en algunas propuestas la vocación de sumar derechos, sin atender a las posibilidades de articulación de esos derechos con la sociedad en la que se imparten. “No basta con intentar reformar tal o cual pieza; hay conexiones, profundas conexiones en el sistema social. Y si estas conexiones no se comprenden, uno termina mejorando un poco una cosa y empeorando otra”, afirma Fraser, atenta a este problema del que algunos feminismos se hacen eco, pero no otros. El drama aflora cuando los que no se hacen eco son institucionales.
Culpas y omisiones. Quien lea atentamente los diarios o use redes sociales verá que algunos femicidios tienen más prensa que otros, como ocurrió en el caso de Úrsula Bahillo, asesinada por un policía pese a haber hecho sendas denuncias, en tiempos de ministerios y comisarías exclusivos para nosotras, de inversiones nunca antes realizadas en favor de las políticas de género. El caso da cuenta de los riesgos de consolidar un movimiento demasiado dependiente en lo institucional. La voz de las principales activistas argentinas tuvo que concentrarse en señalar los consabidos espantos de la fuerza policial, la cultura patriarcal y la corrupción de jueces y fiscales, pero, salvo excepciones, no hubo margen para señalar la responsabilidad del resto de los actores.
Demasiadas preguntas siguen pendientes: ¿Cómo se perita el funcionamiento de la línea de contención y las comisarías de la mujer? ¿Cómo se gestionaron y en qué consistieron las capacitaciones en género que se impartieron en casi todas las instituciones de gobierno? ¿Cómo se articula el ministerio dispuesto para erradicar la violencia contra las mujeres con las dependencias provinciales que tienen el mismo objetivo? ¿Se está priorizando, como es lógico en un país con más del 40 por ciento de pobres, la atención a los sectores con menos posibilidades? ¿Es la reforma judicial feminista la salida a un problema que parece abarcar instancias vinculadas a lo político, lo económico y lo financiero sobre las que no se discute?
Las preguntas podrían continuar. El desafío es llegar a formularlas para obtener las repuestas y soluciones que se necesitan. Es posible que, para avanzar, haya que resignar algo de la dependencia económica, partidaria y discursiva de todos los actores que constituyen el poder. Seguramente sea posible: la historia de las mujeres que lucharon por conseguir la paridad y los derechos que gozamos hoy está llena de ejemplos de autonomía frente a las fuerzas que, aun encarnando el poder y la hegemonía, no pudieron condicionarlas.
n*Periodista, guionista y docente.