Perfil (Domingo)

Presa la presidenta que sustituyó a Evo

Está acusada de sedición y terrorismo.

- AGENCIAS

La ex presidenta boliviana Jeanine Áñez fue detenida en la madrugada de ayer por una investigac­ión sobre un supuesto golpe de Estado contra el ex mandatario izquierdis­ta Evo Morales en noviembre de 2019, hechos que calificó como “un atropello” basado en mentiras.

Áñez, arrestada en la ciudad de Trinidad, capital del departamen­to amazónico del Beni, 600 kilómetros al noroeste de La Paz, llegó al aeropuerto de El Alto, que sirve a la capital, sin ser esposada y fue escoltada por el ministro de Gobierno (Interior), Carlos Eduardo del Castillo, y el comandante de la policía.

“Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez ya fue aprehendid­a y en este momento se encuentra en manos de la policía”, anunció Del Castillo en redes sociales, felicitand­o a las fuerzas del orden por su “gran trabajo (...) en esta gran e histórica tarea de dar justicia al pueblo boliviano”.

La ex presidenta denunció en las redes sociales “un acto de abuso y persecució­n política”. El gobierno, sostuvo, “me acusa de haber participad­o en un golpe de Estado que nunca ocurrió”, añadió Áñez en su cuenta de Twitter.

En su primera reacción pública, a través de Twitter, el ex presidente Evo Morales pidió que se “investigue y sancione a los autores y cómplices” de lo que denunció como un “golpe de Estado” en su contra, pero sin mencionar a Áñez.

En La Paz ,la ex senadora, de 53 años, fue llevada a un cuartel de la Policía y luego trasladada a las dependenci­as de la Fiscalía, para prestar declaració­n.

“Es un atropello absoluto, porque nos están acusando de ser cómplices de un supuesto golpe, es algo que no tiene ni pies de cabeza y es un amedrentam­iento absolutame­nte político”, señaló Áñez.

Sedición, terrorismo, conspiraci­ón. La Fiscalía de Bolivia emitió el viernes una orden de detención contra la ex presidenta derechista y cinco de sus ministros, denunciado­s por los delitos de sedición, terrorismo y conspiraci­ón. Dos de ellos, Álvaro Coímbra, ex titular de Justicia y Rodrigo Guzmán, de Energía, fueron también detenidos en Trinidad y trasladado­s a La Paz.

La orden de la fiscalía partió de una denuncia presentada en diciembre pasado por Lidia Patty, ex legislador­a del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS, izquierda), de Morales.

En su denuncia, Patty sostuvo que el líder civil de la región de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, Áñez, varios ex ministros, ex militares, ex policías y civiles, habían promovido el derrocamie­nto de Morales en noviembre de 2019, tras 14 años en el poder.

La orden de detención también solicita el arresto del almirante Palmiro Jarjuri, antiguo comandante de la Armada, de Jorge Gonzalo Terceros, quien ostentaba el mismo cargo en la Fuerza Aérea, así como del general Gonzalo Mendieta.

Entre los militares acusados por la Fiscalía también están el general de División Aérea Jorge Elmer Fernández y el ex jefe de Estado Mayor de las FF.AA., Flavio Gustavo Arce San Martín, quien fue detenido el miércoles.

A todo esto se suman la ordenes de detención emitidas ya el jueves por la Fiscalía contra el ex comandante de la Policía Boliviana Vladimir Yuri Calderón y el ex jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman.

Antecedent­es. Áñez reemplazó constituci­onalmente a Evo tras su renuncia en noviembre de 2019 en medio de protestas después de unas elecciones calificada­s de fraudulent­as. Ejerció el gobierno hasta noviembre de 2020 tras la asunción del actual mandatario, Luis Arce.

En una carta, Camacho advirtió que “los bolivianos no se quedarán de brazos cruzados ante el abuso” y aseguró que no dejará el país. Camacho ganó la elección del pasado fin de semana para gobernador de la rica región de Santa Cruz con más del 55% de los votos.

La orden de los fiscales alcanza además a los ex ministros Arturo Murillo (Interior), Luis Fernando López (Defensa) y Yerko Núñez (Presidenci­a).

Evo pide sanciones. En su tuit, Morales pidió “justicia y verdad para las 36 víctimas fatales, los más de 800 heridos y más de 1.500 detenidos ilegalment­e en el golpe de Estado”.

“Que se investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura que saqueó la economía y atentó contra la vida y la democracia en Bolivia”, añadió.

Morales, quien dimitió dos días antes de la asunción de Áñez como mandataria, sostiene que fue a raíz de un golpe de Estado que renunció y luego salió del país a México. Un mes después se fue a Argentina como refugiado, desde donde retornó a Bolivia en noviembre 2020, tras el triunfo de su delfín Luis Arce.

Líderes opositores impulsaron protestas en 2019, tras las elecciones de octubre de ese año, denunciada­s como fraudulent­as en favor de Morales, quien buscaba un cuarto mandato.

Un grupo de investigad­ores de la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos (CIDH) está en Bolivia indagando lo sucedido a fines de 2019.

Dos ex presidente­s, Carlos Mesa (2003-2005) y Jorge Quiroga (2001-2002), rechazaron estas detencione­s. Ambos fueron actores claves para la transición del gobierno de Morales a Áñez.

“Estamos en un proceso de persecució­n política peor que en las dictaduras. Se ejecuta contra quienes defendiero­n la democracia y la libertad en 2019”, dijo Mesa en Twitter.

Quiroga, por la misma vía, señaló que se “desata cacería revanchist­a” y dijo que el presidente Arce era “un aprendiz de tirano”.

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FOTOS: AFP EN LA CáRCEL. Áñez dialoga con sus abogados desde su celda.
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