La otra deuda social
Así como desde la demagogia punitiva se concita la permanente atención para el ingreso de más personas a las cárceles, el momento de la salida no suscita el menor interés. Buena parte de la sociedad revela apatía –sino animadversión– cuando un ex preso pone un pie en la calle.
Es conocido que quien haya atravesado una experiencia de prisión, al recuperar su libertad se tropiece con innumerables dificultades para la reintegración social. En muchos casos la comunidad –e incluso sus propias familias– le vuelven la espalda, lo que casi siempre condiciona la recaída en el delito.
Frente a este círculo perverso (ausencia de oportunidades, luego, reincidencia) debería aceptarse de una vez que reinserción y seguridad no son metas antitéticas, sino complementarias. Sin asistencia ni control de la sanción en el medio libre, todo el sistema penal deviene en fracaso, ya que en la esterilidad de la medida impuesta opera una suerte de amnistía de facto.
Será por ello que en el célebre diario Crítica del 25 de noviembre de 1913, publicaba Luis C. Villamayor –guardiacárcel y autor lunfardo con seudónimo Canero Viejo – el artículo Patronato de excarcelados, en el que a partir de la problemática social del delito emplazaba al gobierno de Sáenz Peña a que se ocupe de su vigencia.
Pero, como con las elecciones libres, tuvieron que transcurrir algunos años hasta que un distinguido juez (Jorge H. Frías), bajo la prédica de la corrección moral, creara una asociación civil –aunque subsidiada con fondos públicos– y convocara inauguralmente en el Palacio de Justicia a los sectores más “notables” para que incorporen a exconvictos en sus industrias y comercios: la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad, tiendas Harrod’s, Bunge y Born, Compañía de Tranvías Lacroze y La Vascongada.
Aunque bajo una matriz arcaica de auxilio caritativo fundado en la compasión filantrópica, el modelo realizó una tarea meritoria durante casi un siglo, hasta la crisis y paralización que dio lugar a la creación de un servicio público fundamental bajo la órbita del Poder Judicial de la Nación como garantía institucional de la reinserción. La Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, recientemente integrada por la Corte Suprema, reúne por ahora a una centena de agentes estatizados y agremiados que tienen a cargo el control de 7000 asistidos de sólo 3 juzgados de ejecución. Claro que, como todo cumplimiento de un deber, está subordinado a la posibilidad de realizarlo, desde un básico de la simple provisión de recursos.
De nuevo: cualquier obstáculo que dificulte la reinserción es falso que sólo afecte a los liberados, ya que más tarde o temprano repercute en toda la estructura social. Cierto que si la reinserción guarda por núcleo la inclusión social, pareciera un objetivo ciclópeo frente al cuadro estructural de exclusión y notorio aumento de pobreza que desde hace tiempo sabe denunciar el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA.
Por ello, no es posible olvidar que el respeto hacia el liberado es aquel que se nos ofrece también a cada uno de nosotros, ya que dignificando al ex preso –de rebote– mejoramos la dignidad nuestra y de todos los argentinos. Y devolver dignidad para el caso no es más ni menos que la debida consideración hacia el hombre que tras sufrir encierro, tendrá en libertad que recuperar el derecho a una vida esperanzada para poder transformar el destino de sí mismo y del resto.
Así como hace más de medio siglo desde el transformador penitenciarismo justicialista se suprimió el uniforme cebrado en los presos, también es hora de eliminar el traje a rayas de adentro, de modo de brindar condiciones para impedir que quien pasó tras la reja quede atrapado en la identidad de delincuente. El desafío es resocializar a la sociedad, o como nos advierte Francisco en Por una justicia realmente humana: la diferencia entre una sociedad incluyente y otra excluyente parte de no poner en el centro a la persona y prescindir de los restos que ya no le sirven. Siendo así, sólo la reinserción es antídoto contra el remordimiento.