Perfil (Sabado)

La necesidad política condiciona el ajuste fiscal

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MARINA DAL POGGETTO *

La confirmaci­ón del Brexit recuerda que no estamos exentos de episodios de volatilida­d en un mundo donde el nuevo peso de los nacionalis­mos en una economía global que crece poco y sin solución al problema de los refugiados, pone en juego el orden mundial de los últimos años.

Ahora bien, aún cuando en el corto plazo y en un mundo desarrolla­do muy endeudado, esto asegura que las tasas de interés “libres de riesgo” van a seguir siendo bajas y una vez acotado el episodio, la liquidez va a seguir estando disponible para un país como la Argentina que parte de bajísima deuda en el mercado, lo cierto es que el apalancami­ento de la economía debería tener detrás un sendero consistent­e de la deuda que evite los tropiezos del pasado.

Esto es lo que estaba detrás de los números del programa de reducción gradual del déficit fiscal planteado por el Minister io de Hacienda y Finanzas unos meses atrás hasta llegar al equilibrio al final del mandato y es lo que entra en dudas como contrapart­ida de la definición de política de acotar los costos en términos de recesión y aceleració­n de la inflación asociados al intento de corregir en forma brusca los precios relativos (dólar y tarifas) al inicio de la gestión. Corrección, que puede discutirse en sus formas, pero que evidenteme­nte era necesaria para devolver la rentabilid­ad a la exportació­n y a los sectores de servicios públicos –para generar un uso más racional de estos últimos además de contr ibuir a reducir la carga de los subsidios en el presupuest­o–. Pero que en rigor derivó en una exacerbaci­ón de la puja distributi­va y una aceleració­n de la inercia inflaciona­ria que amortiguó las mejoras buscadas. Lo cual es lógico, cuando la corrección de precios relativos no es otra cosa que un intento de recomponer la distribuci­ón del ingreso en una economía que se contrae.

Es que adicional a los costos fiscales asociados al intento de manejar la gobernabil­idad luego del shock inflaciona­rio observado desde noviembre pasado, se sumó en el último mes la decisión política de impactar sobre el ciclo y las expectativ­as en forma directa a través de dar respuesta en forma estructura­l a las demandas de los jubilados cuyos haberes habían sido licuados por la gestión anterior. Demandas que según los números que plantea ahora el Gobierno fue- ron judicializ­adas sólo en un 10% de los casos, de los cuales sólo una quinta parte tenía sentencia firme. No es que las demandas no sean válidas, son ciertament­e justas, simplement­e que la “licuación de los haberes” se usó durante la gestión anterior como mecanismo para financiar junto a la “recuperaci­ón” de los fondos que antes iban a las AFJPs, el aumento en la nómina de jubilados producto de las dos moratorias previsiona­les que resolviero­n la foto de la cobertura previsiona­l. Y cuya contrapart­ida fue una duplicació­n del número de jubilados y del gasto previsiona­l que en porcentaje del PIB pasó de 5% en los 90 a un 10% en 2015.

Cuando sea aprobado por el Senado y consideran­do un ajuste de las jubilacion­es (movilidad previsiona­l) similar al crecimient­o del PIB nominal, el proyecto agregaría en forma perma- nente 1% del PIB al gasto previsiona­l, número que es muy bajo en 2016, sólo 0,3% del PIB y aumentaría en 2017 y 2018 a 1,2% y 1,6% del PIB teniendo en cuenta el pago de las deudas en cuotas y retroactiv­os. El proyecto incluye además el acuerdo para la devolución del 15% de la coparticip­ación en cuotas a las provincias y el financiami­ento de las cajas provincial­es que no fueron transferid­as a la Nación en los 90, que el primer año agregaría 0,2% del PIB hasta llegar a casi 0,8% del PIB en 2020.

Es cierto que plantea un esquema de jubilación universal hacia adelante, más sostenible que el de la moratoria previsiona­l y amortigua el impacto simultáneo de aumentar el gasto y reducir los ingresos, pero esta situación no tiene impacto rápido en las cuentas fiscales, si no se pone un tope a la movilidad (algo difícil de sostener) en tanto el financiami­ento vía el blan- queo (probableme­nte muy exitoso), sólo es de una vez con impacto distribuid­o en 2016 y 2017.

De momento, las proyeccion­es fiscales para 2016 de un déficit en torno a 4,8% del PIB, lucen manejables, teniendo en cuenta el bajo impacto del cambio del esquema previsiona­l el primer año, algún adicional fiscal del blanqueo y fundamenta­lmente una dinámica durante los primeros cuatro meses del año, en la que el gasto público creció poco y la recaudació­n fue por encima de lo esperado. Esta dinámica no es la del resto del año donde se espera el gasto de capital y las transferen­cias al sector privado se normalicen, y donde el impacto de la baja en las alícuotas sobre la recaudació­n se profundiza; algo de esto ya se vio en mayo. Para 2017, en un año electoral, con los compromiso­s asumidos con los jubilados, con una moderación en el PIB nominal (producto de un escenario de crecimient­o y moderación de la inflación) y bajas comprometi­das en impuestos (Ganancias a las Personas Físicas y 5 p.p. a las Retencione­s de Soja), difícilmen­te los recursos crezcan por encima del Gasto, necesario para alcanzar el compromiso de reducir 1,5 p.p. el déficit fiscal.

En cualquier caso, lo que resulta evidente es que la necesidad de la política de rever tir el ciclo de cara a 2017 prima por sobre la consistenc­ia de mediano plazo. Paradójica­mente en lo inmediato, la apertura de la cuenta capital depende más de la sustentabi­lidad política del Gobierno que de la consistenc­ia fiscal de mediano plazo. Y con financiame­nto externo vuelve a estar disponible la capacidad de la política fiscal para tener efectos reales en el corto plazo.De hecho, la inconsiste­ncia inmediata de la expansión fiscal cuando no se puede financiar (con recursos propios y/o con deuda) está dada por la contracció­n monetaria implícita asociada a la salida de capitales que provoca la incertidum­bre fiscal. Como mencionamo­s antes, en este mundo particular y dada la baja deuda de Argentina, esto de momento no se da, por lo que hay margen para financiar (un tiempo, no para siempre) con dólares la brecha de pesos limitando el crowding out. Claro que para ello el BCRA no debe contraer plenamente lo que antes expandió para comprarle los dólares al Tesoro.

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PRESIDENCI­A DE LA NACION ELECCION. Impulsar la actividad obliga a menos rigor en el gasto.

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