Una deuda sanitaria y social
La salud mental refiere a la capacidad de las personas de manejar sus pensamientos, emociones y conductas. Cuando se padece una enfermedad mental, se afecta la capacidad y autonomía para pensar o actuar, existen limitaciones en la comunicación, aislamiento, y se afecta la independencia funcional (la capacidad de hacer las cosas por sí mismo).
Los trastornos mentales constituyen cinco de las diez principales causas de incapacidad funcional. La depresión y los trastornos de ansiedad representan la mayor carga total de discapacidad en jóvenes y adultos.
Quienes padecen enfermedades mentales crónicas tienen más enfermedades físicas, con un deficiente y tardío acceso al sistema de salud, además de tener un 50% más riesgo de morir que personas sanas y una expectativa de vida de 15 a 20 años menor.
Un aspecto determinante de la carga sociosanitaria de estas enfermedades son las falencias en el cuidado y tratamiento que requieren los pacientes. Sólo entre el 30% y el 50% de quienes sufren depresión accede a un profesional de salud y sólo entre el 8% y el 16% accede a un especialista en salud mental. En países desarrollados, menos de una tercera parte de quienes sufren afecciones mentales recibe tratamiento adecuado, y en países en vías de desarrollo, sólo el 10%.
La falta de tratamiento de estas enfermedades no debería interpretarse como un problema de costos ya que se dispone de efectivos y variados enfoques de tratamiento, en todo caso es muy superior el costo derivado por no tratarlas.
Los costos de las consecuencias de los trastornos mentales son muy significativos e incluyen costos directos por el mayor uso de los servicios de salud; costos indirectos como pérdida de ingresos por incapacidad para trabajar y disminución en la productividad y costos intangibles (años perdidos por enfermedad).
El sistema sanitario debería actuar desde la salud en lugar de sobre la enfermedad, mediante la prevención y promoción de hábitos saludables en pos de preservar la salud mental y proveer a las personas calidad de vida y condiciones de aptitud psicofísicas para el aprovechamiento de su potencialidad. Lamentablemente, este lineamiento no es el que se lleva a cabo ya que ningún gobierno destina más del 10% del presupuesto de salud a la salud mental.
Las personas que sufren enfermedades mentales tienen un doble infortunio: la situación de padecerlas y la discriminación de la que son objeto. El estigma que sobrevuela respecto a la enfermedad mental hace que los pacientes estén reacios a solicitar ayuda, siendo una dificultad más en el acceso al tratamiento. De todo lo antedicho, deriva que el Reporte Mundial de Felicidad considera las enfermedades mentales como el principal determinante individual de infelicidad y principal causal de miseria (máximo grado de insatisfacción con la vida), aun con más influencia en el desarrollo de insatisfacción que la enfermedad física, el desempleo o el bajo ingreso per cápita.
La insatisfacción e infelicidad no se explicaría solamente por la enfermedad mental en sí misma, sino principalmente por la falencias en la “atención sanitaria” y en la falta de “aceptación social” que hay al respecto.
Para revertir esta situación se requiere de gobernantes que asignen mayores recursos para la salud mental, una sociedad que tenga “apertura racional” para aceptar las enfermedades mentales a la par de las físicas y medios de comunicación que den a estas personas el mismo grado de atención, visibilidad y respeto que a otros grupos vulnerables.
Mediante la promoción de la salud mental y la prevención de trastornos mentales contribuiremos a la satisfacción individual y a un mayor bienestar sanitario y social. No podemos proveer salud sin salud mental. Así como a nivel individual el cuerpo y la mente son concebidos integralmente, a nivel poblacional la salud física y la mental requieren una atención equiparable. No hay salud sin salud mental.
Sólo entre el 30% y el 50% de quienes sufren depresión accede a un profesional de salud