Aceleran el giro de fondos para activar obras públicas
El Gobierno de Cambiemos decidió enfocar su política económica en la búsqueda de una “primavera” asociada al blanqueo y, en especial, a los efectos del avance de la obra pública, que contribuyan con una reactivación todavía esquiva.
Tras una primera etapa en la que se privilegió el equilibrio fiscal y la baja del déficit, para el segundo semestre el presidente Mauricio Macri decidió suavizar la ortodoxia y apuntar a la obra pública como motor dinamizador de la economía.
Dos razones lo convencieron: el retraso del ingreso de las inversiones extranjeras y la tardanza en el desembolso de créditos internacionales comprometidos. “En el segundo semestre sin dudas van a haber muchas más obras que el primero”, prometieron en la Casa Rosada.
Los retrasos en la puesta en marcha de obras, explican en el macrismo, se debieron a cuatro factores:
1) Nuevos esquemas de gestión en los ministerios.
2) Cambios en los sistemas de licitación.
3) Una revisión de la gestión kirchnerista.
4) La caída de obras presupuestadas.
Este último punto alude a obras con adelantos financieros millonarios, como las adjudicadas al empresario patagónico Lázaro Báez, y otras que estaban presupuestadas para este año, que resultaron inviables por conflictos políticos y problemas con la Justicia. Cifras. En números: en el plan de transporte ya se invirtieron, a junio, $19.169 millones sobre los $34.830 millones proyectados.
Seguramente habrá sobreejecución en el área que comprende, por caso, $14 mil millones para Vialidad nacional con 970 kilómetros de autopistas en construcción.
En la mayoría de los casos se trata de licitaciones vie- jas que se reactivaron. Entre otras, las ruta 7 (ChacabucoJunín, donde estuvo Macri esta semana) o la ruta 8, que estaba abandonada.
En el Ministerio del Interior y Obras Públicas fueron de menor a mayor. Hasta junio, la ejecución total del Ministerio incluido AySA (la empresa que se encarga de agua potable y cloacas) fue del 32,4%.
En la empresa de aguas, que lanzó un plan con una licitación por día, se llevan invertidos más de $4.500 millones; más de $4.800 millones en vivienda y poco más de $3.800 millones en obras públicas en general.
Hace poco más de una semana, en la última reunión de la comisión de obra pública en la que estuvieron representantes de la poderosa Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y de la UOCRA, junto a los ministros Rogelio Frigerio (Interior y Obras Públicas), Guillermo Dietrich (Transporte) y Juan José Aranguren (Energía), se enfrascaron en una discusión sobre el futuro de la economía. El análisis que allí hizo Frigerio es que el despegue del campo va a impulsar a la inversión privada.
De todas maneras, en el Gobierno reconocen que, al menos por ahora, la construcción en el sector privado está frenada. Y que, en todo caso, las obras públicas constituyen alrededor del 35% del total.
En ese marco, el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, el “cruzado” de la disciplina fiscal, y quien tiene a su cargo el monitoreo las áreas de Interior y Obras Públicas, Energía y Transporte, comenzó a relajar sus habituales discursos ríspidos para acompañar el proceso de crecimiento del gasto público vía obras.
La más floja, en términos de ejecución presupuestaria, es la cartera a cargo de Juan José Aranguren. Bajo la órbita del ministerio de Energía aparecen megaproyectos, como las represas patagónicas, atadas al financiamiento de firmas chinas, que le hacen difícil una alta ejecución hasta que no se pongan en marcha al 100%.
En una primera etapa se privilegió el equilibrio fiscal y la baja del déficit