Negocian subsidios a pymes para prevenir una lluvia de amparos
Después de la cumbre en Olivos que reunió a Mauricio Macri con sus referentes económicos y con la visión de que el costo fiscal del fallo de la Corte sobre gas es “manejable”, desde el Ministerio del Interior aseguraron que no habrá recortes a la obra pública como se había aventurado en un principio.
“La solución la marcó la Cor te. Se fijó la audiencia para el 12 de septiembre y se unificó con electricidad para dar una solución lo más rápido posible”, explicaron desde el Gobierno, donde entienden que la demora pone en juego definiciones que pueden afectar el crecimiento el año próximo.
Por otra parte, no se descartan subsidios puntuales para evitar la judicialización por parte de algunas industrias pyme que ya anticiparon que presentarán amparos. La negociación con el sector productivo, no obstante, dependerá en parte de lo que se decida el martes en la Unión Industrial Argentina.
En la central fabril, no obstante, todo está “en análisis” pero por ahora predomina la idea de no echar más leña al fuego de las tarifas. “Las empresas deberían justificar un perjuicio para solicitar un amparo”, analizó el abogado de la UIA y presidente de Copal, Daniel Funes de Rioja.
Para otros, como el diputa- do por el Frente Renovador José Ignacio De Mendiguren, el fallo está estructurado de forma tal que las empresas también podrían reclamar que se haga extensivo el beneficio que la Corte Suprema garantizó al sector de usuarios residenciales.
Algunas empresas consideraron que el Gobierno podría poner en marcha un subsidio a las empresas por el consumo de gas de la misma forma que se planteó con las electrointensivas. Desde el Ministerio de Producción aseguraron que no hay nada previsto por ahora.
Mientras tanto, el área de Hacienda analiza que podría cubrir el ag ujero fiscal de US$ 1.000 millones con una eventual emisión. Según un i n for me de la consultora Economía y Regiones, que antes dirigía el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, “el fallo de la Corte obliga al gobierno nacional a brindarles a las transportistas y distribuidoras alguna asistencia económica que compense la falta de ingresos por la anulación del incremento tarifario” para no comprometer la prestación.
Frigerio apunta a “darle volumen político” al Acuerdo Federal Energético con los gobernadores de las provincias generadoras y sindicatos que se anunció el jueves, para evitar conflictos que compliquen la negociación por el cuadro tarifario.
En la UIA por ahora predomina la idea de no calentar más la pelea por tarifas