Transición de alto riesgo social
En la práctica política de nuestro país parece costumbre que las deudas sociales se traspasen de un gobierno a otro sin costo de inventario. Una práctica pírrica que no hace bien a la democracia ni favorece a los sectores más débilesl. El efecto aparente es ocultar injustas desigualdades en una sociedad donde el problema de la pobreza no son los pobres, sino el ineficaz papel del Estado –y de sus dirigencias– para promover el crecimiento y la redistribución de la riqueza.
El Observatorio de la Deuda Social Argentina presentó hace unos días el informe “Tiempo de balance: deudas sociales pendientes al final del Bicentenario”, basado en datos de los últimos trimestres de cada año generados por la Encuesta de la Deuda Social para el período 20102015. Sin duda, la situación hoy es diferente respecto de menos de un año atrás. El nuevo escenario político, económico y social está signado por amplias expectativas positivas y por temores y preocupaciones fundadas. Esto, en el marco de un conjunto de medidas gubernamentales que con efectos sociales regresivos procuran según sus protagonistas ordenar los desajustes macroeconómicos heredados y, al mismo tiempo, crear las bases para un nuevo modelo de desarrollo de más largo aliento.
El informe confirma que los desajustes socioeconómicos acumulados constituyen una herencia de mucho peso. Una profunda pobreza estructural se ha instalado de manera arraigada en nuestro país. Sirva como indicador que más del 30% de los hogares requiere para su subsistencia ayuda económica por parte del Estado. Pero dicho informe también destaca que el problema corre riesgo de seguir profundizándose si hay un error de diagnóstico o en la elección de las políticas. En el corto plazo, la mayor inflación y la situación recesiva durante el primer semestre del año constituyeron factores regresivos en materia socioocupacional. Es obtuso negarlo, e incluso de alto riesgo político, aunque no haya cifras oficiales que describan exacta- mente su magnitud.
En este sentido, el informe también buscó dar cuenta del eventual aumento que habría experimentado la tasa de pobreza entre el último trimestre de 2015 y la primera semana de abril de 2016. Según la proyección realizada, ésta habría ascendido, según la Encuesta de la Deuda Social, de 29% a 33%. La estrategia metodológica adoptada tomó en cuenta tanto la variación inicial de los precios como mejoras ocurridas en los ingresos de los hogares dependiendo sus vínculos con el mercado de trabajo y las políticas sociales. En principio los resultados son significativos, la transición habría generado hasta ese momento más de un millón de nuevos pobres, fundamentalmente segmentos provenientes del sector informal y de las clases medias bajas. Este dato, aunque “impactante”, no dejó de ser una estimación conservadora, más aún si consideramos la dinámica socioeconómica subsiguiente.
El análisis buscó también llamar la atención de que este proceso habría tenido lugar a pesar de las medidas compensatorias implementadas por el Gobierno durante el período: aumento en las jubilaciones y pensiones, programas sociales y asignaciones familiares; decretos de transferencias extraordinarias; reducción del mínimo no imponible de ganancias; ampliación de las tarifas sociales; adelantamiento del consejo del salario mínimo; mantenimiento del sistema de precios cuidados; reducción parcial del IVA a los alimentos para beneficiarios de programas sociales, el pago de deudas a jubilados; entre otras medidas; a la vez que algunas aún son proyectos (ampliación de la AUH, reactivación de la construcción a través de la inversión pública en infraestructura).
En este contexto, el mayor riesgo social lo están experimentando los segmentos más pobres que dependen de la ayuda social, y los millones que fundan su subsistencia en trabajos precarios, pequeños comerciantes y trabajadores eventuales. Todos ellos, además de carecer de visibilidad y de representación política, no están siendo objeto de una especial protección social frente a la caída del consumo, el aumento de los precios y el mayor riesgo de despido o caída de la actividad. Un segmento al cual no llegan los aumentos por paritarias, ni las tasas de interés favorables, ni las tarifas sociales, ni el salario familiar, ni los aumentos en los programas sociales, etc. Justamente, es esta masa de segmentos vulnerables de clase media baja o sectores populares los que constituyen los “nuevos pobres” que emergen de una estructura socioocupacional desigual y segmentada, la cual se pone una vez en evidencia en la actual crisis.