Servini de Cubría y el asesinato de Lorca
La jueza se ocupa desde 2010 de los crímenes de la dictadura franquista en España. El miércoles se conoció que aceptó llevar adelante la causa del poeta granadino.
El miércoles pasado se dio a conocer que la jueza argentina María Servini de Cubría, que investiga violaciones de derechos humanos durante el régimen franquista, aceptó la denuncia por la desaparición del poeta y dramaturgo Federico García Lorca a principios de la Guerra Civil Española, presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Esta indagación judicial da comienzo al cumplirse el octogésimo aniversario de la muerte de Lorca. La denuncia, realizada en abril de este año, refrenda las circunstancias de su detención y homicidio a partir de un informe de la Jefatura Superior de Policía de Granada del 9 de julio de 1965, oculto en el Ministerio del Interior. El expediente policial, la primera versión ofi-
La ARMH acudió a la justicia argentina ante la imposibilidad de juzgar el crimen en España
cial del franquismo que sale a la luz, afirma que Lorca fue fusilado junto a otra persona, de la que no se ofrecen datos, y lo describe como “socialista y masón”, cercano al ministro de Educación de la República, Fernando de los Ríos, a la vez que le adjudica “prácticas de homosexualismo”.
Según el documento, en agosto de 1936, Lorca se encontraba en Granada, donde había llegado días antes desde Madrid, donde residía, cuando se practicaron dos allanamientos sucesivos en su domicilio que lo obligaron a refugiarse en la casa familiar de sus amigos, los hermanos Luis (poeta y profesor de Lorca) y Miguel Rosales Camacho, este último, jefe de bandera de la sede de Falange Española en Granada. Allí, rodeado de un gigantesco operativo policial que incluyó francotiradores, fue detenido entre los últimos días de julio y los primeros de agosto de 1936, bajo orden del Gobierno Civil, por Ramón Ruiz Alonso, militante católico de extrema derecha. Una vez efectuada la detención, intercedieron por él los hermanos Rosales y el jefe local y de milicias de la Falange, José Díaz Plá, quienes tras entrevistarse con el entonces gobernador civil, Juan Valdés Gusmán (acusado de cientos de asesinatos), no consiguieron liberarlo. Lorca fue sacado del calabozo por fuerzas del Gobierno Civil y conducido, junto a otro detenido, en un automóvil a las afue- ras del municipio de Víznar, en las inmediaciones de un lugar conocido como Fuente Grande, donde fue fusilado.
Como primera medida, la ARMH (que acudió a la Justicia argentina ante la imposibilidad de juzgar el crimen en España, debido a la ley de amnistía aprobada en 1977) solicitó a Servini que envíe una comisión rogatoria al Juzgado de Instrucción de Madrid para obtener del Ministerio del Interior copias autenticadas del informe de la Jefatura Superior de Policía de Granada de 1965, así como de toda documentación existente en sus archivos sobre la detención y asesinato de Lorca. La jueza aceptó el caso dentro de la causa que abrió en 2010, en base al principio de justicia universal, para investigar violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. En marzo pasado, Servini solicitó al gobierno español interrogar a varios imputados de delitos de lesa humanidad aún con vida, cuando su petición de extraditarlos a Argentina fue rechazada. En mayo de 2014, visitó España para tomar declaración a algunas víctimas de avanzada edad no podían desplazarse.