Ni ortodoxos ni heterodoxos: pragmáticos
LIC. RODRIGO ALVAREZ LITRE*
Algunos economistas sostienen que el Gobierno está errando en su política fiscal. Las críticas vienen tanto desde la ortodoxia como de sectores otrora alineados con el kirchnerismo. Los primeros hacen foco en que el ritmo de crecimiento del gasto es demasiado elevado y/o que el déficit no se redujo lo suficiente. Para los heterodoxos los errores han sido bajar las retenciones, aumentar el nivel de deuda pública y recortar los subsidios de manera agresiva.
Estas visiones se asientan en posiciones ideológicas muy marcadas. Para establecer su crítica parten de una representación del sistema en base a creencias, preconceptos o bases intelectuales, habitualmente comparándolo con un sistema alternativo, ya sea real o ideal. Usualmente también incluyen un programa de acción que tiene por objetivo acercar el sistema real existente al sistema ideal pretendido.
Nuestra visión, en cambio, es pragmática. Las políticas tienen valor en la medida que funcionen y el análisis debe enfocarse en el mundo real objetivo. Desde esta perspectiva la dinámica fiscal ha tenido tres vectores: administrar la herencia, tratar de moderar los costos del ajuste y comenzar a corregir los desequilibrios de la estructura fiscal. Veamos. La devaluación y la quita de retenciones sumados al acuerdo con los fondos buitre fueron clave para evitar la crisis de balanza de pagos que se proyectaba en base a los desequilibrios de la gestión anterior. Con el aporte de los dólares del campo y la flamante apertura del crédito externo, el acceso a fuentes de fondeo dejó de ser un problema. La baja de retenciones, que es criticada por la heterodoxia por favorecer a grupos concentrados, fue un necesario reconocimiento a un sector que sufrió ocho años de destrato oficial. El costo fiscal de la medida fue de $ 45 mil millones (equivalentes a 0,6% del PBI), pero permitió poner en marcha las economías del Interior y comenzar a revertir el deterioro en parámetros clave como la superficie sembrada y el stock ganadero. Los efectos derrame se podrán ver con mayor intensidad con el correr de los meses, aunque ya se vislumbran resultados contundentes. Por caso, en el primer semestre se dispararon las ventas de tractores (+14% i.a.), sembradoras (+45% i.a.) y cosechadoras (+15% i.a.).
El acuerdo con los holdouts despejó al menos en el mediano plazo el acceso al financiamiento y dólares frescos, clave para sostener el gradualismo fiscal. Sin acuerdo, no hubiera sido posible domar las expectativas de devaluación, evitar un ajuste fiscal ni frenar la maquinita de emisión, que se había instalado como la fuente principal de financiamiento del rojo durante la gestión anterior.
La dinámica del gasto también se ha regido por el pragmatismo. Durante el primer semestre el gasto primario creció 27%, muy por debajo del primer semestre del año pasado (+34%). Se recortó donde se pudo, salarios, subsidios económicos e inversión pública. Por el contrario, subsidios sociales (+65% i.a.) y jubilaciones (+39% i.a.) fueron los rubros más expansivos. En términos del PBI el gasto primario se redujo en 1,8 puntos, ubicándose en 22,4% en el primer semestre.
Por el lado de los ingresos, el Gobierno no sólo resignó recaudación por derechos de exportación sino también bajó la presión fiscal a los sectores de ingresos medios y bajos al subir el mínimo no imponible en ganancias, aprobar la devolución del IVA a jubilados, aumentar la AUH y ampliar las asignaciones familiares. Estas medidas tuvieron un costo fiscal conjunto de 0,6% del PBI.
De esta forma, el Tesoro hizo un importante avance en el proceso de ordenamiento de las cuentas públicas. Así, si bien en términos nominales el déficit primario fue 27% más elevado al de los primeros seis meses del año pasado, dado el crecimiento del PBI nominal (explicado por la aceleración inflacionaria), el déficit primario en relación al PBI bajó de 3,6% al 3,4%.
En el proceso, el gobierno nacional además le devolvió recursos de coparticipación a las provincias con un costo fiscal de 0,5% de PBI. A diferencia de la gestión anterior las provincias hoy cuentan con mayor autonomía.
La crítica ortodoxa se equivoca al plantear la posibilidad de un ajuste más pronunciado. El endeudamiento que en lo que va del año, neto de vencimientos, creció en más de US$ 11 mil millones (2,0% del PBI), es una herramienta genuina para moderar los costos del ajuste. El fantasma del endeudamien- to también es agitado por economistas heterodoxos que omiten señalar los caminos alternativos: ¿aumentar aún más la presión fiscal? ¿Aplicar un freno aún mayor en el gasto? O tal vez volver a recurrir a la monetización del déficit.
Está claro que la situación fiscal sigue siendo vulnerable, más aún con el impacto que tendrá la Ley de Reparación Histórica (2,5% PBI), pero al menos hay un horizonte de ordenamiento en las finanzas públicas. Es imposible pensar en cambiar ocho años de desequilibrio en los primeros meses de gestión.
La única salida posible para esta encerrona es volver a la senda del crecimiento sostenido y equilibrado. Hacer crecer la torta es hoy más importante que pensar en cómo se reparte. Para acelerar este proceso la obra pública es clave en muchos sentidos. En primer lugar, es necesario recomponer el stock de infraestructura sumamente deteriorado por más de una década de falta de inversiones. El bajísimo costo del financiamiento de los proyectos (con tasas inferiores al 6/7%) y los elevados retornos de los mismos generan una ecuación costo-beneficio más que atractiva. Es por ello que el Gobierno debería encarar un megaplan de inversiones recurriendo a todas las herramientas disponibles. Desde el financiamiento tradicional mediante emisión de deuda hasta los esquemas más novedosos como las Asociaciones Público Privadas (PPP). La aceleración llegaría además en un contexto de elevada capacidad disponible en la cadena de la construcción, con la industria operando a una fracción de su capacidad instalada y con elevado desempleo en el sector.
El probable éxito de la Ley de Blanqueo (estimamos un piso de US$ 50 mil millones) también contribuye al ampliar significativamente la base imponible del Fisco. No sólo va a generar mayor recaudación en el corto plazo sino que también (para los contribuyentes que elijan suscribir los bonos a tres o siete años) puede despejar las necesidades de financiamiento de los próximos dos años. No es poco si además se tiene en cuenta el flujo de tributos por la nueva base tributaria “ampliada”.
Es tiempo de dejar atrás los dogmas e interpretar las oportunidades y desafíos que ofrece esta coyuntura. No sólo en términos económicos sino también incorporando la dimensión política y el sentido de la oportunidad. Volver a la senda del crecimiento es la clave y el sector público tiene un rol fundamental como catalizador del proceso.