Boudou: otro procesamiento por corrupción
El ex vicepresidente Amado Boudou sumó ayer un nuevo procesamiento en una causa por presunto fraude a la administración pública. Esta vez fue por la compra de 19 automóviles durante su paso como ministro de Economía del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
La decisión fue tomada ayer por el juez federal Sergio Torres, quien también embargó al ex vice por 3 millones de pesos. La investigación llevaba años paralizada en los tribunales, pero finalmente se determinó que Boudou pagó sobreprecios a un empresario que era su amigo para adquirir automóviles que el Ministerio de Economía ni siquiera necesitaba, según una resolución del juez. También fueron procesados y embargados el ex secretario Legal y Administrativo del ministerio, Benigno Vélez; el ex director de Asuntos Administrativos de Economía, Alvaro Palencia Reffino; el ex titular de la Sigen Daniel Reposo; y los empresarios de la concesionaria, Fernando y Guido Guidi. Los autos de alta gama fueron adquiridos en 2009 por un total de 2.131.400 pesos y la flota –de la marca Volkswagen–estaba compuesta por trece vehículos modelo Bora, tres Passat y tres Vento.
Boudou está cerca de ser enviado a juicio oral por supuesto cohecho en la causa que investiga la venta de la ex Ciccone Calcográfica, y ya fue enviado a juicio por la falsificación de documentos de un automóvil Honda. Además, este año se esperan novedades en el expediente por su presunto enriquecimiento ilícito.
El juez Torres lo procesó sin prisión preventiva por “administración fraudulenta agravada”. Los autos investigados son de alta gama y fueron comprados a la concesionaria del empresario Guido Guidi. La amistad entre Boudou y el dueño de la agencia de autos también fue probada en la causa. De hecho, uno de los vehículos comprados con fondos del Ministerio de Economía fue destinado para uso personal del ex funcionario cuando asumió como vicepresidente en 2011 y para la órbita del Senado de la Nación.
Además, el magistrado lo citó a una nueva declaración indagatoria en un desprendimiento de esta causa por la supuesta falsificación de un informe de la Sindicatura General de la Nación hecha para justificar la compra de los vehículos en 2009.
Para el juez, la compra fue un “capricho” que “no sólo implicó la adquisición de un lote de vehículos no esenciales para el ministerio y por un monto superior”, sino que se le encargó a la firma Guido Guidi “por una vinculación que se presenta particular”. Además, “se trataba de comprar un automotor para uso particular”.