Gabriela Michetti pidió ser sobreseída
La vicepresidenta Gabriela Michetti presentó ayer un pedido de sobreseimiento ante el juez federal Ariel Lijo, quien lleva adelante la causa en la que se investiga el origen del dinero que le fue robado la noche del ballottage presidencial en su departamento de Balvanera. En el escrito, que presentaron los abogados Ricardo Gil Lavedra y Alicia Cano, la funcionaria calificó la denuncia en su contra de “vaga, genérica e imprecisa”, negó cualquier tipo de desviación de dinero público a la fundación SUMA y ratificó que los 50 mil dólares sustraídos fueron “donados” por su pareja.
Punto por punto, la vicepresidenta respondió en un documento de veinticinco páginas las acusaciones que recayeron sobre ella y por las que fue imputada en agosto por el fiscal Guillermo Marijuan.
Respecto de los 189.500 pesos que le fueron sustraídos, aseguró que se trató de “una colecta de dinero” para hacer frente a algunos “gastos de organización de la cena anual de recaudación de fondos” de la Fundación SUMA, que ella encabeza. Ese monto, afirmó, fue recolectado por tres personas elegidas por ella –su asistente, su hermana y el senador Federico Pinedo– y luego juntado en su departamento. “Cada uno de los contribuyentes aportó cantidades no demasiado significativas, que oscilaron entre $ 2.500, $ 5 mil, $ 10 mil y $ 15 mil”, describió.
Sobre los 50 mil dólares que guardaba en su placard, Michetti mantuvo su posi- cionamiento al ratificar que se trató de una donación de su novio, Juan Tonelli Banfi. “Me dijo que me los entregaba con destino a la maestría de (su hijo) Lautaro y que no me preocupara por la devolución”, narró. Y señaló que ese dinero prestado ya figuraba en su declaración jurada de 2015, “con anterioridad a la promoción de la denuncia que dio origen a esta investigación”.
Los restantes 45 mil pesos que fueron robados correspondían, según consignó Michetti, a dinero extraído de su cuenta sueldo “para atender a una pequeña obra de reparación” en su casa.
En cuanto a los balances de la fundación, la funcionaria aseveró que no existe “ningún recurso del Estado que se utilice para las actividades” de la organización, y que la ONG “ha dado cumplimento a las presentaciones de los balances cerrados”. Y agregó: “Por razones políticas no legales, no quiero que quede sombra alguna sobre su actividad”.