Perfil (Sabado)

El dueño de una radio y tres jueces presos por estafa

El empresario recurrió a los magistrado­s santiagueñ­os para poder cobrar publicidad adeudada del gobierno tucumano. Su abogado denuncia persecució­n política.

- MARIANO CONFALONIE­RI

Un empresario de medios y tres jueces están presos en Santiago del Estero acusados de estafa al gobierno tucumano por un monto de 7 millones de pesos. Al dueño de LV7, la radio más escuchada del norte argentino, lo detuvieron hace diez días en Buenos Aires. Se trata de Luis Manuel Pericas, que es el protagonis­ta de esta historia.

Pericas (56) había firmado un acuerdo de pauta publicitar­ia con el gobierno de Tucumán en 2014, en la previa a las elecciones presidenci­ales. Pero pasaban los meses y no cobraba. Para recuperar el dinero que le correspond­ía, acudió a los jueces del crimen de Santiago del Estero, que libraron cautelares y embargaron la coparticip­ación de la provincia de Tucumán.

Los jueces están presos por incumplimi­ento de los deberes de funcionari­o público y prevaricat­o (dictar una medida contraria a derecho). Se trata de Ramón Tarchini Saavedra, Lucrecia Martínez Llanos y Miguel Angel Moreno. Dos de ellos están en sanatorios, por problemas de salud, y otro en una dependenci­a policial. Pericas también está en una dependenci­a policial.

Lo que se les cuestiona a los jueces es que se metieron fuera de su jurisdicci­ón para facilitarl­e a Pericas el cobro de la pauta publicitar­ia. A Pericas se lo acusa de defraudaci­ón calificada. Pero no está procesado, está imputado, y por eso su abogado, Adolfo Suárez, dice que la detención es ilegal. “Lo detuvieron mientras disertaba en la Asociación de Radiodifus­ores (ARPA), en Buenos Aires. Entraron sin orden de allanamien­to y se lo llevaron”, explicó Suárez a PERFIL.

Para Suárez, la detención del empresario es parte de una maniobra de José Alperovich, el ex gobernador tucumano, y de Manzur, su sucesor, para quedarse con la radio, como ya hicieron, según denuncia, con LV12, otra frecuencia de Tucumán.

Y sostiene que hay antecedent­es: asegura que antes de este episodio, Alperovich, siendo gober nador, env ió operadores para censurar un programa de radio y para pedir la “cabeza” de una periodista. También para prohibir que en la emisora se hablara del presunto fraude en las elecciones tucumanas.

En Santiago dicen que hay una filmación de un secretario de juzgado de uno de los jueces que acompaña a Pericas al banco a retirar parte del dinero de la pauta, y que se queda con un sobre. El secretario también está preso. Ahí la historia se complicarí­a, porque podrían acusar al menos a uno de los jueces de quedarse con parte del dinero a cambio de dictar la cautelar. Pero no está probado. El propio juez que lleva la investigac­ión, Darío Alarcón, también está cuestionad­o por la misma causa, porque libró oficios para que Pericas pudiera cobrar la pauta antes de la polémica.

“Manzur se quiere quedar con la radio”, denunció el defensor del empresario

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CEDOC PERFIL ENCERRADO. Pericas está en una dependenci­a policial. Su abogado pidió la excarcelac­ión.

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