Macri venderá acciones del Estado en generación eléctrica
El Ejecutivo pasará a privados la participación pública en centrales térmicas con deuda y en malas condiciones. Recaudarían unos $ 35 mil millones.
El Gobierno puso en marcha un plan para desprenderse de las usinas eléctricas en las que el Estado tiene participación accionaria. Lo hace para solucionar problemas económicos heredados por los erráticos y oscuros manejos del kirchnerismo, que dejó centrales termoeléctricas a medio construir con evidentes sobreprecios y acumuló deudas millonarias con las compañías generadoras a raíz del congelamiento de las tarifas residenciales durante más de una década.
Pero, al mismo tiempo, la decisión de privatizar esos activos forma parte de una política del Ministerio de Energía, que entiende que el Estado no debe intervenir en el segmento de producción térmica, salvo en el caso de grandes represas hidroeléctricas y centrales nuclea- res apalancadas con financiamiento externo de país a país. Desde la óptica del ministro Juan José Aranguren, el Ejecutivo debe participar de negocios monopólicos como el transporte de energía en alta tensión. En ese negocio, por ejemplo, el Gobierno tomó esta semana el cocontrol de Transener –la mayor empresa del sector– tras pagar US$ 27 millones para quedarse con el 12,5% de participación que tenía Electroingeniería, la compañía eléctrica de los empresarios kirchneristas Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra. “Se apunta a construir un Estado inteligente. No se trata de ser estatista o privatista, sino de entender lo mejor para el país”, interpretó un encumbrado empresario de trato con la Casa Rosada.
Aunque podría entregarlas para pagar deudas, la venta de las centrales podrían recaudar $ 35 mil millones, según estimaciones del Estudio Bein & Asociados. En los hechos, el gobierno de Mauricio Macri pretende desprenderse de, al menos, seis usinas eléctricas, algunas ya terminadas y otras aún en construcción. La primera etapa de la iniciativa contempla la venta o concesión de las centrales térmicas en poder de Enarsa. La empresa estatal de energía creada por Néstor Kirchner –hoy presidida por Hugo Balboa, hombre de extrema confianza de Aranguren– busca transferir a manos privadas las centrales Ensenada Barragán, ubicada a las afueras de La Plata, y Brigadier López, en Santa Fe, según confirmaron a PERFIL fuentes privadas y gubernamentales. Desde Enarsa aseguraron que no tienen nada para comunicar.
La trama contempla un capítulo engorroso por sus esquirlas políticas: Enarsa deberá rescindir el contrato de construcción que estaba a favor de la UTE conformada por Iecsa, la constructora de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, y de la española Isolux (ver aparte). Con deudas. La segunda etapa del plan oficial prevé la cesión de otras cuatro centrales térmicas construidas –o aún en ejecución– durante el kirchne- rismo bajo complejos esquemas fiduciarios –el más conocido fue el Foninvemen– a través de los cuales el Estado financió con recursos públicos la instalación de usinas para devolver en especie deudas millonarias acumuladas con generadoras de energía por el congelamiento tarifario, que no permitió pagarles a los privados el costo real de la energía. En esa lista figuran Endesa (hoy propiedad de la italiana Enel), Sadesa (el holding liderado por Guillermo Reca, del que participa Nicolás Caputo, amigo de estrecha confianza del presidente Macri); y las norteamericanas AES y Duke Energy, entre otras.
Se trata, en la práctica, de resolver cuestiones irregulares e irresolutas de la gestión anterior. Bajo el esquema de Foninvemen, el Estado construyó las usinas San Martín, emplazada en Timbúes (Santa Fe), y Belgrano, en Campana. Son ciclos combinados que aportan, en conjunto, 1.600 megawatts (MW) de potencia al parque de generación, cerca de un 12% de la capacidad total. Como las centrales se solventaron con fondos del Tesoro –se utilizaron para canjear acreencias que tenían a favor los privados–, el Estado mantuvo, tras su inauguración en 2010, alrededor de un 35% de participación accionaria. En las centrales Vuelta de Obligado, también ubicada en Timbúes, que aún no está terminada (tiene un grado de avance operativo del 85%), y de Guillermo Brown (Bahía Blanca), que se encuentra en una fase similar de construcción, el Estado controla hasta un 70% del paquete accionario.
En todos los casos, según indicaron a este diario fuentes cercanas a la Casa Rosada y de tres empresas eléctricas, la intención del Ejecutivo es salir de esos negocios. No son, desde su óptica, activos estratégicos. Se trata, en rigor, de replicar un modelo ampliamente extendido a nivel mundial, según el cual la generación de energía con combustibles fósiles (gas, gasoil y fueloil) corre por cuenta de actores privados del mercado. Existen, además, particularidades domésticas que explican la voluntad del Gobierno. El kirchnerismo dejó el poder con una deuda del orden de los $ 25 mil millones con las empresas generadoras (unos US$ 1.650 millones). Una de las alternativas que se está estudiando en el área energética consiste en canjear ese rojo por la cesión de la participación del Estado en esas plantas.
En el Ministerio de Energía creen que la generación eléctrica es para los privados