El error de militarizar la seguridad pública

La normativa argentina establece una nítida separación entre defensa externa y seguridad interior. Este plexo jurídico fue sancionado por cuatro gobiernos (Alfonsín, Menem, De la Rúa y Kirchner) y constituye una “política de Estado” de la democracia recuperada.

Ello implicó el abandono de la “doctrina de seguridad nacional”, el retorno a la “doctrina de defensa nacional” y la fijación de ámbitos de actuación bien delimitados para los organismos militares y policiales.

Sin embargo, desde antes de las elecciones de 2015 se viene propalando la idea de militarizar la seguridad. Empecemos por los derrotados. Sergio Massa afirmó: “Vamos a llevar a las FF.AA. a los barrios que hoy están copados por los narcos”. Daniel Scioli expresó: “Como mi compromiso es la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico, vamos a implementar un blindaje de nuestros 2.500 km de fronteras con efectivos de las fuerzas de seguridad y FF.AA”.

El presidente Macri ha avanzado en esta misma dirección. A poco de asumir emitió el Decreto 228/2016 que declaró la “Emergencia de Seguridad Pública”. La norma autoriza al instrumento militar, en el marco de sus actividades de control del espacio aéreo, a derribar aviones civiles. Al margen de la discusión sobre si esto podría conllevar una situación de pena de muerte sin juicio previo, lo cierto es que se trata de una violación a la normativa vigente. La última expresión de Macri en la misma línea fue durante la celebración del Día del Ejército: “Necesitamos que las FF.AA. se adapten a las demandas y requerimientos del siglo XXI (…) trabajemos juntos contra las amenazas del terrorismo”.

Esta postura, que cuenta con la promesa de recursos de los Estados Unidos (siempre que se siga el “camino militarizador” de Colombia y México), suele tener apoyo en grupos locales. Estos plantean tres cuestiones: a) que las FF.AA. representan una estructura ociosa; b) que el carácter improbable de nuevas guerras convencionales fortalece la carencia de misión; y c) que las actuales leyes se sustentan en una tesis anacrónica: la de las FF.AA. como actores del sistema político.

A ello cabe oponer tres argumentos. Primero, señalar el “peligro” de los planteos facilistas que propugnan la intervención militar en asuntos de seguridad. Estas expresiones son guiadas por el ansia de dar respuestas inmediatas (aunque efímeras e insustanciales) a una ciudadanía atravesada por el narcotráfico. El recurso al facilismo de la “mano dura” refuerza la demagogia punitivista.

Segundo, parten de una apreciación incorrecta del estadio de evolución del narcotráfico. La sofisticación de este delito resulta aún precaria –si bien creciente– en la Argentina actual. Estas organizaciones aún no tienen sistemas de armas mayores ni tácticas militares. Y aún en el caso de que esto sucediera, la Argentina contaría para lidiar con ello con fuerzas militarizadas (la Gendarmería y la Prefectura).

En las actuales circunstancias se re- quiere, ante todo, capacidad de investigación criminal para desarticular a estas estructuras delictivas. Cualquier análisis serio exhibe, por ejemplo, que lavado de activos y narcotráfico marchan en tándem.

Una lectura atenta de los programas de estudio de las FF.AA. –del plan de carrera de la Academia Militar, la Escuela de Guerra específica y la Escuela de Guerra Conjunta– revela la ausencia de materias relativas a estas competencias. Esto es, existe una evidente desvinculación entre los programas de estudio de quienes se forman para la guerra y los de quienes luchan contra la criminalidad.

Finalmente, un asunto que parece lejano: el legado de la guerra de Malvinas. Militarizar la seguridad pública supone la inobservancia de las enseñanzas de aquel conflicto. En el Atlántico Sur quedó claro el resultado esperable cuando las FF.AA. se politizan y se adiestran por décadas para misiones de naturaleza no militar.