Nuevo impulso a la negociación de paz entre el gobierno colombiano y las FARC
Colombia sigue negociando un pacto de paz. Tanto las FARC como el gobierno incorporaron varios ajustes para obtener rápidamente un nuevo acuerdo que reemplace el que fue rechazado en el plebiscito, el pasado 3 de octubre.
“Las propuestas están siendo discutidas con todo cuidado. Muchas de ellas vienen siendo incorporadas a los textos de un nuevo acuerdo”, señalaron las partes en un comunicado conjunto ayer, sin adelantar el contenido de las reformas.
Las partes anunciaron que buscarán un nuevo pacto en medio del alto al fuego, vigente desde finales de agosto, aunque todavía es incierto si tras ello habrá una nueva refrendación vía consulta. Cambios. Por lo pronto, las delegaciones de paz, que por casi cuatro años diseñaron el pacto de La Habana, anunciaron en un comunicado que tras reuniones realizadas en La Habana “ratificamos que el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera contiene las reformas y medidas necesarias para sentar las bases de la paz y garantizar el fin del conflicto armado. Seguiremos adelantando esta labor desde el próximo jueves 3 de noviembre”.
Desde Bogotá, el presidente Santos anunció ayer el regre- so de sus negociadores para continuar hoy el diálogo con la oposición.
“He dado instrucciones para que todos se pongan en modo cónclave para trabajar de manera ininterrumpida y alcanzar un nuevo acuerdo lo más pronto posible”, dijo el jefe de Estado, quien se mostró optimista sobre la posibilidad de “lograr en días” un nuevo pacto con las FARC. Tic, tac. “El tiempo apremia porque el cese al fuego que pactamos es frágil”, advirtió el mandatario.
El acuerdo que perdió en las urnas prevé en esencia que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) depongan los fusiles después de más de cinco décadas, y se conviertan en partido político.
Ese pacto ya suscrito contiene fórmulas para mejorar la situación en el campo –escenario histórico del conflicto– combatir el narcotráfico, reconocer y reparar a las víctimas, así como garantías para la participación política de los futuros ex combatientes. Por qué no. Sin embargo, sectores liderados por el ex presidente Uribe se opusieron al negociado, alegando que los rebeldes podrían aspirar a cargos públicos sin ir a la cárcel.
Lo establecido en el acuerdo prevé que los responsables de delitos atroces –tanto guerrilleros como militares y civiles– que confiesen sus actos y ayuden a reparar a las víctimas podrán evitar la cárcel, y cumplir penas alternativas de reclusión.