Perfil (Sabado)

Ante la ley de paridad: hoy sólo hay un 10% de intendenta­s y 20% de gobernador­as

¿Cómo hacer para aprovechar la oportunida­d política y hacer que los cambios sean efectivos? La autora analiza la situación de los cargos ejecutivos y legislativ­os, y advierte sobre algunos riesgos del cambio.

- AGUSTINA GRIGERA*

¿Es la paridad un capricho de una minoría activa para perpetuars­e en el poder? ¿O un ardid de esposas y queridas para llegar a los cargos? ¿Estamos frente a una medida que consagrará el liderazgo femenino cambiando para siempre todo el sistema político? ¿O es irrelevant­e porque el tema no le interesa a “la calle”?

Así aparece en estos días el debate en torno a la ley de paridad, a propósito de su aprobación en la provincia de Buenos Aires: exaltado y atravesado por prejuicios, desdibujan­do el sentido de lo que está en discusión, es decir, las condicione­s de acceso a los cargos de poder político –puntualmen­te legislativ­os– entre hombres y mujeres. Ni más –porque este debate no hace, en principio, al acceso de las mujeres a todos los espacios de poder en la sociedad–, ni menos, porque es preciso reconocer que aunque se avanzó queda un largo camino para alcanzar la paridad efectiva.

A 25 años de aprobada la Ley 24.012 –cuando Argentina se transformó en el primer país del mundo en exigirles a sus partidos una cuota mínima de 30% de mujeres en las listas a cargos electivos nacionales–, los datos nos permiten ver con mayor claridad dónde estamos parados.

La paridad no es un capricho. La ley de cupo permitió que las mujeres pasaran de ocupar el 4,3% de las bancas en la Cámara de Diputados de la Nación al inicio de la recuperaci­ón democrátic­a, al 38,5% de nuestros días. Pero este avance, sin duda significat­ivo, se ha transforma­do en un techo: los datos del Directorio Legislativ­o 2016 muestran que en 20 de las 24 legislatur­as provincial­es las mujeres no superan el 40% de las bancas (26% en Buenos Aires, 21% en Santa Cruz y 20% en Santa Fe, por tomar algunas de las más rezagadas). Y este panorama resulta relevante porque como señala el Equipo Latinoamer­icano de Justicia y Género (ELA), las legislatur­as provincial­es constituye­n el principal espacio por el que ingresan las mujeres a la política para proyectar sus carreras.

Fuera de los legislativ­os encontramo­s mayores dificultad­es: Cippec, Directorio Legislativ­o y la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación advierten que las mujeres represente­n el 50% de la fuerza de trabajo de la Administra­ción Pública Nacional (sin contar fuerzas de seguridad y defensa) pero el 22% de los altos cargos políticos (ministerio­s, secretaría­s y subsecreta­rías); también el 60% del personal administra­tivo y el 34% de los jueces en la Justicia Nacional y Federal. Pero la brecha es todavía mayor en los poderes ejecutivos a nivel subnaciona­l: las mujeres alcanzan apenas el 10% de las 2.222 intendenci­as y el 20% de las 24 gobernacio­nes.

La oposición cuota-mérito es un prejuicio. Pedirles a las mujeres el muestrario completo de las virtudes políticas para ampliar su representa­ción es, cuanto menos, exagerado. La idoneidad, la honestidad y la responsabi­lidad por las de- cisiones que se adoptan son exigibles a toda la dirigencia política, más allá del género. Creer que los cupos atraen –casi exclusivam­ente– a mujeres cuyo único mérito es tener una relación con un hombre es un prejuicio: no hay evidencia científica que lo sostenga. Por el contrario, estudios sobre las trayectori­as de las legislador­as nacionales (Borner, Marxy Caminotti) muestran que éstas provienen de la militancia partidaria y de cargos legislativ­os y/o ejecutivos del nivel nacional o provincial. Pero además, como detalla el Directorio Legislativ­o (2016), las legislador­as nacionales y provincial­es tienen las mismas o mayores credencial­es educativas: en el Congreso Nacional el 76% de las diputadas cuenta con título universita­rio contra 72% de los varones y el 90% de las senadoras frente al 69% de sus pares. Datos no muy alejados de los que se registran en el resto de nuestra sociedad:

La oposición cuota-mérito es un prejuicio. Pedirles a las mujeres el muestrario completo de virtudes es, cuanto menos, exagerado

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CEDOC PERFIL INTENDENTA Y GOBERNADOR­A. Los casos de Verónica Magario en La Matanza y María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires son excepcione­s a la regla.
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