La ONU ahora pone la lupa en la política contra los inmigrantes
El Gobierno chocó con una voz crítica inesperada: la Organización de las Naciones Unidas. Al reclamo de la ONU por el encarcelamiento de Milagro Sala se le sumó otro motivo de fricción, a raíz del proyecto oficial (del que casi no hay precisiones) para endurecer los controles sobre los inmigrantes. El 22 de noviembre, una delegación del Gobierno deberá exponer en Suiza ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Y ese comité de la ONU ya adelantó una serie de preguntas (casi cuestionamientos) sobre la política migratoria, incluida la reciente apertura de un centro de detención de extranjeros.
La invitación de la ONU a un grupo de ONGs, de migrantes, de Derechos Humanos y hasta vinculadas a la Iglesia Católica, reforzará el clima adverso para el macrismo. Convocadas para dar su mirada, las agrupaciones ya redactaron un documento que pone la lupa sobre los cambios del PRO, tanto los impuestos como los proyectados. Al momento, el único funcionario confirmado para exponer es el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Pero también viajará alguien de Cancillería.
“Los programas de regularización –considerados positivos por este Comité– están presentando un cambio de lógica hacia la idea de persecución y sanción de la situación migratoria irregular, con la consecuencia de mayor número de órdenes de expulsión”, plantean las organizaciones en el informe que presentarán en la ONU. El documento de 29 páginas fue consensuado por el CELS, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, la Fundación Comisión Católica de Migraciones y Turismo, y la Red de Migrantes y Refugiadxs, entre otras.
Esas agrupaciones, a su vez, miran de reojo el proyecto para modificar la Ley de Migraciones 25.871. Si bien el Gobierno no quiere quedar pegado a la actual temporada de xenofobia –alimentada tanto por Donald Trump, como por Miguel Pichetto–, los Ministerios de Seguridad, del Interior y Cancillería están trabajando en una iniciativa para endurecer la política migratoria.
Mientras, el Gobierno abrió en Pompeya una especie de cárcel para inmigrantes, previa a su expulsión. El comité de la ONU ya adelantó su preocupación por ese centro: le pidió al macrismo detalles sobre el número de presos, las condiciones y plazos de detención. Y solicitó información sobre los “pasos dados para evitar una criminalización de los migrantes en situación irregular, así como a un aumento de la discriminación que sufren”. Tras escuchar a los representantes del Gobierno y las organizaciones, la ONU difundirá sus conclusiones el 9 de diciembre.
Claudio Avruj expondrá sobre los planes oficiales el 22 de noviembre en Ginebra