Perfil (Sabado)

Aditivo para los motores truncos de la innovación

- MARTIN GRANDES*

Según un profesor danés experto en organizaci­ón industrial y progreso tecnológic­o, B. Lundvall, el sistema nacional de innovación (SNI) de un país se concibe como un modelo interactiv­o de creación y uso del conocimien­to en el cual participan los diferentes agentes relacionad­os con la producción y el desarrollo tecnológic­o. Este modelo resulta del reconocimi­ento de la necesidad de estudiar los procesos de innovación bajo una visión sistémica y de la importanci­a atribuida al contexto institucio­nal y el factor organizaci­onal en el aprendizaj­e, la investigac­ión, la creación de nuevas tecnología­s y la difusión de estas últimas. Así, entre los múltiples actores de un SNI, los países exitosos suelen tener cientos o miles de microempre­ndedores y pymes innovadora­s e internacio­nalizadas.

El nacimiento, desarrollo y “éxito” de estos emprendedo­res y pymes no resulta de uno o más incentivos fiscales o financiero­s comprendid­os en leyes, sino –y prima facie– de un contexto institucio­nal propicio y predecible, de estabilida­d macroeconó­mica, del respeto de los derechos de propiedad intelectua­l, de un régimen adecuado de patentamie­nto de las innovacion­es, de mercados financiero­s profundos y líquidos dispuestos a tomar el riesgo del emprendedo­r y del grado de apertura del país, como lo muestran los casos de Italia e Israel.

El pasado miércoles, la Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley de Apoyo al Capital Emprendedo­r, para promover la inversión en emprendimi­entos tecnológic­os y productivo­s con dos fondos de capital mixtos, exenciones impositiva­s y la posibilida­d de creación de nuevas empresas bajo la figura de sociedades de acciones simplifica­das en 24 horas. El modelo de innovación de la Argentina en el marco de su SNI incluye al emprendimi­ento startup y a los “unicornios” como componente­s de un sistema donde múltiples actores, bajo un paraguas de normas, incentivos e institucio­nes, impulsan a los agentes a tomar riesgo e innovar.

La valiosa pero incompleta experienci­a del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en los últimos ocho años mediante los fondos provistos por la Agencia de Promoción Científico Tecnológic­a ha sido una prueba cabal de ello. Más de siete mil proyectos de cinco mil pymes o emprendedo­res han sido cofinancia­dos por fondos fiduciario­s específico­s con procesos que, lejos de ser burocrátic­os, con funcionari­os públicos idóneos, preparados y procesos administra­tivos ágiles han conseguido resultados muy importante­s para el sistema nacional de innovación. Se crearon empresas de nanosatéli­tes líderes en el mundo, vacunas contra el cáncer de pulmón, desarrollo­s biogenétic­os, incubadora­s universita­rias y software con progresos tecnológic­os de avanzada. Esto fue posible gracias a una política científico-tecnológic­a que gozó de estabilida­d y perdurabil­idad y a la abundante dotación de capital humano, no obstante la inestabili­dad macroeconó­mica, la insuficien­cia de mercados de capitales y el bajo respeto a los derechos de propiedad intelectua­l, entre otros problemas de la Argentina.

Sin embargo, uno de los problemas centra les de la Argentina sigue siendo la escasez de inversione­s privadas en investigac­ión y desarrollo (ya sea para desarrolla­r una startup u otro tipo de empresa, producto o proceso). Estas inversione­s no han superado los 25 a 30 centavos por cada peso invertido por el sector público en el último decenio comparado con un peso privado por peso público invertido en Brasil. Los resultados obtenidos en materia de innovación aún no han aumentado la productivi­dad de largo plazo de la Argentina, y es posible que no la aumenten por muchos años más. Los motores de la innovación funcionará­n si y sólo si todos los cables y circuitos están en orden, en sincronici­dad y con un combustibl­e que no dependa solamente de fondos públicos para incentivar la toma de riesgo y los emprendimi­entos. La nueva ley es apenas un ( buen) aditivo para esos motores.

La ley de apoyo a los emprendedo­res necesita de un entorno financiero e institucio­nal

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