La Justicia apunta a los bienes de Alberto Pérez
El ex hombre fuerte del gobierno de Scioli declaró que posee una casa en el country Abril, un departamento, una camioneta y una cuenta sueldo. Una jueza lo inhibió por $ 15 millones y le prohibió salir del país.
La causa en la que se investiga a la gestión de Daniel Scioli bajo la caratula “lavado de activos y distintas defraudaciones a la administración pública”, le dio un nuevo revés a la vieja administración esta semana, cuando la jueza de Garantías platense, Marcela Garmendia, dispuso la inhibición de bienes y la prohibición para salir del país del ex Jefe de Gabinete bonaerense Alberto Pérez.
La inhibición que se dispuso –además de la prohibición de salir del país sin autorización
En el sciolismo creen que el avance judicial tiene que ver con la campaña 2017
judicial– es de $ 15 millones, suma que se justificó en la resolución “debido al perjuicio ocasionado a la Administración Pública Provincial”, cuyo monto asciende a poco más de $10 millones.
Pérez presentó la última declaración jurada este año ante la AFIP, la cual fue solicitada por la fiscalía que lo investiga a cargo de Alvaro Garganta. En ella, el ex funcionario declaró una vivienda en el country Abril (donde vive) y el 50 por ciento de un departamento en el barrio porteño de Almagro.
Además, el hombre de mayor confianza de Scioli declaró una camioneta Volkswagen modelo 2012 y posee una cuenta bancaria (cuenta sueldo que conserva desde la gestión) en el Banco Provincia.
La inhibición de bienes recayó también contra el ex Subsecretario Administrativo de Pérez, Walter Carbone, a quien se le encontró una estructura de un dragón con una caja fuerte en el interiorde su casa del barrio privado Abril, y contra tres ex contadoras del área. Investigación. Pérez y Carbone están acusados como “coautores” del delito de “peculado de caudales o efectos en concurso ideal con el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, y con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El fiscal investiga si ambos “sustrajeron (durante 2014 y 2015) en por lo menos 25 ocasiones la suma aproximada de $ 10.720.347 destinados a supuestos eventos, mediante autorización expresa de pago en efectivo del primero a favor del segundo, que luego rendían con facturas apócrifas”.
A pesar del revés judicial, los abogados de Pérez están convencidos de que la causa tiene pocos elementos que involucren al ex jefe de Gabinete y aseguran que “se cae” con el tiempo, sumado a que las pruebas presentadas por la defensa “dejan en claro de que no hay delito”.
Desde el sciolismo están convencidos de que el avance judicial tiene que ver con la intención de correrlos de la carrera electoral 2017. A pesar de la causa judicial, Scioli confía en que su nombre volverá a estar en una boleta electoral para competir por la provincia de Buenos Aires.
“Estamos armando la campaña por un lado y viendo cómo nos tiran piedras todos los días”, repiten cerca del ex candidato presidencial. En su entorno están los optimistas que confían en la recomendación de los abogados de esperar a que la causa se “desplome” con el tiempo. Pero otros empiezan a advertir que tienen que salir a dar la batalla mediática contra una justicia que está dispuesta a terminar con ex funcionarios en la cárcel para sacarlos de la batalla electoral.