Deuda de la democracia
La defensa nacional no tiene prioridad en la agenda pública. Su discusión se limita a ciertos círculos académicos o castrenses, de los que participan unos pocos civiles y algunos militares con predilección por la reflexión estratégica.
Para la sociedad en general, y para la dirigencia –con excepciones–, se trata de un asunto desconcertante. Como afirmó el ex presidente interino Eduardo Duhalde en 2002: “Nuestras Fuerzas Armadas existen, pero no sabemos para qué; es uno de los temas pendientes de la democracia argentina”.
La cuestión sólo sale a la palestra cuando algún dirigente plantea el recurso a los militares en la lucha contra las “nuevas amenazas”. En la campaña de 2015, los tres principales candidatos sugirieron su empleo contra el narcotráfico. Por su parte, el gobierno de Macri vienen azuzando un papel para el sector castrense en la lucha contra el terrorismo.
Nada novedoso: durante los 90 y los 2000, Menem y De la Rúa amagaron con emprender el mismo camino. Duhalde coqueteó con la idea de una participación masiva de los militares en tareas sociales. Cristina alentó la asistencia en catástrofes y un rol socioproductivo para las FF.AA.; y el Ejército emprendió patrullajes en zonas de frontera con el objetivo de actuar contra el tráfico de drogas.
La vigencia de un “consenso básico democrático”, hilvanado por las leyes de Defensa Nacional (1988), Seguridad Interior (1992), Reestructuración de las FF.AA. (1998) e Inteligencia Nacional (2001), obturó este tipo de emprendimiento. En consecuencia, nunca se terminó de conformar un cambio en la misión primaria de las FF.AA.
Sin embargo, aquel consenso –al que debe sumarse la reglamentación de la Ley de Defensa en 2006– resulta insuficiente para responder a los desafíos actuales. El debate sobre si las FF.AA. deben volcarse a roles no militares ha impedido poner el foco en la reestructuración del sistema defensivo-militar.
La misión primaria de las FF.AA. se encuentra adecuadamente definida en la normativa. Es la defensa nacional frente a agresiones militares estatales externas. Las leyes regulan, bajo determina- dos procedimientos, su intervención en misiones subsidiarias (seguridad interior, catástrofes, misiones de paz, etc.). No es aquí donde emergen los desafíos para el sector.
El dispositivo militar argentino adolece de dos problemas: la persistencia de estructuras orgánico-funcionales y despliegues sobredimensionados; y las agudas limitaciones logístico-operativas. Desconocer esto llevará a licuar cualquier intento de mejora presupuestaria.
Para que nuevas inversiones puedan ser capitalizadas, deberán enmarcarse en un plan de reforma, basado en criterios de racionalidad funcional, optimización logística, concentración proporcionada de medios, proyección de fuerzas y accionar conjunto. El objetivo debería ser reducir la brecha entre las macroestructuras militares y los recursos presupuestarios asignados al sector.
No se busca “debilitar” la capacidad defensiva del país, sino asumir que las FF.AA. son, de hecho, más reducidas que en el pasado. De lo que se trata es de destinar una mayor parte del presupuesto a funcionamiento e inversiones. Una fuerza formalmente menor no es una fuerza menos eficaz.
La finalidad de las FF.AA. es prepararse para la guerra en tiempos de paz. Para ello no se necesitan enormes estructuras, sino dotaciones que estén en condiciones de prepararse desde el punto de vista operativo. Se requiere un conjunto de capacidades mínimas y necesarias para conformar una fuerza operacional, integrada por elementos de las tres Fuerzas Armadas. Si todo continúa como hasta ahora, peligrará incluso el cumplimiento de las misiones subsidiarias.
La cuestión de fondo es la “reforma militar”, verdadera deuda de la democracia argentina. Hasta tanto este desafío no se encare, volverán con recurrencia, por izquierda y por derecha, el escepticismo sobre el rol de los militares, los espasmódicos intentos de militarización de la seguridad pública y la asignación de funciones ajenas a la profesionalidad castrense.