Revisarán la evolución del patrimonio de los fiscales de la provincia de Buenos Aires

Cambios y un mayor control. En especial, para verificar el patrimonio de aquellos que se dedican a administrar justicia en la provincia de Buenos Aires. El desembarco, desde fines de diciembre, de Julio Conte Grand como flamante procurador bonaerense, en reemplazo de la quilmeña María del Carmen Falbo, ya trajo aparejada una novedad para el mundo judicial: la nueva gestión revisará el patrimonio de los funcionarios judiciales de alto rango, desde fiscales generales hasta defensores oficiales.

Se trata de una medida casi calcada a la que inició María Eugenia Vidal cuando, por decreto, en abril del año pasado obligó tanto a las altas jerarquías de la Policía Bonaerense como al Servicio Penitencario, así como a su gabinete entero, a presentar sus declaraciones juradas en la Escribanía General de la Provincia.

En concreto, fuentes bonaerense adelantaron a PERFIL que en las próximas semanas se avanzará en una reformulación de la presentación de declaraciones juradas. “Queremos analizar y examinar cuál es la información que consta allí y hacer un seguimiento que permita entender la evolución patrimonial de los funcionarios judiciales”, cuen- tan cerca de Conte Grand. “No alcanza con la presentación de las DD.JJ. cada tanto, sino que hay que analizar qué pasó en el tiempo con cada una de ellas”, agregaron las fuentes.

Hoy, los funcionarios judiciales tienen obligación de presentar las DD.JJ. pero no se estudia su evolución ni se entrecruzan esos datos con otras bases como los sistemas fiscales, bancarios o aquellos que tienen información sensible, como los registros de propiedad inmobiliaria y automotriz.

“Hay que estudiar qué pasó con el patrimonio de los f u n c io n a r io s ju d ic i a le s ”, confiaron en La Plata. ¿Cuál es la hipótesis? Que algunos de ellos, vinculados a mafias como el narcotráfico, hayan incrementado su patrimonio de manera exponencial y que esas DD.JJ. duerman en un archivo del Palacio de Justicia, en calle 13 entre 47 y 48.

La Procuración bonaerense tiene un presupuesto de $ 7.200 millones, y en ella trabajan casi 8 mil personas, divididas en tres grandes áreas de 19 departamentos judiciales: fiscalías, asesorías generales y defensorías. En la mira. En este marco, hay cinco fiscales generales en la mira. De ellos, uno ya fue apartado. Ellos son:

Fabián Fernández Garello, de Mar del Plata. Fue denunciado por la Comisión Provincial por la Memoria por su presunta participación en acciones de espionaje político y gremial, además de su infiltración en organismos de derechos humanos durante la última dictadura.

Federico Nieva Woodgate, de Morón. Se lo investiga por su desempeño durante la última dictadura. La presentación fue efectuada por Adolfo Pérez Esquivel en su carácter de presidente de la Fundación Servicio de Paz y Justicia.

Pablo Merola, de Mercedes. Desde la Comisión Directiva de la Asociación Judicial Bonaerense lo denunciaron por haber despedido “sin mediar razón”.

Enrique Ferrari, de Lomas de Zamora. En el Palacio de Justicia de la Provincia no confían en él. Algunas fuentes aseguran que suele estar armado y que no es sencillo el trato con él.

Julio Novo, de San Isidro. Fue apartado de su cargo y procesado por encubrir el “narcotráfico internacional”.