Política de la improvisación
El gobierno de la Ciudad declama en forma permanente su convicción de impulsar la movilidad sustentable. Es decir, realizar todas aquellas acciones para que nos podamos mover con mayor confort y seguridad, en menor tiempo y de forma más amigable con el medio ambiente. Esto se logra, principalmente, jerarquizando el transporte público, pero también estableciendo políticas orientadas al ordenamiento del tránsito que permitan optimizar los desplazamientos en vehículos particulares. Sin embargo, los objetivos que el GCBA se plantea en el inicio de este 2017 aparecen alejados de su propio discurso.
Veamos: como primera medida, el incremento en un ciento por ciento de la tarifa del estacionamiento medido en la vía pública. En un servicio que, por incapacidad propia, la gestión del PRO no ha podido licitar a la medida de una ciudad moderna, ha resuelto atemperar parte de la transferencia de recursos que genera a favor de empresas que se encuentran, mediante sucesivas prórrogas, hace 25 años a cargo del servicio y por el que pagan un canon de $ 110 mil mensuales, mientras que el Estado cubre $ 8 millones en compensaciones salariales, y con los polémicos acarreos como otra forma de asegurar la viabilidad económica de las concesionarias.
La segunda novedad es la pretensión de incrementar las tarifas de peajes de las autopistas urbanas entre un 60% y un 85% en la categoría más represen- tativa: el auto particular. Así, sin más justificación que el incremento de costos por inflación –que dudosamente alcancen los porcentajes mencionados–, el GCBA pretende incrementar los ingresos de la empresa AUSA, la cual utiliza para la realización de diversas obras que nada tienen que ver con la administración de autopistas, mediante un desproporcionado aumento a los usuarios.
Como última novedad, el paso de comedia con la tarifa del subte. El 30 de diciembre se publica una resolución de la empresa Sbase en la cual se solicita incrementar la tarifa en un 33%. El 2 de enero, sin mediar ningún hecho relevante, se publica una segunda resolución donde se deja sin efecto la publicada el día hábil anterior, con el argumento de tener en cuenta nuevos datos técnicos, elemento reclamado por casi todos los actores de la política porteña desde que el Gobierno se hizo cargo del servicio y nunca hasta ahora tenido en cuenta. Es inconcebible que una empresa que administra un presupuesto de más de 5 mil millones de pesos para este año demuestre tanto grado de improvisación y falta de rigor técnico. A fines de este año se vence la chance de contratar en forma directa a la concesionaria responsable de una deficiente prestación en los últimos veinte años, que incrementó la tarifa casi en un 600% y sólo agregó algunas estaciones más, y –tras una fortísima erogación– algunos coches con algo más de confort, mejorando apenas la frecuencia con respecto a los últimos 10 o 15 años.
A estas tres recientes muestras se les suma la incapacidad para resolver medios alternativos de transporte entre privados que puedan colaborar a desalentar el uso del auto propio en aquellos lugares donde el transporte público presenta falencias, y sólo pueden mostrarse como políticas activas la construcción inconexa de carriles exclusivos para el transporte automotor de pasajeros –que presenta mejoras comprobables sólo en los casos del corredor Juan B. Justo y la 9 de Julio– y la promoción del transporte en bicicleta, que representa una bajísima participación en las formas de movilidad.
Sería bueno pedirle al jefe de Gobierno que, antes de que los ánimos electorales hagan que estos temas sean centro de discusión, los transforme en eje de debate y acuerdos; que pare la pelota y convoque a todos los actores políticos de la Ciudad a discutir sobre todas aquellas políticas y herramientas tendientes a construir la movilidad que los porteños nos merecemos.