En un contexto de tensión sindical, el Gobierno apunta al fuero laboral
El Ejecutivo considera que los gremios y el kirchnerismo tienen en el
En el Gobierno la principal obsesión es crear condiciones favorables para la inversión y reducir los costos de contratación de trabajadores. Uno de los ejes de acción clave que definió el oficialismo es la reducción de los costos por litigiosidad laboral. Esta cuestión, mencionada por el presidente Mauricio Macri en varios discursos, amenaza con despertar un nuevo frente de conflicto con los gremios.
El diagnóstico que tienen los funcionarios abocados al tema es que existe una fuerte influencia de algunos gremios y de abogados laboralistas vinculados con el kirchnerismo, como el diputado Héctor Recalde y el ex ministro Carlos Tomada. Hay tres campos de acción del oficialismo que buscan reducir las citadas influencias: la reforma del sistema de Riesgos de Trabajo, la transferencia de los Juzgados Nacionales del Tabajo a la Ciudad de Buenos Aires y la definición de cargos vacantes en el fuero.
La reforma por decreto del régimen de las ART esta semana fue una medida que despertó alerta entre sindicatos y abogados laboralistas. Fuentes de la CGT confirmaron que hay temor de que este sea un paso que marque un nuevo ímpetu en la agenda de reforma de la Justicia laboral. El decreto fue la opción elegida, a pesar de que el conte- nido de la reforma había sido consensuado con los gremios y aprobado en el Senado (sólo restaba su aprobación en Diputados).
El cambio al régimen de riesgo laboral que trae el decreto es imponer una instancia administrativa previa, antes del inicio de acciones legales. En la actualidad, casi el 70% de los casos nace judicializado, cada año se inician más de 100 mil juicios y hay litigios en curso por cerca de US$ 4.500 millones. Desde la Asociación de Abogados Laboralistas, su presidente, Matías Cremonte, sostuvo que el resultado será “dificultar y dilatar al extremo el acceso de las víctimas a la Justicia, obligándoles a transitar por un kafkiano procedimiento médico-administrativo”.
Especialistas del sector evaluaron ante la consulta de PERFIL que cuando termine la feria, se multiplicarán los casos individuales que iniciarán un proceso judicial cuestionando la constitucionalidad del decreto. Además, el propio Recalde anticipó en una entrevista que el decreto será rechazado por la Comisión Bicameral del Congreso
La transferencia de los Juzgados Nacionales Laborales -entre otros- a la Ciudad había sido definida por decreto en noviembre, pero la medida fue pospuesta tras fuertes protestas gremiales, de abogados y jueces. El pase es una deuda de la reforma constitucional de 1994. A pesar de ello, en la CGT hay sectores que están dispuestos a resistir. Uno de los principales temores es que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad aporte una jurisprudencia menos favorable a las posiciones de los gremios.
El último frente de batalla es el Consejo de la Magistratura, donde se deben definir numerosas vacantes que hay en el fuero. La falta de designaciones de largo arrastre ha dilatado los procesos judiciales y encarecido los costos. Este es un punto en el que coinciden todas las voces. Sin embargo, no hay acuerdo por la parálisis que afecta al órgano de gestión.
Algunos procesos que deberían tardar un año, se prolongan por cinco o más. Entre los 80 Juzgados Nacionales del Trabajo de primera instancia, unos 30 están sin juez. En la Cámara de Apelaciones hay salas completas que se ocupan con magistrados de otras salas. Es, por ejemplo, el caso de la Sala 6, que emitió varios fallos que preocuparon al Gobierno. Hay cinco designaciones que están aprobadas para la Cámara pero no se completan por falta de consenso en el Consejo.