La fiscal del Correo va por más.
Un Nuevo dictamen de la fiscal Boquin amplio los argumentos contra el convenio entre el Estado y la empreas del padre del Presidente. Ademas se sumo una demuncia penal
Gabriela Boquin (en la foto con Gils Carbó) denunció el convenio con el Gobierno y emitió un nuevo dictamen contra la empresa. Tuvo el caso Ciccone y descree de los políticos.
La fiscal en lo Comercial Gabriela Boquín –quien denunció esta semana el convenio entre el Estado y el Correo Argentino– amplió sus argumentos y acusó a la empresa de Franco Macri, padre del Presidente, de actuar de mala fe al presentar una demanda contra el Estado en medio de las negociaciones por la deuda sin informarlo a la Justicia.
En paralelo, el fiscal de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez convirtió en denuncia penal el informe de Boquín: pidió investigar los delitos de defraudación por administración infiel por parte de los funcionarios públicos intervinientes, “tráfico de influencias” y “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
El caso estalló ante la prensa el miércoles, cuando en la página de noticias de la Procuración, al mando de Alejandra Gils Carbó, se publicó el dictamen de la fiscal ante la Cámara en lo Comercial por un hecho hasta entonces desconocido: un convenio entre el Estado y la empresa que pertenece a la familia Macri, hecho a seis meses de que Mauricio Macri asumiera el Poder Ejecutivo.
El pacto implicaba que la empresa pague una histórica deuda con la administración nacional en 15 cuotas anuales (desde 2018 hasta el 2033) y con un interés del 7% , sólo sobre el capital de la deuda.
Las partes destacaron que se trataba del pago de 600 millones de pesos, más del doble de la suma inicial.
Sin embargo, la fiscal Boquín sostuvo que ese convenio implicaba una quita del 98,2% porque no regían los intereses. Y que era abusivo porque, a criterio del área financiera de la Procuración (DAFI), provocaría un perjuicio en el Estado de $ 70.163 millones.
El Gobierno salió de inmediato a aclarar que era un buen negocio porque si no, no se cobraba nada. “No le perdonamos ni un mango a Franco Macri, nada, ni siquiera los intereses”, dijo el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa.
Se trata del funcionario que llevó adelante el convenio y cuya legitimidad para actuar en el caso fue cuestionado por la fiscal Boquín.
En el medio, c uatro de - nuncias penales llovieron en los tribunales de Comodoro Py 2002, motorizadas por el kirchnerismo que cayeron en los juzgados de Ariel Lijo y Ro- dolfo Canicoba Corral.
A eso se le sumó la denuncia penal de ayer del fiscal Rodríguez ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi.
Las críticas excedieron al kirchnerismo y se extendieron a todo el arco opositor.
El centro de las miradas fue Franco Macri, titular del grupo Socma y quien había calificado con un cinco a la gestión de su hijo como Presidente. Todavía guarda silencio.
Desde el Gobierno cuestionaron los números sobre los que se basó la fiscal para impugnar el acuerdo.
De todas formas, mientras el ministro de Telecomunicaciones Oscar Aguad admitía que hubo “un perjuicio” para el Estado, la fiscal Boquín doblaba ayer la apuesta: amplió su dictamen contra el Correo Argentino, que manejó Macri durante su período en manos privadas, y el Estado.
La funcionaria del Ministerio Público argumentó que hubo mala fe por parte de la firma en su promesa de pago porque 15 días antes del acuerdo, entabló –sin decirlo en la causa– una demanda por daños y perjuicios contra el Estado con mejores intereses que los que está dispuesto a pagar para evitar su quiebra.
Las encargadas de definir sobre el polémico convenio son las camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero (presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial) y Matilde Ballerini.