Una fiscal intransigente dispuesta a ir ante la Corte
Expuso un acuerdo del Estado que garantiza una quita millonaria de deuda a la familia Macri. Es especialista en concursos y quiebras. El Gobierno la asoció a Justicia Legítima. Según su entorno, descree de toda la clase política.
La fiscal general Gabriela Boquin está dispuesta a llegar hasta el final. Si los jueces de la Cámara Comercial deciden validar el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino que perdona una deuda millonaria a la familia del presidente Mauricio Macri, la funcionaria llevará el caso ante la Corte Suprema de Justicia. Así lo confirmaron fuentes judiciales a PERFIL.
Boquin viene dictaminando desde el 31 de diciembre en contra del acuerdo para cerrar el concurso preventivo del Correo Argentino abierto desde 2001, cuando estaba en mano de las empresas del Grupo Macri. Ya emitió tres dictámenes, que se conocieron esta semana, en los que reveló que el Estado aceptó una quita millonaria a la deuda de la empresa.
Desde que asumió como fiscal general ante la Cámara de Apelaciones del fuero Comercial de Capital Federal, Boquin intervino en decenas y decenas de concursos y quiebras. Pero el caso del Correo Argentino es el más sorprendente de su carrera. En su entorno, la fiscal asegura que sólo puede compararse con la quiebra de Ciccone Calcográfica, el caso que involucró al ex vicepresidente Amado Boudou, en el que el comportamiento del Estado y las irregularidades le resultaron similares. Pero el caso del Correo tiene matices más evidentes: sostiene que es abiertamente a favor de la familia presidencial.
Boquin tiene 47 años, perfil bajo y académico. Es especialista en concursos y quiebras, pero también dirige el Programa de Defensa de los Derechos del Consumidor, que asiste a los fiscales de su fuero en las investigaciones. En su entorno la definieron como una descreída de la clase política. Se recibió de abogada en la Universidad Católica Argentina (UCA) y se desempeña como docente en la UCA La Plata y la UBA. Incluso tuvo un paso por la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo.
Encabezó su propio estudio jurídicos desde 1995 hasta que asumió, en febrero de 2015, como fiscal. Como abogada privada asesoró a empresas, síndicos y acreedores de concursos preventivos. Fue asesora de la Inspección General de Justicia (IGJ) y ejerció varios cargos en el Colegio de Abogados de Capital Federal.
Mientras el Ejecutivo criticaba sus dictámenes y la aso- ciaba a la agrupación Justicia Legítima, Boquin se percató el jueves por la mañana de un trascendido que hizo circular el propio Gobierno a través de un medio: a cambio de la quita de la deuda, los Macri se habían comprometido a bajar una contrademanda al Estado por la expropiación del Correo en 2003. Boquin fue por más. Encontró un “doble negocio”: 15 días antes de la audiencia en donde se acordó la quita de la deuda, la familia Macri había iniciado esa demanda reclamando un interés del 11% hasta 2009. Al Estado le había ofrecido una quita del 7% a partir de 2018. La balanza se inclinaba siempre para el mismo lado y el Estado decía que sí. En base a la nueva información, Boquin firmó un nuevo dictamen y acusó a los Macri de “mala fe procesal” por no haber informado a la Justicia que mientras negociaban su deuda demandaban al Estado.
Para la fiscal el acuerdo es “abusivo” y el Estado terminará cobrando una tasa de intereses “irrisoria”, a años luz de la inflación. Según el cálculo de la perito Judith König, el acuerdo implicaría una quita actual de más de $ 4 mil millones y de más de $ 70 mil millones a 2033. El año que viene, si ese acuerdo es homologado, los Macri sólo deberán pagar al Estado $ 296 mil. Lejos de ese acuerdo, Boquin afirma que si el Estado se lo propone, puede recuperar todo lo que los Macri le deben.