Tarifas eléctricas: la ineficiencia produce costos aún mayores
Tanto el oficialismo como la oposición coinciden en que la estructura actual y heredada hace que el servicio y su valor necesiten un sinceramiento. Pero disienten sobre la modalidad del ajuste y sus efectos sociales.
Según el Banco Mundial, la misma Argentina que en 2018 presidirá el G20 en el primer trimestre de 2016 tuvo una caída interanual en el crecimiento económico del 1,3%, y un déficit primario acumulado del 1,9% en el PBI. Y en el segundo semestre, el Indec registró un desempleo de 9,3%. En ese contexto, el aumento en las tarifas de electricidad y los cortes en el suministro desagradaron. Calidad de servicio, composición tarifaria y reclamos, son aspectos a señalar a la hora de analizar el anuncio. Pero hay un elemento más: no sólo la electri-
“La energía es un bien escaso en todo el mundo. Y nosotros importamos gas, combustibles líquidos y, en algunas ocasiones, electricidad”, dice el ministro Aranguren.
cidad ya no es barata, sino que desde el Gobierno se habla de falta de eficiencia: se pierde mucha energía –en más de un sentido– en instalaciones obsoletas y en despilfarros. Esta es la base del discurso oficial.
Un día antes de entrar en vigencia la medida, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, informó que la “normalización del precio” en el servicio eléctrico busca “recuperar en la tarifa el costo económico de la generación de energía”. Definió aumentos de 61 a 148% y argumentó que la “emergencia eléctrica” es “reconocer que teníamos que empezar a resolver un problema de generación, transporte y calidad de servicio”. Sin embargo, la información anunciada causó más interrogantes que certezas.
“La energía es un bien esca- so en todo el mundo. Y en el ejemplo de Argentina, importamos gas, combustibles líquidos y, en algunos momentos del año, también electricidad. Esto nos cuesta caro”, dijo el ministro. Y prosiguió que “nuestra matriz energética es dependiente en un 86% de combustibles fósiles, los más contaminantes”. Tarifas. Para ahondar en el tema, PERFIL entrevistó al diputado Marcelo Díaz, presidente del bloque Progresistas- GEN, y a Diego Bondorevsky, economista investigador del Cippec, quienes presentaron informes técnicos sobre la situación tarifaria y energética en el país.
—¿Qué opina de los aumentos en las tarifas de energía eléctrica?
—Hubo error político en la idea de popularidad de la imagen para resistir aumentos y en no informar cuál es el plan. Hablar de tarifas es hablar de plan energético. Se deben establecer consensos y decir
la verdad a la gente. Mi crítica es que los cortes siguen igual aun cuando las empresas tienen otro cuadro tarifario. En cuanto al análisis en tarifas de electricidad, el Instituto de Políticas Públicas, ing. Marín del Congreso provincial entregó un informe para asesorar a los legisladores donde dice que los aumentos y subsidios fueron proporcionales al dólar. En 2006, el kWh costaba $ 0,08 y el dólar estaba a $ 3. En 2015, el kWh pasó a $ 0,4 el subsidio al 75% y el dólar a $ 13. En 2016, kWh y dólar costaron cinco veces más, y no hubo subsidio. Subsidios que pagó toda la población, aun quienes no tenían servicio eléctrico. El mayor beneficio fue en Capital Federal y el Gran Bs. As., donde están Edesur, Edenor y Edelap.
—¿Cómo se debería pensar el plan tarifario de un modelo de consumo?
—Primero, pensar que una persona sin luz, agua y gas no puede vivir. El Estado está obligado a brindar esos servicios básicos porque es el organizador de la comunidad, entonces el suministro y los precios deben ser razonables. Debe fijar un límite según el promedio salarial para preservar al grueso de la población, porque con $ 10 mil no se pueden pagar facturas de $ 2.500. Debe haber un porcentaje subsidiado y otro punitivo por exceso de ese límite. Lo segundo es practicar hábitos de ahorro. Y tercero, aplicar normas obligatorias de construcción para inscribir planos, según los problemas que tenemos.
—¿Es acertado comparar la tarifa local con la de otros países?
—Otros países pagan U$ 30 el barril y Argentina U$ 70, porque reconoce un precio mayor al internacional y subsidia a empresas petroleras. Acá el costo más alto sube toda la pirámide. —Eso impacta en el costo del consumo.
—Sí, por eso se debe abastecer a la demanda con diferentes tipos de energías. El Gobierno trae más centrales térmicas y un programa de energías limpias para llegar al 10% de consumo eficiente. Pero todavía hay localidades con generadores alimentados a gasoil, que se usaban en la Guerra del Golfo. En lo nuclear no hay voluntad de expansión y las obras hidráulicas no se terminaron. Está claro que todo contamina, el objetivo es lograr niveles compatibles con la vida, y las decisiones se deben tomar.
Cambio de hábitos. El Estado debe enseñar a consumir para alentar el ahorro. “Hay que explicar a cuánto equivale un kW por hora, en pesos, y desagregar los criterios de la factura con información correcta sobre el consumo para que la gente vea reflejado el esfuerzo del ahorro. Apagar la luz no alcanza. La pava eléctrica gasta mucho y el led poco. Otro hábito es la vestimenta. ¿Es necesario usar en verano saco, corbata, manga larga y el aire a 20 ºC? ¿Y si usa camisa de manga corta y pone el aire a 24 ºC? Esto también es parte de la concientización”, detalló Díaz. —¿Hacia qué modelo energético estamos yendo?
—El modelo energético responde a la planificación estratégica de obras públicas, y eso responde al modelo de país que se quiere. La idea de “emergencia” significa que un problema “serio” no debe pasar por los controles del Estado. Debemos sancionar la Ley de Obras Públicas para resolver y renovar los temas. Lo digo porque cuando Antonio Cafiero inauguró su gestión dijo que había dos urgencias a resolver: inundaciones y seguridad. Y ya pasaron veinte años. Deberes simultáneos.
Los especialistas coinciden con el Gobierno en que es necesario un cambio. “El Gobierno debe invertir en energía eléctrica, dejar de poner parches, hacer actuar los organismos de control y encarar obras de fondo. Debe preparar a la sociedad para el uso racional de servicios públicos y garantizando condiciones adecuadas para vivir”, dice Díaz.