Efecto Correo: apuran medidas para evitar nuevos conflictos de intereses
En medio de acusaciones cruzadas en el gabinete, el Gobierno prepara una reforma para definir cómo actuar frente a negocios del Estado que involucran a familiares.
Después de la marcha atrás que forzaron las críticas al acuerdo por la deuda de la empresa de la familia Macri, el Gobierno planea crear por decreto otro protocolo y modificar la ley de ética pública.
Contraatacar en una semana difícil. Tras los cruces internos en el Gobierno por el escándalo del Correo y las jubilaciones, el Presidente, Mauricio Macri, buscará retomar la iniciativa política y rearmar la agenda. En el caso del Correo, con el conflicto de intereses que su familia directa aparezca involucrada, el Gobierno empezó a elaborar en reserva un decreto para generar un protocolo de acción para que los abogados del Estado intercedan cuando familiares de funcionarios estén involucrados en licitaciones, acuerdos o temas de gestión.
Se trata de una suerte de contraofensiva política luego del embate que sufrió esta semana por parte de la oposición y de la Justicia, que además puso de relieve, al menos, cómo el Gobierno minimizó las consecuencias del impacto que iban a tener ambos temas.
El decreto en el que trabajan los asesores del Presidente implicará una serie de instrucciones a los abogados del Estado (Procuración del Tesoro) y a los organismos de control, con normas precisas de actuación en casos como el Correo, pero además que apliquen para licitaciones, acuerdos, resoluciones o normas que involucren a familiares de funcionarios.
La ley actual (el Decreto 411, de los 80) tiene previsiones cuando el interés es el del propio funcionario pero no existe regulación cuando está involucrado un familiar.
El borrador, en el que trabaja la mesa jurídica que asesora a Macri junto a la Oficina Anticorrupción y diputados de Cambiemos, incluy e un trabajo sobre legislación comparada. Es decir, cómo se resuelve en países como Chile y Perú, donde hubo, y hay, funcionarios que son empresarios.
Un segundo punto en el que trabaja el Gobierno es una reforma integral de la ley de ética pública que, según fuentes oficiales, fue recortada por el kirchnerismo. La idea que barajan en el macrismo es ampliar la iniciativa. Por ejemplo, modificar la revisión trimestral que supone un conflicto de intereses y que no sólo se limite a abogados del Poder Ejecutivo sino que sumarían al resto de los poderes. Costos. En la Casa Rosada creen que el Correo no generará mayores costos en la opinión pública ya que “estuvo lleno de mentiras” y no fue bien explicado por su complejidad. Pero, con dientes apretados, reconocen que las críticas por la baja de las jubilaciones les generará costos. Ambos casos tienen un denominador común: una mesa de coordinación diaria (con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los vicejefes, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, quienes se dividieron los organismos públicos), mesas de gestión semanales y mensuales con coordinadores por ministerio y, sin embargo, pocos sabían de ambos temas. “Si el tridente de Peña, Lopetegui y Quintana son sus ojos, Mauricio va a necesitar un oftalmólogo”, bromea un diputado nacional de Cambiemos. En este marco, en el primer piso de Balcarce 50 no dudan: culpan al ministro de Hacien- da, Nicolás Dujovne, por el cálculo erróneo sobre las jubilaciones. Pero el ex socio de Carlos Pagni en TN, entre sus allegados, culpa al vicejefe de abinete, Mario Quintana, quien no tuvo mejor idea que explicar que el error implicó tan sólo $ 20 por jubilado.
En ambos relatos, quien queda como un mero ejecutor es el joven Emilio Basavilbaso, el titular de la Anses, que venía de un cuestionado paso por el Instituto de la Vivienda porteño. “Emilio consultó y le dijeron que en la reglamentación de la ley había un cálculo mal realizado, consultó y le dieron el OK”, explica uno de los funcionarios al tanto del tema. Macri, ayer, tuvo que salir a respaldarlo.
El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, no quería meterse en un tema que involucrara a Franco Macri. Por ello, se lo esbozó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, en junio del año pasado como al pasar. Ni los abogados del Presidente, ni los aliados radicales, ni menos de la Coalición Cívica, estaban al tanto.
Todos se sorprendieron con el fallo de la fiscal que se opu-
Al Congreso enviarán una modificación para la ley de ética pública
so al acuerdo enhebrado entre el Estado, la empresa Socma y los acreedores. “Nadie quería hablar del tema, les daba temor”, confiesa un funcionario.
Eso sí, el jefe de asesores del Presidente, José Torello, se apuró a calmar al diputado Fernando Sánchez, mano de- recha de Elisa Carrió. Lo mismo hizo Quintana. De hecho, habían pensado en invitar a cenar a Carrió el miércoles por la noche a la quinta de Olivos.
Lo último que quería el Gobierno era que Lilita encendiera la mecha de una semana complicada.