Sofismas de las paritarias y los salarios
Las paritarias están en el centro de la actual discusión. Por un lado, los trabajadores tienen un objetivo dual: recuperar el poder adquisitivo perdido en 2016 (5,4% según CVS del Indec) y evitar que la inflación les gane a sus salarios en 2017. Por el otro, los empleadores (Estado incluido) pretenden que los nuevos salarios se discutan en base a la inflación futura en lugar de la pasada.
En este marco de las paritarias, nos parece importante desenmascarar tres sofismos (argumento falaz que luce como verdadero) que los malos economistas y algunos demagogos propagan sobre el salario, el mercado de trabajo y sus relaciones con la macroeconomía. Estos sofismos surgen cuando los analistas sólo consideran las consecuencias inmediatas de una política y/o sus efectos sobre un grupo particular, sin estudiar cuáles producirá a largo plazo, sobre todo el sistema económico.
El primer sofismo plantea una causalidad positiva desde salarios hacia crecimiento económico. Según esta lógica keynesiana, altos salarios elevan el consumo y traccionan la demanda agregada estimulando (vía acelerador) la inversión (empresarios no se pierden la oportunidad de producir y vender más) y expandiendo la oferta agregada. No sucede esto. La realidad es muy diferente.
La realidad muestra que la causalidad es desde la producción hacia los salarios; y no desde los salarios hacia la producción. Si se produce más y mejor, se pagan mejores salarios. Por el contrario, si se intenta pagar mejores salarios para que se produzca más, no se va a lograr ni una cosa ni la otra. Los salarios reales (en promedio) no suben y la producción no aumenta.
Por un lado, el salario real crece cuando la productividad del trabajo se incrementa. La productividad del trabajo aumenta con acumulación de capital físico (más máquinas y/o tecnología) y/o humano (mejor formación). Con mayor productividad laboral, el trabajador produce más y acrecienta la riqueza de toda la comunidad. El valor de sus servicios para los consumidores se incrementa; y así le pagan mejor. Por otro lado, el salario real responde a la ley de oferta y demanda en el mercado laboral. El salario real tiende a subir cuando aumenta la demanda de trabajo (con oferta laboral dada). Y la demanda de trabajo crece cuando las empresas invierten y amplían su capacidad de producción para producir y ganar más dinero. En pocas palabras, los salarios reales dependen positivamente de la producción y la generación de riqueza, no de la CGT, ministerios y/o Congreso.
Hace años que el sector privado está ahogado por el sector público. El gasto público (14 puntos porcentuales del PBI) y la presión tributaria (10 puntos porcentuales del PBI) superan el promedio regional. Consecuentemente, el costo de capital y la inflación triplican y quintuplican el promedio regional, respectivamente. El sector privado no puede hacer negocios y ganar dinero. Las firmas no tienen incentivos para invertir, mejorar su productividad y ampliar su producción. La actividad y el PBI per cápita caen. La demanda de trabajo permanece estancada. De hecho, la cantidad de trabajadores privados registrados es, en promedio, la misma que hace seis años.
Los números son elocuentes. La formación de capital (bruta) en maqui- naria y equipo se redujo 13% cuando se compara 2016 vs. 2011. Midiéndolo punta a punta, el PBI real (1,5%) y el PBI per cápita (7,4%) se redujeron en 2016/2011. En este marco, no sorprende que el salario real caiga 9,5% (octubre 11) y 13,4% (junio 13) durante el período.
El segundo sofismo es que el empleo público amortigua la suba del desempleo ante la falta de empleo privado nuevo. Esto puede ser afirmado sólo por profesionales que hacen análisis parcial y no general. El empleo privado sólo creció 0,4% entre 2016 y 2011. Paralelamente, el empleo público aumentó 12% entre 2016 y 2011. Ergo, se pasó de tener 3,2 a 2,8 empleados privados registrados por cada empleado público. Este mayor peso de los empleados públicos implica (sin reducciones en otras partidas) más déficit fiscal, que debe ser financiado con más presión tributaria, impuesto inflacionario y/o deuda. Estos tres mecanismos de financiamiento destruyen la rentabilidad de las firmas, penalizando la inversión, producción, empleo y salario real. En definitiva, el empleo público no amortigua la tasa de desempleo, sino que castiga la capacidad de la economía de crear puestos de trabajo formales y de calidad en detrimento del poder adquisitivo de todos los trabajadores.
El tercer sofismo es que los aumentos salariales son inflacionarios. El nivel general de precios y su variación (la inflación) se determinan en el mercado de dinero. Ergo, la inflación no se relaciona ni con el mercado laboral ni con el salario. Es decir, los aumentos de salarios no generan inflación per se.
¿Y entonces por qué algunos economistas hablan de controlar la inflación “pisando” los ajustes salariales? Porque son keynesianos, que piensan que los precios resultan de la suma de los costos de producción y un margen de beneficio “razonable”. Ergo, piensan que los aumentos de salarios y de rentabilidad son inflacionarios, entonces procuran controlar la inflación pidiéndoles a los trabajadores que sus salarios pierdan poder adquisitivo, y sugiriéndoles a los empresarios que pierdan rentabilidad. Los resultados de esta visión económica están a la vista. Sin los diez años de convertibilidad, en Argentina la inflación (expansión de base monetaria) promedió 170% promedio anual entre 1942 y 2015. La inflación es siempre un fenómeno estrictamente monetario. Hay inflación si se emite “de más”.
En este marco, los ajustes de salarios se transforman en inflación si y sólo si hay convalidación monetaria, es decir sólo si el BCRA emite los pesos para que la “macroeconomía pague esos aumentos de salarios”. Por el contrario, si no hay convalidación monetaria y el BCRA no emite esos pesos, una mayor suba de salarios implica necesariamente una menor suba (o descenso) de otros precios, con lo cual la inflación “queda” en el mismo “lugar”.
En síntesis, las negociaciones paritarias deben ser libres porque la interferencia del Estado no sólo no sirve para controlar la inflación, sino que es nociva para la inversión, la productividad, la capacidad de producción, la generación de empleo y el crecimiento económico; por ende, también para el poder adquisitivo de los salarios. Es más, menos empleo público (acompañado de baja de presión tributaria) también es positivo para el crecimiento, la demanda de trabajo privado y los salarios.