“Quiero que se cierre esta pesadilla con justicia”
El padre del Presidente dedicó un capítulo entero de su autobiografía a su participación en la privatización del Correo Argentino. De Menem a Cristina, el texto completo de su versión de esta larga historia.
A lo largo de mi trayectoria, y a pesar de lo que muchos suponen, no hice negocios únicamente con el Estado ni mucho menos. Obtuve los mayores beneficios de logros privados como la telefonía celular, la industria automotriz y actualmente Pago Fácil y Préstamo Fácil, en asocia- ción con General Electric, la organización financiera más grande del mundo.
El mismo espíritu que durante años guió mi conducta, junto con el profundo deseo de contribuir al desarrollo del pa ís, hi zo impensable que, luego de vender Sevel, las ganancias volaran hacia otro destino, como por ejemplo, una cuenta bancaria en algún centro financiero, para observar, tras cartón, la vida como rentista en una playa idílica. Por una cuestión de principios, siempre descarté la alternativa de transformarme en un ahorrista en dólares – como lo hicieron muchísimos titulares de empresas argentinas vendidas a extranjeros– y me dispuse a invertir en nuevos planes, con renovados sueños de realización.
Es obvio que, si hubiera sabido antes todo lo que iba a pasar, nunca lo habría hecho. El Correo ha absorbido mis energías desde que acepté su conducción. Las imposibilidades posteriores me frustraron sobremanera, me encontré atrapado en una telaraña que no me dejaba mover ni proponer. En estos años fueron muchos los que, con mejores y peores intenciones, me preguntaron por qué ingresé en
el negocio del Correo, que era el más difícil.
Es probable que la mayoría desconozca que antes me había presentado en otras cinco licitaciones sin lograr la adjudicación de ninguna, Aeropuertos y Aguas Argentinas, entre ellas. Tenía capital suficiente y créditos importantes de bancos argentinos y extranjeros y de organismos internacionales, y pretendía invertirlos aquí. Como siempre lo había hecho, aun durante los peores momentos críticos (un ejemplo fue el emprendimiento de Movicom/ BellSouth, instrumentado en el pico de la hiperinflación alfonsinista en 1989). La única licitación que quedaba para poder participar era la del Correo.
Nunca fui un aventurero. Antes de decidirme definitivamente dediqué el tiempo necesario para estudiar con la mayor precisión el nuevo proyecto. Tres organismos internacionales hicieron un estudio exhaustivo y concluyeron que, si el Gobierno cumplía con lo pactado en el contrato de concesión, la nueva empresa sería muy exitosa. El Correo me permitía continuar con mi histórico nivel de empleo y lo consideramos una operación con reales posibilidades estratégicas. Pensamos que invirtiendo en tecnología (hard y soft), en management, en capacitación al personal, en equipos y plantas, etc., podrían alcanzarse los estándares internacionales y competir perfectamente en un mercado totalmente desregulado.
Es importante recordar que, hasta nuestro arribo, el correo oficial argentino, castigado por ineficiencias y carencias, no estaba reconocido mundialmente. Ya había dejado de ser aquel correo lleno de anécdotas, como la que cuenta que en las primeras décadas del siglo podía encontrar a un ignoto inmigrante (una verdadera aguja en un pajar) y entregarle la misiva con una dirección equivocada que le habían escrito sus parientes de Europa.
NUNCA DESPEDI A NADIE. Lo cierto es que, en el momento de la licitación, el Estado perdía con Encotesa sesenta millones de dólares anuales. No podía sostener más el servicio. La empresa estaba totalmente colapsada. Tenía 23 mil empleados.
La nueva empresa concesionaria del Correo Argentino SA (CASA), destinó cuatrocientos millones de pesos/dólares para un fondo de retiro voluntario. Este fue aceptado por 11 mil agentes, lo que indica claramente sus bondades. Pudimos lograr así una estructura operativa ordenada y empresaria, capaz de generar utilidades, que el Estado hoy percibe, como resultado de nuestra titánica tarea.
Además, recibimos el Correo con 88 representaciones sindicales. Convivimos todos en armonía, no hubo huelgas ni conflictos.
El Estado solamente tenía que cumplir con los compromisos asumidos en la licitación: emitir una ley marco regulatorio del mercado postal que asegurara al concesionario condiciones igualitarias de operación, controlara el cumplimiento de la ley y resolviera el tema de las asimetrías laborales entre el Correo y la competencia privada.
Hicimos nuestra parte. Pero el Estado no hizo la suya.
Ante los conflictos generados por su incumplimiento, propuse a tres gobiernos sucesivos retirarme del Correo, pero no lo aceptaron. Mi mayor error fue esperar que la administración pública cumpliera con sus compromisos, mientras continuábamos con nuestros planes, que requerían grandes inversiones. Nadie puede leer el futuro. Mi pecado fue confiar en el Estado y uno de los dolores que aún me castigan respecto del tema del Correo es que algunos dirigentes siguen emitiendo opiniones
Kirchner “no tuvo el tiempo necesario para estudiar años de historia y decidió una rápida rescisión sin esperar el resultado judicial de la convocatoria en curso”
sin conocer los pormenores de aquella experiencia y mucho menos las injusticias que se abatieron sobre nosotros.
Con exceso de personal, falta de calidad y capacitación, servicio e inversiones insuficientes, el Correo, antes de nuestro ingreso, no podía tener futuro en un devenir histórico donde irrumpían continuos avances tecnológicos. No disponía de recursos indispensables para actualizar su equipamiento. Emergía, como duro condicionante, la pesada carga de una burocracia ineficiente en la administración del negocio. Y, como si todo eso fuera poco, el Correo ya había perdido el monopolio de la actividad postal, lo que lo obligaba a competir en precio y servicios con un número cada vez mayor de empresas privadas, algunas operando en el circuito legal y otras en el ilegal.
No podemos olvidar, además, otras circunstancias aparentemente ajenas al proceso licitatorio pero que sin duda, por sus connotaciones políticas y sociales, convertían esta privatización en un hecho de fuerte trascendencia mediática. Tengamos presente el descarnado enfrentamiento del entonces ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo con Alfredo Yabrán por el negocio postal. Agréguese el caso Cabezas más aquel final con el suicidio del mencionado empresario.
Es lógico suponer entonces que, más allá del interés por resolver un desquicio económico y un déficit creciente sin solución, algunos sectores del Gobierno querían también sacar de la agenda pública lo antes posible el tema del correo oficial. Eso explicaría sus acciones cuando asumieron compromisos que luego no cumplirían.
¿No habré sido usado como fusible entre poderosos intereses públicos y privados, más allá de mi frontal accionar empresario?
HISTORIA DE LA ADJUDICA
CION. Lo cierto es que, el 1° de septiembre de 1997, Correo A rgentino SA se hizo cargo del servicio que prestaba Encotesa, tras un concurso licitatorio que requirió de una segunda vuelta entre los dos primeros postulantes para mejorar ofertas. La diferencia entre uno y otro no superaba el 5%. Nosotros acrecentamos levemente la cifra establecida como canon razonable a pagar siempre y cuando se cumplieran las condiciones fijadas por el pliego con un monto de 51.600.000 pesos. La sociedad encabezada por el Grupo Liberman, que nos disputaba la entrada al Correo, no alcanzó ese monto, manteniendo la oferta inicial de 48.500.000 pesos.
Una diferencia mínima que prueba que no estuvimos nada errados al hacer los cálculos para formular nuestra propuesta. Ni Liberman y sus socios ni nosotros nos lanzamos al ruedo con números descolgados de la realidad. En esa etapa, el Grupo Liberman contaba con el respaldo técnico del correo oficial de Alemania (Deutsche Post AG) y de uno de los holdings más importantes del planeta, Row Group. Nuestra empresa – CASA– proyectó su oferta con el asesoramiento del que es el operador postal más prestigioso del mundo, el British Post Office. Participaron como socios la Corporación Financiera Internacional (CFI), que es el brazo de negocios del Banco Mundial, y el Banco de Galicia y Buenos Aires Los pergaminos de los nombrados responden por sí solos a los comentarios malintencionados que sostuvieron que los montos fueron “demasiado altos” para el negocio en cuestión o a los cálculos azarosos por no haber hecho bien las cuentas.
CASA fue aceptado para cumplir con el contrato de concesión del servicio de co- rreos, por el plazo de treinta años.
Los críticos de la actuación de CASA como operador del servicio postal deberían leer, cuanto menos una vez, lo que figura en aquellos pliegos y en el data-room sobre cuya base se formularon las ofertas. Así se enterarían de detalles muy interesantes.
¿Cuáles fueron los objetivos del Gobierno en la licitación? Está escrito en el decreto y en el articulado del Pliego de Bases y Condiciones. Son, entre otros, los siguientes:
Lograr que los servicios de la ex Encotesa se prestasen con estándares de calidad de servicio comparables, como mínimo, a los de países más eficientes, de similares características geográficas, poblacionales y económicas.
Garantizar el acceso de toda la población a los Servicios Postales Básicos Universales, a precios accesibles.
Asegurarle al concesionario condiciones igualitarias de operación en un mercado desmonopolizado y abierto a la competencia.
Las obligaciones del Estado nacional con CASA también fueron explicitadas. Para asegurar al concesionario condiciones igualitarias de operación el Estado debería, entre otras obligaciones:
Dictar un reglamento operativo de la actividad, que garantizara una competencia leal, efectiva y sostenida en el tiempo. Confiriendo a la autoridad de control las facultades y los medios para controlar a todos los que actúan en el mercado postal.
Fiscalizar a todos los agentes del mercado postal. Vigilando el cumplimiento de sus obligaciones impositivas, provisionales y sociales (AFIP, Anses). Controlando la inscripción en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales en todo lo relativo al cumplimiento de las condiciones de calidad y eficiencia de los servicios.
Garantizar al concesionario la cobranza regular de los servicios prestados a las entidades y organismos de la administración pública, mediante un régimen de caja única o pago unificado. Las obligaciones del concesionario consistían en:
Pagar un canon de 51.600.000 pesos por semestre adelantado.
Realizar una inversión obligatoria de veinticinco millones de pesos anuales durante los primeros diez años de concesión y 1% de la facturación durante los veinte años siguientes.
Mantener una red de puntos de venta en todo el país. Incorporar adelantos tecnológicos. Los derechos del concesionario consistían, en síntesis, en:
Operar en condiciones de igualdad respecto de los prestadores que actúan en el mercado postal.
Ser el prestador único de los servicios telegráficos, carta documento, telegrama colacionado y certificaciones de correo electrónico.
Exclusividad en la emisión de sellos postales y prestaciones filatélicas.
LOS “TRUCHOS” CONTINUARON. LA CAJA DE PANDO
RA. Pasado el tiempo, el Estado defraudó mi confianza. No cumplió con ninguno de los compromisos acordados. No convocó a paritarias, no elaboró ningún reglamento, desprotegió los derechos de exclusividad, se negó a pagar los servicios postales que prestamos a los entes públicos, renovó decenas de licencias que vencían cada año y otorgó decenas de otras nuevas. No sólo no cumplió con la licitación sino que ignoró, como en tantos otros campos, su rol constitucional de administrador de la cosa pública. Hace cuatro años, en el 2000, la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) tenía registrados 279 prestadores con licencia y 190 correos clandestinos. Pero bastaba con que cualquiera se tomara el trabajo de hojear las Páginas Amarillas y las Páginas Doradas para comprobar que figuraban más de novecientos
correos “truchos”. La CNC siguió otorgando licencias casi sin control. Por otra parte, trascendía que, incluso entre los correos “debidamente registrados” un gran número evadía sus compromisos fiscales y provisionales. Por supuesto: los “truchos” y los que se manejaban “en negro” tenían costos mucho más bajos que los nuestros. Se nos acusó que buscábamos ejercer un “monopolio” cuando en realidad sólo deseábamos honestamente que se respetaran las reglas de juego.
En este aspecto me parece muy importante recordar que en agosto de 2003 visitó Buenos Aires Thomas Leavey, director general de la Unión Postal Universal, quien opinó sobre el caso de Correo Argentino: “Nosotros lo hemos seguido con mucha atención. La experiencia ha sido exitosa pero el mercado para el correo oficial no tuvo el crecimiento esperado ni el prestador obtuvo beneficios por la concesión. Entiendo que este fracaso tuvo que ver con la participación de muchos operadores no autorizados en el mercado. Lo que lo hace un caso especial es la cantidad de operadores, que son más de ochocientos. En América Latina es común la existencia de un correo paralelo, pero el desarrollo que ha alcanzado en la Argentina es extraordinario”.
En aquellas declaraciones, Leavey desaconsejó la rescisión del contrato por ser Correo Argentino SA evaluado como un ejemplo de calidad y eficiencia a nivel mundial que podría desmejorar rápidamente con un cambio de concesionario.
Sin embargo, los condicionamientos externos se multiplicaron. En efecto, nuestra oferta de canon incluía, además, recibir en comodato la infraestructura de Encotesa, razonablemente eficiente. ¿Qué y cómo fue lo que recibimos? Nos entregaron una infraestructura mal diseñada, con edificios inadecuados y, en general, en condiciones lamentables. En el detalle de los pliegos para el concurso no figuraba que de las 1.228 sucursales había 740 que no tenían ni siquiera habilitación municipal, ni que el 17% del total directamente resultaba inutilizable por su estado penoso y que otro 61% requería la realización de refacciones importantes y costosas.
Como dato ilustrativo: ninguna sucursal disponía de facilidades para discapacitados, que por ley son obligatorias. Hubo que invertir mucho dinero para hacer viables esos edificios, sin infraestructura y mal mantenidos. Además, más de un centenar de esos edificios no correspondían al uso comercial sino que se trataba de viviendas destinadas al personal jerárquico y otros empleados, según acuerdos negociados entre la vieja administración oficial y los sindicatos del sector. Un ejemplo increíble: en el edificio principal del Correo funcionaba una imprenta que usufructuaba un grupo de funcionarios.
Estas irregularidades pudieron ser detectadas recién un año después de que obtuviéramos la concesión, ya que en el show-room (las bases de la licitación) no preveían nada de lo mencionado y solamente por esta razón CASA tenía el derecho incontestable de ajustar el contrato y que siempre fue desoída por las autoridades de turno.
A pesar de todo, durante los primeros veinticuatro meses Correo Argentino realizó las inversiones a las que se había comprometido y también las que fueron surgiendo a medida que se abría la tapa de esa verdadera Caja de Pandora que guardaba la infraestructura física de Encotesa. La realidad es que, en lugar de los 150 millones de dólares de inversión obligatoria, se invirtieron 761 millones de dólares para alcanzar los niveles tecnológicos necesarios. Cumplió con impuestos por 429 millones de dólares, giró contribuciones por 451 millones y efectivizó canon por 237,5 millones de dólares.
Al cerrar nuestra gestión tenía 2.017 sucursales y 3.479 unidades postales; dieciocho centros de tratamiento postal donde se recibe y clasifica correspondencia por área; cincuenta y cuatro centros de distribución domiciliaria; posee el centro de clasificación automática de correspondencia más moderno de América Latina (construido y puesto en marcha en tiempo récord); y logró informatizar toda su red nacional de sucursales y unidades postales.
Los dos primeros años de la concesión coincidieron con los dos últimos años de la presidencia de Carlos Menem. Repito: no obstante los incumplimientos del Estado, Correo Argentino SA pagó el canon completo correspondiente a ese período. Y efectuó inversiones muy superiores al compromiso inicial.
Este hecho es notable teniendo en cuenta que, en otras privatizaciones y sin ese tipo de gravísimos problemas contractuales generados por una de las partes (en este caso el Estado), los concesionarios no pagaron sus cánones y no efectuaron las inversiones previstas por contrato a raíz de los dramáticos episodios económicos y sociales que castigaron a la Argentina en 2001 y parte de 2002.
El presidente Carlos Menem se comprometió reiteradas veces a resolver la negligencia, hasta que finalmente –cuando nos rendimos ante la evidencia de que OCA tenía más respaldo que CASA– decidimos salir del sector y ceder la concesión a OCA. El Poder Ejecutivo no firmó el decreto correspondiente y el problema quedó sin solución.
El Directorio me planteó la necesidad imperiosa de solicitar el concurso preventivo. Era imperativo en defensa de los acreedores y de todos los intereses involucrados en un proyecto de semejante envergadura.
Nos vimos en la necesidad de solicitar, el 19 de septiembre de 2001, el concurso preventivo de acreedores, con el propósito de preservar el patrimonio, asegurar la fuente de trabajo de 13 mil empleados directos y otros 8 mil indirectos, de proteger a sus acreedores y de asegurar la prestación continua.
Menem hizo caso omiso de lo pactado. Fernando de la Rúa incumplió y del mismo modo actuó Eduardo Duhalde. En el caso del actual gobierno (NDR, por el de Néstor Kirchner), los hechos muestran que no tuvo el tiempo necesario para estudiar años de historia y decidió una rápida rescisión sin esperar el resultado judicial de la convocatoria en curso. Durante la gestión de Fernando de la Rúa faltó financiación de todo tipo. En plena crisis nacional, los accionistas hicimos nuevos aportes por 58,9 millones de dólares, no exigidos por el contrato y otorgamos préstamos financieros por 147,1 millones de dólares.
Pero es importante entender que Correo Argentino SA no es sólo Macri. Mejor dicho, es Macri y sus socios. Entre todos logramos una organización con estándares internacionales que fueron reconocidos por la Unión Postal Universal.
Habrá que evaluar con objetividad a cuánto asciende el daño al país cuando el Estado no respeta contratos.
Y mucho más cuando vulnera acuerdos con un organismo de crédito, como la Corporación Financiera Internacional, socia del Correo Argentino.
¿Cuáles son las razones de la rescisión? No lo sé y confieso desde el fondo de mi alma que me cansé de luchar para conocer la cabal motivación de la decisión estatal. Sólo me resta decir que tengo confianza en que la verdad y la razón finalmente se impongan.
No estoy buscando que me devuelvan el Correo, sino que se cierre esta pesadilla con justicia.
Tengo confianza en que la verdad y la razón finalmente se impongan. No estoy buscando que me devuelvan el Correo, sino que se cierre esta pesadilla con justicia