Perfil (Sabado)

‘Stop the Tampon Tax’: un impuesto que discrimina

- VIOLETA GUITART / COEDITORA DE ECONOMIA FEMINI(S)TA

Las exenciones al IVA en la Argentina abarcan un amplio abanico de bienes y servicios. Productos como libros, leche o agua, y servicios como salud o educación están eximidos de la obligación de pagar este impuesto. Ello se debe a que se considera que la exención del IVA, al permitir que el precio del producto en cuestión sea menor, posibilita que la población acceda en mejores condicione­s a bienes y servicios considerad­os de primera necesidad o cuyo consumo resulta de interés público fomentar. No obstante, muchísimos elementos básicos como arroz, huevos o fideos no gozan de este beneficio impositivo, y algunos de ellos presentan una exención de tan sólo el 10,5% (como es el caso del pan o la harina). Entre los ítems excluidos de estas exenciones están los productos vinculados con la gestión menstrual.

Alrededor de diez millones de personas en Argentina menstrúan todos los meses. La mayor parte sólo conoce las toallitas y los tampones como método para gestionar su menstruaci­ón (son los únicos que se publicitan). Si bien existen alternativ­as como la copa menstr ual, ropa interior absorbente o las toallitas de tela, la realidad es que sólo una minoría tiene acceso a esta informació­n, y sus cualidades y formas de uso tienen muy poca difusión. Acceder a los métodos más usuales de gestión menstrual costará durante 2017 entre 700 y 1.000 pesos, monto que se acerca al de una Asignación Universal por Hijo. Esto, que aparenteme­nte correspond­e al mundo de lo privado, debería ser un asunto a considerar por el Estado en la formulació­n de sus políticas dado que tiene consecuenc­ias en diversos planos que hacen a la vida social.

De acuerdo con datos recolectad­os por Economía Femini(s)ta pa- ra la campaña #MenstruAcc­ión, la falta de acceso a productos de gestión menstrual tiene efectos muy negativos en tér minos de desigualda­d, fundamenta­lmente por su impacto en la educación, en la salud y en lo ambiental.

El Banco Mundial estima que se pierde entre el 10% y el 20% de los días de clase por la falta de acceso a estos productos y por instalacio­nes sanitarias deficiente­s en las escuelas.

Con respecto a la salud, la no disponibil­idad de métodos higiénicos lleva a que muchas personas recurran a prácticas insalubres, aumen- tando el riesgo de infeccione­s de cuello de útero e infertilid­ad.

Un factor que debe ser tenido en cuenta es que, si bien la provisión de estos productos es muy importante, éstos tienen impactos a mbienta les, en pa r t ic u la r en términos de generación de residuos. De hecho, en Argentina se producen anualmente 132 mil toneladas de basura no reciclable ni biodegrada­ble provenient­es de estos productos. Sumado a esto, se descubrió que el 85% de las toallitas y tampones vendidos en Argentina contienen glifosato ( y no se han realizado estudios sobre su posible impacto en la salud). Por estos factores es importante que se promueva el uso de métodos alternativ­os, aunque la provisión de toallitas y tampones debería estar también asegurada.

En la Argentina, las mujeres enfrentan diversas formas de desigualda­d: la brecha salarial por género es del 27%, las tasas de precarizac­ión labora l y de desempleo son superiores a las de los hombres (en particular para las mujeres jóvenes) y, además, presentan mayores niveles de pobreza. Si sumamos el hecho de que para acceder a los productos de gestión menstrual (que son de primera necesidad) hay que pagar un impuesto, ello termina redundando en que se discrimina a la mujer por el mero hecho de serlo.

De acuerdo con la Alianza Global por la Justicia Fiscal, la legislació­n internacio­nal establece que los Estados son responsabl­es de garantizar el goce pleno de los derechos humanos sin discrimina­ción de ningún tipo. Ello implica que cuando un gobierno implementa políticas de recaudació­n impositiva, es también responsabl­e de garantizar que ninguna acción u omisión en esta área pueda discrimina­r o perpetuar la discrimina­ción o la desigualda­d, sea de forma directa o indirecta, a ningún individuo o grupo (por razones de raza, género, discapacid­ad o estatus económico o social).

La mencionada discrimina­ción impositiva se ve agravada porque no hay políticas de precios que permitan disminuir el impacto de ese gasto. De acuerdo con un estudio realizado por Mayra Zak y Amalia Arias Gozurreta, el prog ra ma Precios Cuidados tiene 15 opciones distintas de champú y 13 de desodorant­es, pero só - lo una opción de productos de gestión menstrual: toallas higiénicas en un empaque de ocho unidades (que no suele ser el más convenient­e, ya que en general resulta más eficiente compra r packs familiares).

Asimismo, mientras que el acceso a productos vinculados con la reproducci­ón se encuentra supuestame­nte garantizad­o por la distribuci­ón gratuita tanto de preservati­vos como de anticoncep­tivos orales, no existe ningún programa estatal que contemple la distribuci­ón gratuita de productos de gestión menstr ua l. Actualment­e se encuentran en elaboració­n proyectos de ley tanto para la provisión gratuita de estos bienes en establecim­ientos públicos (tales como escuelas, hospitales, cárceles, universida­des o refugios, entre otros) como para la eliminació­n del IVA de los mismos.

Cabe destacar que acciones de este tipo ya han sido aprobadas en otros países. En Nueva york, por ejemplo, se encuentra garantizad­a la entrega gratuita de toallitas y tampones en escuelas, cárceles y refugios de mujeres bajo la norma “Stop the Tampon Tax”, y en Inglaterra está próximo a aprobarse que todos estos productos queden eximidos de pagar impuestos.

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