¿Qué hacer con los servicios de inteligencia?
Asistimos a un debate público singular. Discutimos las actividades de los servicios de inteligencia que por definición son secretas. Hablamos de su autonomía del poder político, del uso instrumental de la inteligencia y de los delitos que podrían cometer los agentes de inteligencia. ¿Qué hacer frente a esto? Los servicios de inteligencia son una especie de zona de reserva a través de la que el Estado se permite eludir la legalidad que el propio Estado establece. Las definiciones más usuales acuden al eufemismo de “recolección de información por medios no convencionales”.
Sin embargo, podemos pensar el tema como una dicotomía de los buenos frente a los malos, casi en términos morales vinculados a los agentes de inteligencia o al fin que persigan sus actividades. Pero también podemos rastrear brevemente los orígenes de la inteligencia estatal y analizar si una vez que decidimos tenerla, hay forma de controlarla o la alternativa es resignarse a su desenfreno.
Los servicios de inteligencia en la modernidad son hijos del capitalismo que nació como un proceso de apropiación que arrasó con el feudalismo. Marx lo llamó la acumulación originaria. Pero, como dijo Hannah Arendt, ese proceso se prolongó en el tiempo con diferentes caras. Los impuestos, la inflación, la concentración económica, la avidez de información del Estado y del mercado, son parte de ese proceso de expropiación que se va transformando a medida que cambia el propio capitalismo. De hecho, la revolución comunicacional que atraviesa al mundo no escapa a esa lógica. Las redes sociales no dejan de ser mecanismos de apropiación de nuestra vida privada, consentidos por nosotros mismos cada vez que las usamos. Es tanto lo que se conoce de todos, que podríamos reflexionar sobre una dinámica que expropia nuestras vidas. Arendt decía que la versión soviética del socialismo era parte de ese mismo proceso, en la medida en que concentraba la propiedad de los medios de producción y de la vida de las personas en el Estado, alojado en la ilusión de la propiedad comunitaria.
Es decir que se trata de un fenómeno que es parte del mundo tal como lo conocemos. Por eso Arendt decía que ese proceso sólo podía ser regulado por la separación de las actividades económicas de las políticas; es decir por la autonomía del Estado y sus leyes. Para colocar barreras a un avance irremediable. Es la perspectiva del liberalismo político clásico, las leyes y un sistema judicial eficiente son la única forma de contener al poder. En este caso, a la inevitable inercia del capitalismo para expropiar bienes, datos sensibles, pautas de consumo y todo aquel insumo que permita perfeccionar a través de la mayor información posible la toma de la decisión más eficiente a la luz de la oferta y la demanda para maximizar beneficios.
Esto quiere decir que hay que trabajar en dos niveles. Es muy importante el plano de la formación moral de los funcionarios y también los horizontes que guían sus prácticas. Pero también es decisivo el plano institucional. Esto es, crear estructuras fuertes capaces de regular esa voluntad del poder de expropiar. Algo mal hemos hecho que no logramos que las leyes se cumplan. Sobre todo, si recordamos que los primeros sistemas legales no preveían sanciones, porque al violar la ley el delincuente se colocaba fuera de la comunidad. Jugar el juego de vivir juntos reclama respetar las reglas. Al truco se juega con determinadas cartas o no hay juego. Obedecemos las reglas del truco para jugarlo. Regular el uso de la inteligencia y de la información que los organismos recolectan de acuerdo con las leyes es parte del proceso de “vivir en la legalidad”. Para “vivir en la legalidad” debemos renovar eso que en el siglo XVIII llamaban “felicidad pública”, derivada de la experiencia del hombre de participar en los asuntos comunes y de enriquecerse en esa práctica para que la felicidad individual y colectiva sea mayor.