La Justicia chavista inhibió políticamente a Capriles
Denunció la oposición que la medida contra el gobernador de Miranda, dos veces candidato presidencial, es parte del “autogolpe” denunciado, y advirtió que continuará marchando en las calles contra el gobierno.
La oposición venezolana realizará hoy una nueva movilización para denunciar el “autogolpe” perpetrado por el presidente Nicolás Maduro, en medio de la polémica creada por la inhabilitación política del ex candidato presidencial Henrique Capriles.
“Urgente: Informo al país y la opinión pública internacional que se me está notificando en este momento de una inhabilitación por 15 años”, alertó Capriles, quien agregó que “todo forma parte del paquete del autogolpe”.
El dirigente opositor había alertado que podía ser inhabilitado por una investigación en su contra de la Contraloría General por unas supuestas irregularidades durante su gestión como gobernador del estado de Miranda.
El ex candidato presidencial en 2012 y 2013 aclaró que sigue “siendo gobernador”, ya que la inhabilitación entra en vigor cuando se celebren nuevas elecciones regionales.
Los comicios regionales debieron celebrarse en diciembre, pero fueron suspendidos luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara al Poder Electoral iniciar un proceso de relegitimación de los partidos como paso previo a cualquier elección. Marcha atrás. La denuncia opositora por un “autogolpe” se produjo luego de que la semana pasada el propio TSJ emitiera dos sentencias que reducían la capacidad de aprobar y modificar leyes y convenios petroleros del Parlamento y limitaban la inmunidad parlamentaria. La corte dio luego marcha atrás con su decisión.
Para denunciar el autogolpe, la oposición organizó un movimiento de protesta en la última semana que derivó en decenas de detenidos y hasta un muerto en circunstancias aún no esclarecidas (ver recuadro), mientras el dirigente opositor Roberto Enriquez se refugió en la Embajada de Chile tras ser detenido y acusado por el gobierno de golpista.
Las sentencias del TSJ fueron condenadas por organizaciones de derechos humanos y gran parte de la comunidad internacional por vulnerar el orden democrático. El TSJ luego decidió retirar los puntos más controvertidos de las sentencias.
La oposición consideró esta rectificación insuficiente e inició en el Parlamento el procedimiento para remover a los magistrados involucrados, pero la Defensoría del Pueblo, imprescindible para el proceso, descartó que haya ocurrido una “falta grave” que justificara la destitución de los jueces.
Los opositores tienen cuatro exigencias para levantar las protestas: que se restituyan las competencias sustraídas al Poder Legislativo por la Justicia, que el gobierno permita la llegada de ayuda humanitaria, que se libere a los “presos políticos” y que se fije un cronograma electoral que incluya elecciones presidenciales.
Por su parte, el oficialismo acusó a la oposición de llevar adelante un intento de golpe de Estado contra instituciones como el TSJ, y descartó ceder a cualquiera de las peticiones opositoras.
“No se equivoquen con nosotros, nosotros no fuimos elegidos para negociar nada, nosotros con ustedes no vamos a negociar nuestros principios, no vamos a negociar la Constitución, no vamos a negociar nuestros ideales”, aseguró tajante el diputado chavista Héctor Rodríguez.