Odebrecht: el Gobierno apunta a los sobreprecios para sacarle las obras
Creen que es mucho más dinero que los 35 millones en coimas que confesó la compañía. Rechazará el acuerdo que propone la constructora y revisarán todos los contratos.
Más que los US$ 35 millones en coimas admitidos por la empresa, busca saber cuál fue el costo extra para el
Estado. Con pocos días de plazo, se caería el pacto que buscaba canjear datos por seguridad jurídica.
El Gobierno se prepara para darle un nuevo giro al escándalo con Odebrecht, la empresa que confesó haber pagado 35 millones de dólares en coimas a funcionarios argentinos entre 2007 y 2014 para obtener obras públicas. Un grupo de técnicos de la Procuración del Tesoro, que son los abogados que defienden los intereses del Estado, trabajan por estas horas en dos vías: por un lado van a analizar los contratos que tiene la empresa en el país y, por el otro, fundamentar un reclamo por sobreprecios para frenar las obras.
El objetivo: ampliar el peso de la responsabilidad de la constructora brasileña y los funcionarios involucrados con la hipótesis de que se pagó, en presuntos sobreprecios, mucho más que de sobornos.
En este contexto el organismo enviará un exhorto, vía Cancillería, a Estados Unidos
Se pedirá vía exhorto la información en poder de EE.UU. y de Brasil
y a Brasil para obtener información de las confesiones de 77 ejecutivos de la empresa. Se trata de una vía paralela a la judicial.
“Ya le pedimos a la Sigen que realice un informe con precios testigo y la semana que viene pediremos, de manera formal, todos los contratos a los ministerios para analizarlos”, explicó a este diario uno de los abogados que está en el caso.
Esto supone un cambio sustancial: ya no sólo se habrían pagado coimas sino que el Gobierno comenzó a delinear una estrategia jurídica amparado en la recuperación de activos, una figura que aún no había aparecido en la discusión sobre las responsabilidades de la empresa y de los funcionarios en el escándalo.
Como todavía no se sancionó la Ley de Extinción de Dominio (que duerme en el Senado) sólo podrían regresar al Estado los bienes producto de la corrupción si es que hay un fallo con condena firme.
A pesar de ello, fuentes del macrismo confiaron a PERFIL que, por un lado, no es sencilla la búsqueda de la información ya que se desarmó el viejo Ministerio de Planificación (hoy Interior, Energía y Transporte se dividen esas obras) y mu- cha documentación no está disponible. Negocios. La principal obra en la mira es el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, que fue licitada y adjudicada durante el kirchnerismo, y que hoy controla el Ministerio de Transporte. La obra tiene un presupuesto de US$ 3 mil millones y está a cargo de un grupo de empresas. Allí confluyen la italiana Ghella, la española Comsa, Iecsa (cuyo dueño era el primo del presi-
dente, Angelo Calcaterra, y hoy está en manos de Marcelo Mindlin) y, por supuesto, Oderbrecht. PERFIL contó en abril que un informe elaborado por los ingenieros del Estado durante el kirchnerismo revela un supuesto sobrepre- cio de US$ 1.000 millones en el soterramiento.
La constructora de Brasil propuso esta semana al Gobierno un acuerdo para devolver los sobornos a cambio de inmunidad para los directivos y continuar las obras que tiene a su cargo. No tuvo acogida positiva (ver aparte).
En cambio, la Procuración del Tesoro, cuyo flamante titular es el abogado Bernardo Saravia Frías, prepara un dictamen, que sería emitido la semana próx ima, por el cua l se argumenta que el convenio que había discutido –y desechado– el ministro de Justicia, Germán Garavano, con los abogados de Oderbrecht no conlleva ningún beneficio para el Estado nacional y no es procedente.
Es más: cerca de Saravia Frías aseguran que el Gobierno podría recuperar mucho más dinero si avanza con los posibles sobreprecios en la adjudicación. Este diario ya había revelado, dos semanas atrás, que el Gobierno estudiaba dejar afuera a la constructora brasileña por el escándalo de coimas.
La empresa Odebrecht, que confesó el reparto de 788 millones de dólares en sobornos a lo largo de A mérica Latina, intentó que el gobierno argentino le extienda la posibilidad de realizar negocios a cambio de información sobre los beneficiarios de las coimas. Pero la Oficina Anticorrupción y la Procuración del Tesoro le bajaron el pulgar a la posibilidad de rubricar un entendimiento con la compañía.
Todavía hay una nueva reunión entre el Gobierno y los representantes de la constructora en la agenda, pero la posibilidad de un entendimiento es cada vez más lejana.