A Bonadio ya le desestimaron 14 pedidos de Jury en la gestión PRO
Encabeza el ranking de jueces con más denuncias rechazadas en el Consejo de la Magistratura. Secretos de su longevidad política.
Dentro de Comodoro Py 2002, Claudio Bonadio es el juez federal con más pedidos de juicios políticos desestimados en el último año y medio. Comparado con los demás jueces y camaristas que investigan las acusaciones de corrupción contra los funcionarios nacionales actuales y de gobiernos anteriores, Bonadio encabeza ese ranking por lejos. Desde principios de 2016 a la fecha, consiguió que la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura le rechazara 14 pedidos de jury por mal desempeño.
En la Justicia asocian la particular capacidad de supervivencia del juez, que llegó a estar entre los más denunciados junto a Norberto Oyarbide, a los oportunos giros políticos que irradian desde su despacho. Muy por detrás aparece Julián Ercolini, con cinco pedidos desechados.
Bonadio alcanzó ese récord por dos vías: algún consejero sorteado investigó la denuncia y terminó por ser desechada (nueve veces) o se descartó in límine (en cinco oportunidades), es decir, a partir de un rechazo casi a sobre cerrado del caso. A las 14 desestimaciones se suma un pedido que ya prescribió, al haber pasado tres años sin que hubiera un dictamen por parte del plenario del Consejo de la Magistratura.
Las denuncias en su contra iban desde quejas por maltratos, hasta una hecha por Cristina Kirchner en la causa del dólar futuro, y una de pacientes hemofílicos contagiados de HIV y hepatitis. Este último fue un caso de mala praxis por importaciones de medicamentos adulterados, en el que Bonadio sobreseyó a los acusados. El rechazo al pedido de jury, propuesto in límine por el diputado macrista Pablo Tonelli, generó varios cruces y debates dentro de la Comisión de Disciplina del Consejo. Desde el 4 de abril pasado hubo dos postergaciones en las reuniones, hasta que el 29 de mayo Bonadio zafó una vez más. El resto. Después de Bonadio vienen Ercolini, con cinco desestimaciones; Sergio Torres y Sebastián Casanello, con cuatro, y Ariel Lijo, Marcelo Martínez De Giorgi y María Romilda Servini de Cubría, con tres. Los demás tienen dos o una.
La estadística de Bonadio resume la historia de un hábil navegante de Comodoro Py, ex militante de Guardia de Hier ro, designado juez por el menemismo en 1994 (era el segundo de Carlos Corach en el Ministerio del Interior), protegido por el kirchnerismo durante años y hoy archienemigo de la ex presidenta (la procesó en la causa sobre el manejo del dólar futuro y en la de Los Sauces). Ese rol lo vuelve funcional al Gobierno, a pesar de que el macrismo niegue apañarlo en el Consejo.
En sus 23 años como juez de Comodoro Py, acumuló más de ochenta pedidos de jury en el Consejo de la Magistratura. Con esa cifra, que en parte explica la enorme cantidad de desestimaciones, hasta hace poco peleaba cabeza a cabeza con el renunciado Oyarbide.
A pesar de ser poco visible y tener 13 integrantes de perfil bajo, el Consejo de la Magistratura es un organismo clave: se encarga de la postulación y remoción de jueces. Y la Co-
Ex militante de Guardia de Hierro, fue designado en 1994 por el menemismo
misión de Disciplina y Acusación, con nueve miembros, propone al plenario sanciones, apertura de juries o desestimaciones, siempre ante una acusación por mal desempeño. Ahí el oficialismo tiene una especie de mayoría garantizada, a partir de una alianza con radicales y jueces. Su actual presidente es el diputado del PRO Pablo Tonelli, quien condujo la investigación por corrupción contra el camarista Eduardo Freiler.
En los próximos meses, Bonadio podría dejar atrás otras acusaciones en su contra. De las siete que todavía tiene vigentes, algunas son de 2014 y se archivarían automáticamente, cumplidos los tres años desde el inicio de la denuncia. Las más importantes son: por supuesta negligencia en la investigación de la llamada tragedia de Once (el cuerpo de Lucas Menghini Rey fue encontrado dos días después del accidente); y por su desempeño en la investigación del encubrimiento del atentado a la AMIA. Ahí se lo acusa de haber beneficiado al ex comisario Jorge “Fino” Palacios.