Aduana: avanza una causa por importaciones
La causa judicial que investiga la simulación de operaciones de comercio exterior para conseguir dólares baratos durante la vigencia del cepo cambiario a través de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), sumó movimientos clave esta semana. El juez en lo Penal Económico Gustavo Meirovich pidió la inhibitoria de la Justicia Federal en el expediente que salpica, entre otros, al empresario Mariano Martínez Rojas y al ciudadano surcoreano Sung Ku Hwang, detenido el sábado pasado en el aeropuerto de Ezeiza, tras estar prófugo seis meses en el marco de otra causa, la de la denominada “mafia de los contenedores”.
El pedido de Meirovich se hizo por considerar que el expediente es de interés directo para la investigación de las DJAI. Hwang, de 30 años, podría ser citado en el futuro cercano convirtiéndose así en el primer indagado de la causa.
La investigación por las DJAI comenzó en agosto pasado tras una denuncia del titular de Aduana, Juan José Gómez Centurión, e involucraba en principio un universo de 55 empresas bajo la lupa, pero fue profundizada durante estos diez meses hasta tener más de 600 imputados y sumar más de una decena de allanamientos y medidas realizadas. En los tribunales de avenida de los Inmigrantes ya se habla del caso como de una magnitud superior a la de la Aduana Paralela y reconocen como un objetivo de los investigadores lograr que el dinero fugado al exterior termine volviendo a las arcas del Estado.
La investigación daría cuenta de la existencia de más de una asociación ilícita vinculada entre sí y entre los imputados hay funcionarios, escribanos, abogados e importadores. Hasta el momento no involucra funcionarios.
Una de esas presuntas asociaciones ilícitas es la que involucraría al surcoreano, pre- sunto socio de Martínez Rojas, que se dedicaría a la venta de textiles en el barrio de Flores. Martínez Rojas, su padre y una abogada, entre otras personas, fueron alcanzados por la denuncia de la Procelac en agosto del año pasado, tras una investigación iniciada luego de que un chofer suyo declarara haber llevado en numerosas ocasiones bolsos con fajos de billetes, entre octubre de 2014 y agosto de 2015.
La Unidad de Información Financiera (UIF) detectó once operaciones sospechosas, en la que los movimientos bancarios no se condecían con la actividad declarada. Y se determinó que Martínez Rojas había realizado maniobras con un alto riesgo de ilicitud por un total de 200 millones de pesos, algunas de las cuales implicaban transferencias a firmas de Hong Kong.
Tras la presentación de Procelac la causa recayó en el Juzgado Federal Nº 5, subrogado por Marcelo Martínez de Giorgi. Esta semana llegó la solicitud de Meirovich, que sorprendió en el fuero en el que no están acostumbrados a recibir las causas más que pedidos de inhibitorias.