Derechos vulnerados
Hace apenas unos días, Argentina se despertó shockeada. Con estupor y tristeza, la sociedad confirmó lo que hace tiempo sospechaba. El informe “La pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia en Argentina”, publicado por Unicef y el Ielde, expone años de retroceso en materia de derechos para los niños y adolescentes de nuestro país.
En Argentina el 29,7% de las personas está en la pobreza, pero si contamos a los niños en hogares pobres, el número trepa al 47,7%. La pobreza extrema afecta al 10,8% de los niños y adolescentes. Esto significa que casi uno de cada dos niños es pobre. Por cada niño que vemos con la cara rozagante de alegría, porque puede ejercer su derecho a ser niño, hay otro que no puede ejercer los derechos más esenciales para cualquier persona. Es imprescindible poner el foco en la ciudadanía y el ejercicio de derechos.
Hablemos claro. Lo peor no es el dato. Lo peor es la pobreza. Vivir en condiciones de pobreza significa no tener acceso a condiciones y servicios básicos y elementales para el desarrollo de una vida digna. Vivir en condiciones de pobreza significa no tener un plato de comida asegurado todos los días; significa que no corre agua potable por el grifo de la canilla; significa que cuando hace frío no hay agua caliente, ni una cama abrigada donde descansar; significa que cuando llueve el agua se filtra por los techos; significa no tener zapatillas para ir al colegio y significa enfrentar serias dificultades para aprender. Vivir en condiciones de pobreza, entre otras tantas vulneraciones de derechos, es volver a casa con las manos vacías y la dignidad hecha pedazos por no tener qué ofrecer a una familia que espera… Y espera.
Hablar de pobreza es referirnos a millones de personas que no tienen las posibilidades mínimas de ejercer sus derechos, pero hablar de pobreza y niñez es aún peor. El ciclo de vulneración de derechos parece actualizarse en cada etapa de la vida de los niños en situación de pobreza. Porque son ellos quienes reciben una educación deficitaria que se desarrolla en contextos que también están empobrecidos y de ese modo se condicionan sus posibilidades de romper el círculo; son ellos quienes acceden a servicios de salud colapsados y sin los recursos necesarios para brindar una atención de calidad; son ellos los testigos silenciosos de la ruptura del tejido social que desocupa a sus padres y madres, y los colma de desesperanza y desazón.
Sin embargo, hay un escenario aún más cruel. Los niños y niñas que pierden el cuidado de sus familias y son acogidos en dispositivos de cuidado alternativo, en su gran mayoría, son pobres. Aun cuando la Ley de Protección Integral de Derechos (26.061) establece que la pobreza no debe ser nunca condición para que un niño pierda el cuidado de sus familias, éste es un hecho que se constata en cada estadística del sector.
Los niños y niñas padecen las estadísticas en su vida cotidiana porque la pobreza es la principal causa de la violación de sus derechos, de hoy y de mañana.
Es imposible garantizar los derechos de los niños sin atacar la pobreza. Es imprescindible que el Estado, desde su rol básico e indelegable de garante de derechos humanos para cada ciudadano de nuestro país, tome las acciones necesarias para garantizar a cada niño/a la igualdad de oportunidades que la ley le consagra. El Estado argentino se comprometió ante la comunidad internacional, al ratificar la agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para 2030, a realizar todas las acciones necesarias para poner fin a la pobreza. Nuestro rol como sociedad es exigirle que lo cumpla. Es momento de trascender las palabras y dar los pasos necesarios para que cada niño, niña o adolescente ejerza sus derechos en igualdad de oportunidades. El momento es hoy.